La abolición de la polémica ley se produce un día antes de esa consulta, en la que cuatro millones de bolivianos están llamados a las urnas para revocar o ratificar el mandato del presidente Morales, del vicepresidente y de ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país.
El Gobierno de Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron este sábado abolir la polémica ley de pensiones que sembró de protestas el país en las últimas semanas y establecieron un plazo de 45 días para consensuar un nuevo texto.
El acuerdo, firmado por tres ministros del Gobierno boliviano y por varios dirigentes de la COB, el principal sindicato del país, establece también la supresión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), indicó la Agencia Boliviana de Información (ABI, oficial).
Desde hace once años, el sistema de pensiones en Bolivia está controlado principalmente por las AFP «Previsión», del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y por «Futuro», del grupo suizo Zúrich Financial Service.
Según informes de finales de 2007, ambas entidades controlan más de 2.200 millones de dólares y tienen 1,2 millones de cotizantes.
La polémica ley de pensiones, que según el Gobierno estaba basada en una propuesta presentada por la propia COB, ya estaba proceso de en debate en la Cámara de Diputados boliviana.
Sin embargo, la COB no compartía algunos de los aspectos de la norma defendidos por el Gobierno, por lo que inició una serie de protestas en todo el país.
Esas protestas incluyeron bloqueo de carreteras y tuvieron como resultado dos muertos en enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el departamento andino de Oruro la semana pasada.
El convenio firmado este sábado señala que el Ejecutivo impulsará una «investigación ante las instancias competentes» en relación a esas muertes y establece que «los problemas humanos emergentes del conflicto serán directamente tratados entre partes (Gobierno y sindicato)», según ABI.
Asimismo, recoge que se elaborará un nuevo texto legislativo consensuado por dos comisiones de la Cámara de Diputados (de mayoría oficialista), «recuperando las propuestas presentadas por la COB y el Ejecutivo».
El ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, atribuyó este acuerdo «al diálogo y al respeto de las conquistas de la clase trabajadora en momentos en que la oligarquía busca generar un clima de inseguridad» para desestabilizar el referendo revocatorio.
La abolición de la polémica ley se produce un día antes de esa consulta, en la que cuatro millones de bolivianos están llamados a las urnas para revocar o ratificar el mandato del presidente Morales, del vicepresidente y de ocho de los nueve prefectos (gobernadores) del país.
EFE
