El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pronosticó en mayo pasado que la investigación a doce personas entre parlamentarios, activistas de derechos humanos, periodistas y extranjeros por supuestos nexos con las FARC, será larga y compleja.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a declarar al presidente colombiano, Álvaro Uribe, y otros altos funcionarios de su Gobierno dentro de las investigaciones que lleva a cabo por los presuntos nexos de algunos congresistas y personalidades con las FARC, informaron hoy fuentes judiciales.
La sala penal de la CSJ llamó también al vicepresidente Francisco Santos, al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al ex ministro de Interior Carlos Holguín y al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, para que den su versión sobre las autorizaciones para que los congresistas se acercaran a las FARC con fines humanitarios.
Además citó a los comandantes de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, y del Ejército, general Mario Montoya, a los jefes rebeldes que han sido capturados o se han entregado, y algunos de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que han sido liberados o rescatados.
Los magistrados de la CSJ dispusieron localizar a los miembros de las FARC que se han desmovilizado durante los últimos tres años y a los capturados, para recibirles sus respectivos testimonios respecto a la investigación contra los dirigentes políticos.
La citación se hace en el marco de las indagaciones preliminares contra las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez y el representante a la Cámara (baja) Wilson Borja, por sus supuestos vínculos con el grupo insurgente.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pronosticó en mayo pasado que la investigación a doce personas entre parlamentarios, activistas de derechos humanos, periodistas y extranjeros por supuestos nexos con las FARC, será larga y compleja.
La investigación sobre la llamada «Farcpolítica» «apenas comienza», dijo el fiscal, quien a finales de mayo anunció la apertura del proceso para aclarar si los supuestos vínculos de los investigados con las FARC «fueron más allá» de las gestiones por la paz.
La investigación se basa en los datos de los ordenadores decomisados en un campamento que las FARC tenían en territorio ecuatoriano, que fue bombardeado el pasado 1 de marzo por tropas colombianas, en una operación en la que murieron el número dos de esa guerrilla, alias «Raúl Reyes», y 25 personas más.
También están bajo investigación el ex candidato presidencial Álvaro Leyva, el gestor de paz Lázaro Vivero Paniza, la activista Liliana Obando y los periodistas Carlos Lozano y William Parra.
Igualmente, el académico estadounidense James Jones, el diputado venezolano Amílcar Figueroa, la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle y su compatriota Iván Marcelo Larrea, hermano del ministro Seguridad Interna y Externa de ese país, Gustavo Larrea.
EFE
