La iniciativa, que logró aprobarse sin modificaciones al no prosperar tres vetos y 88 enmiendas parciales de distintos grupos, quedó en condiciones de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. El proyecto también permite a las jovenes de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente el embarazo, para lo cual deben informar a uno de sus padres o alegar «fundadamente» que ello les significaría «un conflicto grave».
El Pleno del Senado de España aprobó este miércoles, por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención, un controvertido proyecto que permite el aborto voluntario hasta las 14 semanas de gestación.
Un artículo del diario El País detalla que la iniciativa, que corresponde a la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, no sufrió modificaciones, por lo que se visó sin la necesidad de continuar un nuevo trámite en la Cámara de Diputados.
El articulado se enfrentaba durante la presente jornada a tres vetos que finalmente no prosperaron, y a 88 enmiendas parciales de distintos grupos, las que fueron rechazadas durante la jornada legislativa.
El proyecto quedó así en condiciones de ser enviado al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación, luego de la cual deben transcurrir cuatro meses para que entre en vigor.
La edición digital del matutino español detalló que durante la mañana los vetos del Partido Popular (PP) y UPN obtenían 134 votos en contra, 126 a favor y dos abstenciones (de Coalición Canaria), mientras que el veto impulsado por el senador de Unió (UDC-CDC) fue rechazado por 132 votos en contra, 128 a favor y dos abstenciones.
El principal escollo para el consenso sobre el aborto de las menores de 16 y 17 años. Al respecto la a ley finalmente establece que las menores podrán decidir por sí mismas interrumpir su embarazo, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores. También se les permite que no digan nada sólo si alegan «fundadamente» que esto les provocará «un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».
Según El País, esta solución «es algo ambigua, porque ¿quién decide si la alegación de la chica es ‘fundada’? Se entiende que el médico que realiza el aborto, pero no está claro hasta dónde y con qué criterios deben y pueden decidir los facultativos, lo que podría provocar problemas de interpretación y distintas aplicaciones de la ley».
