El Congreso argentino postergó un debate sobre el aborto hasta después de las elecciones generales de octubre, por la polémica que suscita. Cada año se realizan 500.000 abortos ilegales en el país.
En Argentina se avecinaba un evento trascendental; por primera vez en la historia, el Congreso de la Nación iba a tratar uno de los temas más polémicos en el país: el aborto.
Sin embargo, pocos días antes de que comenzaran las sesiones de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para debatir una posible regularización de esta práctica –que es ilegal en Argentina- legisladores de diferentes bancadas pidieron postergar el tema hasta después de las elecciones generales del 23 de octubre.
Así, la discusión que iba a comenzar este martes fue atrasada cinco semanas, hasta el 1 de noviembre.
En esa fecha se tratarán dos proyectos de ley que permiten el aborto voluntario y cinco que disponen modificaciones al artículo 86 del Código Penal, que establece excepciones a la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo.
A mediados de septiembre, diversos líderes religiosos habían anticipado su rechazo a este debate a través de un documento titulado «Compromiso por la vida».
Allí, representantes de la iglesia católica, ortodoxa y evangélica exhortaron a los legisladores a proteger la vida de los niños en gestación.
«Hoy la vida está muy amenazada por los diferentes tipos de adicciones, por la pobreza y la marginalidad, y por diversas formas de violencia en las que muchas personas ven en peligro su existencia, particularmente, el aborto que amenaza la vida recién concebida», denunciaron.
La declaración conjunta hizo eco de lo expresado anteriormente por la Conferencia Episcopal Argentina, que sostuvo en un documento que «el derecho a la vida es el derecho fundamental».
A pesar de que en este país católico existe un extendido rechazo al aborto, en los últimos años cobró fuerza el movimiento que insta a darle a la mujer embarazada el derecho a elegir si quiere tener el bebé o no.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reúne a más de 20.000 mujeres y cuenta con el respaldo de unas 300 organizaciones de derechos humanos, del mundo académico, científico, de la salud y movimientos sociales y culturales.
Este grupo es el que impulsa uno de los proyectos de ley para legalizar el aborto y también ha organizado movilizaciones para apoyar el debate parlamentario.
Dadas las fuertes opiniones a favor y en contra, varios legisladores consideraron más apropiado dejar la polémica sesión del Congreso para después de las elecciones.
Quienes hicieron el pedido sostuvieron que si la discusión se llevaba a cabo en el marco de la campaña electoral el debate podía ser teñido por cuestiones proselitistas, ya que el asunto divide a los diversos bloques y no cuenta con apoyo unánime en ningún partido.
El presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (de la opositora Coalición Cívica), aceptó el “unánime pedido de diputados de diferentes bloques” para retrasar la sesión, aunque rechazó la idea de que “en tiempos electorales no se deban plantear debates centrales que hacen a la vida de una comunidad”.
«La sociedad argentina debe saber qué piensan sus diputados y candidatos por razones de moral democrática”, dijo, criticando a sus pares.
Según cifras del Ministerio de Salud, a pesar de ser una práctica ilegal, en Argentina se realizan unos 500.000 abortos anualmente.
En tanto, 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año como consecuencia de interrupciones mal realizadas.
Expertos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina (OSSyR) dijeron a BBC Mundo que los abortos clandestinos son la clic principal causa de muerte materna en el país.
El 25% de la mortalidad materna es atribuida a esta causa, una cifra muy superior al promedio regional, del 11%.
Desde que Argentina se convirtió en 2010 en el primer país de la región y uno de los pocos en todo el mundo en clic legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, muchos preveían que el próximo tema que se buscaría revertir a través del Congreso sería la prohibición del aborto.
Sin embargo, a diferencia del matrimonio gay, que fue impulsado por gran parte del oficialismo y contó con el aval de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la interrupción legal del embarazo no tiene apoyo expreso del gobierno.
La mandataria incluso afirmó públicamente estar «en contra del aborto», aunque se desconoce si vetaría una ley que permitiera esa práctica.
