La queja del presidente del Senado, Garibaldi Alves, se centra en lo que la legislación brasileña define como «medidas provisionales», decretos del Gobierno que en un plazo de 60 días después de dictados deben ser aprobados por las cámaras o son revocados automáticamente.
El presidente del Senado brasileño, Garibaldi Alves, acusó este jueves al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de cometer «excesos» en la firma de decretos y de obstaculizar con ello el trabajo parlamentario.
«Es necesario entender que el Poder Legislativo debe funcionar», declaró Alves, quien afirmó que el Congreso es actualmente «rehén» del Ejecutivo y sostuvo que «ese abuso no puede continuar».
La queja de Alves se centra en lo que la legislación brasileña define como «medidas provisionales», decretos del Gobierno que en un plazo de 60 días después de dictados deben ser aprobados por las cámaras o son revocados automáticamente.
Por esa razón, esas medidas llegan al parlamento con carácter de urgencia y sus votaciones provocan atrasos en los debates de otros asuntos de interés nacional, indicó Alves, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Según cálculos del propio Congreso, desde que llegó al poder, en enero del 2003, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva presenta un promedio de 5,4 «medidas provisionales» por mes.
Alves admitió que la propia Constitución otorga al Gobierno esos poderes, pero recordó que los reserva sólo para casos de «urgencia y relevancia», lo que «no siempre es el caso», apuntó.
«No es que no se admita que las medidas provisionales tienen su papel, pero está habiendo una exageración», insistió.
El senador dijo que pretende conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, Arlindo Chinaglia, para acelerar un debate sobre una posible reforma de la legislación a fin de establecer límites más rigurosos para esos decretos.
«Creo que estamos en un momento crítico, que puede ser superado con comprensión y debate», añadió.
Entre las medidas provisionales que tiene aún previsto discutir el Congreso figura hasta la creación del Ministerio de Pesca, que Lula decretó el pasado 29 de julio.
Sectores de la oposición y hasta el oficialismo se han opuesto a la existencia de ese nuevo despacho, por considerar que no se trata de un asunto prioritario y aumenta el gasto gubernamental en tiempos de inflación.
EFE
