Es el segundo caso por brujería que ocurre en el país altiplánico, ya que en agosto pasado campesinos de la región central de Cochabamba enterraron vivo a un hombre al que acusaron de hechizar y matar a otro agricultor.
Campesinos bolivianos del departamento de Chuquisaca, en el sureste del país, lincharon hoy a un hombre de 48 años y una mujer de 46, a quienes acusaron de practicar brujería, informaron medios locales.
El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Chuquisaca, coronel Raúl Matos, dijo a la radio Fides que el hecho ocurrió en la comunidad de Ichupampa, en el municipio de Tomina.
Explicó que los campesinos decidieron linchar a la pareja «en represalia» porque el Ministerio Público rechazó realizar una audiencia de medidas cautelares para el hombre y la mujer, al no existir el delito de brujería en el Código Penal boliviano.
Matos aguardaba el informe de la comisión policial y forense que viajó a Ichupampa para el levantamiento de los cadáveres.
Es el segundo linchamiento por brujería que ocurre en Bolivia este año, pues en agosto pasado campesinos de la región central de Cochabamba enterraron vivo a un hombre al que acusaron de hechizar y matar a otro agricultor.
Un mes después, ocurrió otro caso de lo que los campesinos e indígenas llaman «justicia comunitaria» también en Cochabamba, donde campesinos torturaron y enterraron vivos a tres hermanos a los que acusaron de matar a otro agricultor.
La Policía boliviana detuvo el fin de semana a los cuatro principales sospechosos del asesinato de los tres hermanos.
En los últimos meses, la Iglesia católica, el Defensor del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han expresado preocupación por el aumento de los linchamientos en el país.
Este año se emitieron las dos primeras sentencias por estos asesinatos colectivos en Bolivia: uno por la muerte de un alcalde en 2004 y otro por el asesinato y tortura de tres policías en 2008.
El gobierno del presidente Evo Morales y algunas organizaciones indígenas rechazan que los linchamientos sean «justicia comunitaria», pero los campesinos que la aplican dicen que sí lo es.
Morales promulgó en junio pasado una ley que consagra la «justicia indígena» a la par de la vigente desde hace siglos, pero para que sea efectiva hace falta otra norma que defina los límites entre ese sistema y el de origen europeo.
