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Honduras

Zelaya sigue como "huésped" de Brasil al cumplirse seis meses de su derrocamiento

por 28 diciembre 2009

Zelaya sigue como
Todo indica que el depuesto mandatario seguirá en la embajada brasileña en Tegucigalpa hasta después del 27 de enero, fecha en la que terminaba su mandato constitucional y en la cual asumirá en el poder el presidente electo Porfirio Lobo. Este último tiene el reto de lograr la aceptación de la comunidad internacional, que no reconoce el régimen de facto de Roberto Micheletti y que tampoco ha validado los comicios en los que resultó triunfador.

Seis meses después de ser derrocado de la presidencia de Honduras, Manuel Zelaya aguarda como "huésped" de la Embajada de Brasil el final de su mandato que se cumple el próximo 27 de enero, cuando asumirá el gobierno de Porfirio Lobo.

Zelaya ha reiterado que permanecerá el tiempo que sea necesario en la legación brasileña, donde se refugia desde el 21 de septiembre pasado tras volver clandestinamente al país, del que fue expulsado por los militares el 28 de junio.

Al cumplirse los seis meses del golpe de Estado, "hoy tenemos que prometer que nos mantendremos incansablemente en resistencia con el pueblo, que no callaremos nuestra voz, que no bajaremos nuestros brazos y que nuestro espíritu se mantendrá firme", señaló a Radio Globo el asesor y portavoz de Zelaya, Rasel Tomé.

"Hoy que llegamos a seis meses (del golpe de Estado) queremos decir que no deben quedar impunes las violaciones a los derechos humanos", el cierre de medios de comunicación, asesinatos y otros actos de represión cometidos en ese período, añadió.

El 28 de junio, agregó, "es la fecha en que muere un sistema caduco, obsoleto y vetusto, y nace un proceso social renovador, vivo, dinámico, integrado por las grandes mayorías del pueblo hondureño", que es el Frente Nacional de Resistencia Popular.

Este movimiento mantuvo una amplia movilización para exigir la restitución de Zelaya, la que el Congreso Nacional rechazó el 2 de diciembre, y ahora su lucha se encamina a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Zelaya iba a celebrar el 28 de junio una consulta popular, que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado, para promover una Constituyente.

Ese mismo día, tras el derrocamiento de Zelaya por los militares, el Parlamento aprobó un decreto mediante el cual lo destituyó y también designó como presidente del país a Roberto Micheletti, hasta entonces jefe del Legislativo; ambos miembros del gobernante Partido Liberal.

Para el diputado Toribio Aguilera, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, el haber evitado que Honduras cayera bajo la influencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es una de las consecuencias positivas del derrocamiento de Zelaya.

"Logramos rescatar la democracia hondureña del proyecto chavista, eso es definitivo", dijo Aguilera a Efe, y consideró "positivo para todos" que el Parlamento analice el otorgamiento de amnistía política a los involucrados en lo sucedido el 28 de junio.

El Congreso Nacional también tiene pendiente de ratificación la reciente decisión de Micheletti de retirar a Honduras de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), a la que Zelaya adhirió al país en 2008.

El diputado añadió que también en la gestión de Micheletti "se ha puesto orden en las finanzas públicas, se paró todo el caos fiscal que estaba promoviendo el Gobierno anterior, sin dirección, sin presupuesto", aunque reconoció que Lobo recibirá una situación difícil en este aspecto.

Aguilera apuntó que el mandato que Lobo recibió al ganar las elecciones del 29 de noviembre "es la base de partida para integrar un buen equipo en materia de diplomacia y comercial" que le permita "reiniciar las relaciones que teníamos" con la comunidad internacional, las cuales "necesitamos, indudablemente".

Lobo, del opositor Partido Nacional, tiene el reto de lograr la aceptación de la comunidad internacional, que no reconoce al Gobierno de facto de Micheletti y, en su mayoría, tampoco ha validado los resultados de los comicios del 29 de noviembre por considerar que se celebraron en un marco de ruptura constitucional.

Según Lobo, la comunidad internacional pide el total cumplimiento del acuerdo que comisiones de Micheletti y Zelaya firmaron el 30 de octubre en busca de resolver la crisis política, lo que garantizaría a su Gobierno destrabar unos 2.000 millones de dólares en cooperación internacional.

Una exigencia de la comunidad internacional es la amnistía política, aunque fue excluida del acuerdo, además de la integración de un Gobierno de reconciliación y de la Comisión de la Verdad.

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