El hombre que tuvo a Pinochet por las cuerdas, está acusado de prevaricación a raíz de una querella presentada por una asociación ultraderechista tras haberse declarado competente en 2008 para juzgar crímenes ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 al comienzo de la democracia.
Dos ancianas cuyos familiares desaparecieron en la Guerra Civil española (1936-1939) y un historiador defendieron este miércoles al juez Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo, que le juzga por haber tratado de investigar los crímenes del franquismo.
Los tres testigos, llamados por la defensa de Garzón, se convirtieron en los primeros representantes de víctimas de la guerra y la dictadura que relataron ante un tribunal cómo se produjo la desaparición de sus familiares, así como su infructuosa búsqueda.
Garzón, que adquirió notoriedad internacional por perseguir a represores de las dictaduras argentina y chilena, está acusado de prevaricación a raíz de una querella presentada por una asociación ultraderechista tras haberse declarado competente en 2008 para juzgar los crímenes del franquismo, ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 al comienzo de la democracia.
Los acusadores piden 20 años de inhabilitación para Garzón, mientras que la fiscalía no comparte la acusación y pide su absolución.
Los testigos explicaron que acudieron a la Audiencia Nacional -el alto tribunal donde ejercía el magistrado, ahora suspendido de sus funciones- en busca de “justicia”, después de múltiples gestiones infructuosas para localizar a sus familiares desaparecidos.
María del Pino Sosa, de 75 años, representante de una asociación de la Memoria Histórica de la isla de Gran Canaria, contó, a preguntas del abogado de Garzón, cómo desapareció su padre.
“Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñina. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas”, afirmó, tras recordar que su madre no aceptó la declaración de fallecimiento de su padre porque “se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba”.
Aún más emotivo fue el testimonio de la representante de otra asociación de Memoria Histórica, María Martín López, que a sus 81 años rememoró ante el tribunal lo que ocurrió con su madre el 21 de septiembre de 1936.
“La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres”, dijo con voz apenas perceptible la anciana vestida de negro y pelo cano.
Añadió que el cadáver de su madre está en una fosa junto a otros cuerpos y todas las gestiones que ha realizado para recuperarlo han fracasado.
El abogado de la acusación popular, que ejerce el sindicato ultraderechista Manos Limpias, José María Ruiz, intentó en un momento de la vista cortar la explicación de los testigos sobre las desapariciones, alegando que se está juzgando a Garzón, pero el presidente del tribunal desestimó el intento.
Por su parte, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de otra asociación de Memoria Histórica, denunció un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República, que -señaló-, podría llevar a pensar que se produjeron “actos de genocidio”.
Aseguró que llegaron a esa conclusión tras analizar los datos de los archivos del Estado a los que no tuvieron acceso hasta el año 2000, y que, tras una laboriosa investigación histórica, llegaron a la conclusión de que había ocurrido una “cosa terrorífica” con hechos similares a los investigados en otros países.
Rodríguez Gallardo dijo también que será “imposible” saber qué pasó con los desaparecidos sin la intervención judicial y exclusivamente con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica.
Este juicio a Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo, que comenzó la semana pasada en Madrid, es seguido con preocupación por organizaciones de derechos humanos internacionales y sectores de la sociedad agrupados en una plataforma de apoyo al juez, quienes consideran que es víctima de una persecución política.
Garzón tiene abiertas otras dos causas judiciales, una de ellas por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción y la otra por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.
