El informe «Papel Prensa: la verdad», presentado por la presidenta Fernández, denuncia la complicidad de Clarín y los diarios La Nación y La Razón, accionista hasta 2000, con el régimen de facto para adueñarse de la mayoría accionarial de la única fabricante de papel para periódicos.
El informe oficial presentado este martes sobre supuestas «ilegalidades» en la compra de la única proveedora de papel para prensa en Argentina ha agudizado el enfrentamiento entre el Gobierno de Cristina Fernández y Clarín, el mayor grupo de comunicación del país.
Se trata de un conflicto con varios frentes abiertos y que se juega en los tribunales, la palestra política y los mercados.
El informe «Papel Prensa: la verdad», presentado por la presidenta Fernández, denuncia la complicidad de Clarín y los diarios La Nación y La Razón, accionista hasta 2000, con el régimen de facto para adueñarse de la mayoría accionarial de la única fabricante de papel para periódicos.
El contenido de esta investigación será girado a la Justicia y el Gobierno pretende sentar en el banquillo de los acusados a varios directivos de Papel Prensa.
Pero éste no es el único nexo entre Clarín y la dictadura que el Gobierno asegura que existe.
Otra arista bajo investigación judicial es la supuesta apropiación ilegal de los hijos adoptivos de la principal accionista del conglomerado mediático, Ernestina Herrera de Noble, un caso judicial intrincado para determinar si los jóvenes son vástagos de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983).
En el plano de las actividades empresariales del grupo, las disputas están relacionadas con temas de competencia en el mercado local de medios.
Uno de los episodios más ríspidos de este enfrentamiento ha sido la aprobación de una ley de medios, sancionada el año pasado y por la que Clarín se verá obligado a desinvertir en algunas áreas de negocio, aunque de momento su aplicación está frenada a la espera de un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
El último revés contra el holding se produjo la pasada semana, cuando el Gobierno retiró la licencia a Fibertel, su empresa de prestación de servicios de internet, con un millón de abonados.
El grupo, que tiene 16.000 trabajadores, difundió hoy el informe «Las claves: la estrategia oficial contra los medios», en el que denuncia ser blanco de una ofensiva «alentada desde la cúpula del poder con discurso de tono violento y acciones concretadas valiéndose de organismos formales».
El documento cuestiona «actos administrativos abusivos, cuando no ilegales» ordenados en su contra por organismos oficiales, complementados con «declaraciones combativas» y «acusaciones infundadas».
Cita operativos en sus oficinas ordenados por la autoridad tributaria y «medidas persecutorias» de la Comisión Nacional de Valores (regulador de los mercados) y de la Unidad de Información Financiera, organismo que ha denunciado ante la Justicia presuntas irregularidades en el proceso de oferta pública de acciones del grupo Clarín, concretado en octubre de 2007.
Los títulos del grupo se han desvalorizado desde entonces el 63,8 por ciento, caída que Clarín atribuye al «acoso» por parte del Gobierno.
Según el conglomerado, en los dos últimos años el Gobierno «inició o respaldó al menos 34 conjuntos de medidas o acciones directas contra medios, directivos y periodistas» del grupo, como el «intento de obstaculizar» la fusión entre Cablevisión y su antigua competidora Multicanal, autorizada en 2007.
El grupo, en el que tiene una participación minoritaria el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, también perdió el año pasado los derechos para la transmisión televisiva de los partidos de la liga de fútbol argentina, un negocio que quedó en manos del Estado.
En la gatera de una campaña para las presidenciales de 2011, que se prevén reñidas, la oposición ha tomado un claro partido por Clarín en su pelea con el Gobierno, con una iniciativa parlamentaria para frenar la retirada de la licencia a Fibertel y una respuesta conjunta contra lo que consideran una «decisión autoritaria» del Gobierno.
