El pasado 24 de junio, el Senado aprobó el conocido como «paquete de seguridad», que incluye entre otras medidas las de facilitar la expulsión de emigrantes, garantizar la seguridad ciudadana y frenar algunos juicios, entre ellos uno contra Silvio Berlusconi.
La Cámara de Diputados italiana se pronunciará este martes sobre el voto de confianza pedido por el Gobierno para aprobar el decreto ley sobre seguridad, ante las numerosas enmiendas presentadas por la oposición y con el objetivo de aprobarlo antes de que venza la semana próxima.
La votación será a media tarde, según decidieron los jefes de los grupos parlamentarios, tras la petición presentada por el ministro para las Relaciones con el Parlamento, Elio Vito.
«El decreto vence la semana próxima y, vistas las modificaciones aportadas por el Ejecutivo, tendrá que volver de nuevo al Senado para su debate. El elevado número de enmiendas presentadas por la oposición (más de 250) nos obliga a pedir el voto de confianza», dijo Vito.
Tras conocer la decisión del Gobierno, Massimo Donadi, del opositor Italia de los Valores, acusó al Ejecutivo de «expropiar» las prerrogativas del Parlamento.
El voto de confianza, si lo obtiene el Gobierno, supone la aprobación automática de la norma para la que se pide.
Visto que los conservadores tienen mayoría absoluta, se da por descontado que el Gobierno de Silvio Berlusconi logrará el voto y la consiguiente aprobación del decreto.
A pesar de esa mayoría absoluta, esta es la cuarta vez desde que asumió el poder que Berlusconi recurre al voto de confianza para aprobar decretos con fecha de caducidad.
El pasado 24 de junio, el Senado aprobó el conocido como «paquete de seguridad», que incluye entre otras medidas las de facilitar la expulsión de emigrantes, garantizar la seguridad ciudadana y frenar algunos juicios, entre ellos uno contra Silvio Berlusconi.
Aunque una de las medidas mas llamativas es la de considerar la emigración ilegal como un agravante, la que motivó una mayor contestación por parte de la oposición fue la inclusión de una provisión que aplazará durante un año los procesos por delitos cometidos antes del 30 de junio de 2002 y con una condena menor a los diez años.
Según la oposición, esa medida sólo se justifica porque frenará uno de los juicios por corrupción que se celebran contra Berlusconi, acusado de haber pagado 580.000 euros al abogado británico David Mills para que falsificara sus testimonios en dos procesos contra el magnate de la televisión y de los que fue absuelto.
Ante la polémica levantada, el pasado día 11 el Gobierno introdujo una modificación de la parte sobre la suspensión de juicios, de manera que ya no supondrá la suspensión automática de miles de juicios, entre ellos el que se sigue contra Berlusconi.
El Gobierno introdujo esa modificación un día después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que contempla la inmunidad para los cinco cargos más importantes del Estado, que ha sido calificado por la oposición como una ley hecha para a la medida para salvar al presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, de sus problemas con la justicia.
EFE
