El Gobierno paraguayo, cuyo proyecto de estado de excepción fue rechazado por el Congreso, de mayoría opositora, que aprobó uno propio, se vio obligado a pedir esa medida tras la muerte de un agente y tres civiles en una emboscada tendida el miércoles último en una finca ganadera de Arroyito, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción.
La declaración del estado de excepción en la región del norte de Paraguay ahondó este lunes el enfrentamiento entre el presidente, Fernando Lugo, y su vicepresidente, Federico Franco, mientras que algunos grupos civiles repudiaron la medida.
Las constantes desavenencias entre Lugo y Franco se agudizaron luego de que el jefe de Estado calificara en una rueda de prensa como «falsa» la denuncia realizada por Franco la pasada noche en un programa televisivo.
El segundo del Ejecutivo ratificó hoy en una rueda de prensa esa denuncia en la que menciona que en una reunión que mantuvo con Lugo y los altos mandos militares el sábado pasado se destacó que la prioridad del estado de excepción declarado el sábado por 30 días en cinco departamentos del país no es la de detener a los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Franco, quien expresó que tras revelar los detalles de ese encuentro su vida corre peligro ahora «más que nunca», dijo que en la reunión se enfatizó que solo se buscaría devolver la tranquilidad al norte del país.
Al respecto, Lugo indicó que es «absolutamente falso» lo denunciado por su vicepresidente y sostuvo que «sin ninguna duda el capítulo principal, el objetivo (del estado de excepción) es el de capturar a los miembros del EPP, que han cometido una serie de crímenes horrendos en nuestro país».
El EPP es un grupo armado de izquierda que, según la Fiscalía, fue instruido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para perpetrar ilícitos.
En cuanto a la denuncia de Franco sobre el peligro que podría estar corriendo, el mandatario expresó que el Ministerio de Interior analiza los refuerzos pertinentes en la seguridad del vicepresidente.
Entretanto, Franco insistió en que siempre ha «sido claro y contundente» y que «los integrantes del EPP son terroristas y criminales que deben ser capturados».
«De esta posición no voy a salir. Los responsables del caos, de la situación de inestabilidad que castiga al norte del país son única y exclusivamente los miembros del EPP».
El nuevo entredicho entre Lugo y Franco, de una fracción del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que cuestiona la gestión del gobernante, se sumó al que protagonizaron ambos al celebrar la semana pasada en actos diferentes su triunfo electoral en los comicios del 20 de abril de 2008.
Algunos líderes de partidos opositores y detractores del jefe de Estado sostienen que los grupos de extrema izquierda que forman parte de la coalición que llevó a Lugo al poder tienen vinculación con el EPP, que es una escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL, de izquierda).
Por su parte, activistas de derechos humanos y de organizaciones campesinas de Paraguay expresaron su temor por posibles abusos durante el estado de excepción por 30 días, declarado en Amambay, San Pedro, Concepción, Alto Paraguay y Presidente Hayes.
Al respecto, Lugo señaló: «Brindamos la más absoluta garantía, el máximo esfuerzo para resguardar a las personas de cualquier exceso que suponga una atentado contra los derechos humanos».
También mencionó que el «objetivo operativo concreto (de la medida) ha sido permitir la participación de las fuerzas militares en tareas armadas».
El Gobierno paraguayo, cuyo proyecto de estado de excepción fue rechazado por el Congreso, de mayoría opositora, que aprobó uno propio, se vio obligado a pedir esa medida tras la muerte de un agente y tres civiles en una emboscada tendida el miércoles último en una finca ganadera de Arroyito, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción.
Las tareas iniciadas tras la promulgación de la disposición el sábado, que supone la tercera movilización para tratar de capturar al grupo armado en cuestión, son encabezadas por el general de brigada Ramón Bartolomé Pineda e incluye a contingentes militares, de la Policía y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El EPP actúa en los montes de Concepción y el vecino departamento de San Pedro, en donde en los últimos dos años ha secuestrado a dos conocidos ganaderos.
En otro enfrentamiento a tiros, ocurrido el pasado día 14, resultaron heridos un policía, un civil y un presunto miembro del EPP, que sigue prófugo, cerca de una hacienda de Agua Dulce, 320 kilómetros al norte de Filadelfia, localidad de la zona central del Chaco paraguayo, en Alto Paraguay. EFE
