El jefe de las Fuerzas Armadas, general Alexander Yano, calificó los ataques de «virtual declaración de guerra» por parte del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), que culpó a facciones renegadas e insistió en su compromiso a favor de una solución negociada, según su portavoz habitual, Eid Kabalu.
Al menos 31 personas fueron hoy asesinadas por rebeldes musulmanes antes de que los soldados les expulsaran de dos pueblos católicos sitiados en el sur de Filipinas, donde aumentan los combates que hacen peligrar el proceso de paz.
Ambas partes se acusaron mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego vigente desde 2003.
Desde Manila, la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, juró defender cada centímetro del territorio y amenazó con aplastar a los guerrilleros si se negaban a abandonar las poblaciones de Kauswagan y Kolambugan en las provincia de Lanao del Norte, 800 kilómetros al sur de la capital y un bastión de los insurgentes.
Tras horas de tensión y rodeados por el Ejército, la guerrilla optó por salir de las pequeñas ciudades, llevándose consigo como escudos humanos a decenas de inocentes a cuyas casas habían prendido fuego, según el general Hilario Atendido.
El mando militar señaló que 16 civiles fallecieron en Kauswagan y otros siete en Kolambugan, mientras que en los combates perdieron la vida un oficial del Ejército y siete miembros de la Unidad Geográfica de Fuerzas Armadas Civiles (CAFGU).
Los CAFGU, un grupo paramilitar creado durante la dictadura de Ferdinand Marcos para combatir a los rebeldes comunistas y musulmanes, son los herederos de los antiguos «grupos vigilantes», acusados de un sinfín de violaciones de los derechos humanos de la oposición política.
Según relataron varios testigos, algunos cadáveres tenían heridas de bala, pero otros parecían haber sido ajusticiados con un machete, como es habitual en las junglas del sur de Filipinas.
Cientos de civiles abandonaron la zona y buscaron refugio en otras ciudades, incrementando el reguero de desplazados en la región, de las más castigadas por los conflictos en todo el Sudeste Asiático.
Los insurgentes islámicos reanudaron sus ataques sólo 24 horas después de que cuatro soldados y tres paramilitares murieran en otra emboscada también atribuida a la guerrilla en Lanao del Sur.
Esta ola de violencia, que arrancó el fin de semana, sigue a los intensos enfrentamientos librados la pasada semana en Cotabato del Norte, donde el FMLI ocupó un total de 13 pueblos que se resistía a abandonar, hasta que Arroyo les impuso un ultimátum.
Los choques causaron casi medio centenar de muertos y más de 165.000 personas sin hogar en Cotabato del Norte, donde surgió el recurso que llevó hace dos semanas al Tribunal Supremo a suspender la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno y los rebeldes.
Según ambas partes, el documento iba a allanar el camino para lograr un acuerdo de paz que pondría fin a décadas de guerra en una de las zonas más pobres del país.
No obstante, algunos políticos cristianos se oponen a dar un mayor grado de autonomía a los musulmanes de Mindanao, los primeros pobladores antes de que llegaran los colonizadores españoles.
La paralización temporal del proceso de paz ha generado una creciente situación de tensión en el sur de esta isla, donde cuatro millones de musulmanes mantienen una difícil convivencia con nueve millones de católicos.
Fundado en 1984, el FMLI es la mayor organización separatista de Filipinas con más de 12.000 militantes, muchos de los cuales siguen combatiendo al Ejército pese al alto el fuego en teoría vigente desde 2003.
Casi cuatro décadas de conflicto étnico, religioso y tribal ha ocasionado 120.000 muertos y cerca de dos millones de desplazados en el Mindanao.
EFE
