Representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, México, Perú y Uruguay se reunieron en el Primer Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios (ELLC), organizado en Lima por la organización «Un techo para mi país».
Más de cien líderes de asentamientos humanos de Latinoamérica exigieron hoy a las autoridades de sus países que los tomen en cuenta en sus políticas de Estado, porque son quienes mejor conocen la realidad «de la miseria, el hambre, el frío, la falta de empleo y de oportunidades» en la región.
Representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, México, Perú y Uruguay se reunieron en el Primer Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios (ELLC), organizado en Lima por la organización «Un techo para mi país».
«No entendemos por qué no se nos está tomando en cuenta para nada, ni se están formulando políticas directas y enfocadas en los asentamientos precarios, el acceso a la tierra, a los servicios básicos y la vivienda», denunciaron en el manifiesto final de la reunión.
Los líderes remarcaron que no buscan «mendigar», sino cumplir con su deber como ciudadanos, por lo que especificaron los deberes que se comprometen a cumplir y los derechos que exigen «para que la gente viva dignamente y pueda involucrarse».
Se comprometieron, de esa manera, «a trabajar por el bien común: con sacrifico, transparencia y vocación de servicio» y a escuchar a todos con respeto, a trabajar en equipo, resolver conflictos, rendir cuentas, mejorar su comunicación interna y externa e impulsar proyectos comunitarios mediante asambleas y espacios democráticos.
En el manifiesto también ofrecieron «caminar hacia la formalización», aprovechar los recursos y oportunidades públicas y privadas y brindar información sobre su comunidad.
Los líderes comunales dejaron en claro que para cumplir estos deberes tiene que recibir una capacitación adecuada, por lo que exigieron «espacios, oportunidades y herramientas».
«Para cambiar la realidad que vivimos, urge involucrarnos y queremos hacerlo, no podemos seguir con planes que son pensados y ejecutados sin la gente que sobrevive en esta realidad, porque perdemos dinero y tiempo, lujo que no podemos darnos», señalaron.
Al referirse a sus derechos, exigieron que se les capacite «para actuar con mayor fundamento y claridad», se les formalice como organizaciones comunitarias y se les permita acceder a la información pública.
Además, que se les incluya en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de asistencia social y en las políticas sociales, se les otorgue un «trato decente y respetuoso» y se les brinde un acceso real y formal a la tierra, la vivienda, los servicios básicos y la protección a la integridad física y a la vida de los líderes comunitarios.
«Para concluir con esta propuesta de trabajo, queremos recalcar que la misma nace del espíritu latinoamericano, del encuentro que hemos vivido y que consideramos necesario de repetir, cada vez con más fuerza y asistencia», remarcaron.
El manifiesto fue entregado hoy por los líderes de asentamientos humanos de Perú a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, durante la ceremonia de clausura del encuentro.
El director social para Latinoamérica y el Caribe de Un techo para mi país, Maximiliano Pérez, señaló que la cita ha demostrado «una vez mas, que existe un gran potencial en las comunidades mas excluidas de América Latina».
«Esto nos hace cada vez más responsables como institución y nos reafirma que el trabajo de los jóvenes universitarios juntos a los pobladores se logra a partir del dolor que sentimos como latinoamericanos», remarcó Pérez.
El ELLC se realizó con el apoyo del Fondo Democrático de Naciones Unidas (UNDEF) y del Fondo Multilateral de Inversiones, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que promueve la inclusión social y la superación de la pobreza.
Un techo para mi país, que fue creado en Chile en 1997 y está presente en 19 países latinoamericanos, cuenta con más de 420.000 voluntarios dedicados a la construcción de viviendas de emergencia y a programas de habilitación social, que han beneficiado a más de 80.000 familias en todo el continente.
