«Hay paralelismo entre lo que ha sucedido en Chile y lo que ocurre en la región», sostuvo el director del programa.
Grupos ecologistas de México y Centroamérica denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones que su colectivo sufre en el sector de la minería.
La audiencia temática para debatir estos asuntos se celebrará el lunes en la sede de la CIDH en Washington, como parte del 140 periodo de sesiones de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ella, organizaciones como el Centro para una Ley Medioambiental Internacional (CIEL) presentarán un informe sobre las presiones de Gobiernos a ecologistas, la impunidad de asesinatos de protestantes y la falta de regulación medioambiental de la minería en la región.
El director del programa de Derechos Humanos de CIEL, Marcos Orellana, ofreció, en una conferencia telefónica, algunos de los casos «más preocupantes» que se expondrán, como «detenciones, secuestros, asesinatos y daños a la propiedad privada» que han sufrido ambientalistas.
Estos abusos se han producido en el contexto de un movimiento ecologista en auge que exige la «fiscalización» y «regulación medioambiental» del sector minero en países como México, Guatemala, Salvador, Honduras y Panamá.
Problemas como la contaminación de aguas que ocurrió en la mina de oro Petaquilla de Panamá o asesinatos de protestantes en Chiapas (México) han alentado a estos grupos a unirse para «sensibilizar» a la comunidad internacional sobre la situación.
El reciente drama del accidente en la mina San José, que dejó atrapados a 33 mineros durante 70 días hasta que fueron rescatados, demuestra «los desafíos de la minería en términos de seguridad de los trabajadores», según Orellana.
«Hay paralelismo entre lo que ha sucedido en Chile y lo que ocurre en la región», aseguró.
Pero además el accidente «realza el rol del Gobierno» en este sector, apuntó, una de las dianas principales de las denuncias de estos grupos, quienes consideran a las autoridades «irresponsables» en cuanto a sus deberes de regular la minería.
«Las empresas mineras son las protagonistas de la seguridad, pero el Estado no puede estar ausente. Hay que fiscalizar un marco normativo en cuando a seguridad y contaminación», exigió.
Uno de los casos más graves que se expondrá el lunes es el asesinato del activista Mariano Abarca Roblero en el estado de Chiapas (México).
Abarca Roblera había recibido amenazas de muerte por sus protestas contra la mina Black Fire, propiedad de una empresa canadiense, y fue asesinado en noviembre de 2009.
Según dijo Orellana, este caso servirá para exponer los límites de la responsabilidad de los países, porque «Canadá debería saber y ser responsable de lo que hacen sus empresas en países de Latinoamérica».
Durante el mismo período de sesiones, se celebrará el viernes 29 otra audiencia centrada en la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por la minería en la región andina.
