El presidente de EE.UU., Barack Obama, informó que se tomó esta medida pues el país trasandino «no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de las compañías estadounidenses».
El Gobierno de Argentina calificó de «unilateral» e «incomprensible» la suspensión temporal de los beneficios comerciales que EE.UU. otorga al país, debido al impago de más de 300 millones de dólares que un tribunal arbitral fijó como indemnizaciones para dos compañías estadounidenses.
La Cancillería argentina dijo en un comunicado que resulta «manifiestamente incomprensible» una decisión que reduce en unos 18 millones de dólares los beneficios a las empresas argentinas exportadoras cuando el comercio bilateral de bienes y servicios es cercano a los 18.000 millones de dólares y «ampliamente superavitario» para Estados Unidos.
La medida, que entrará en vigor dentro de 60 días por un tiempo indefinido, suspende a Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), que exime de aranceles a las importaciones de miles de productos de países en desarrollo.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, dijo en un comunicado que ha resuelto suspender estos beneficios, pues Argentina «no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de las compañías estadounidenses».
El Gobierno de Cristina Fernández señaló que las dos firmas beneficiadas por los fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, «jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina».
Las empresas en cuestión son Azurix Corp. y Blue Ridge Investment que acudieron al Ciadi para reclamar compensaciones económicas porque hace una década Argentina tomó medidas por las que perdieron sus contratos para suministrar servicios públicos en el país.
Según el comunicado oficial, tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el conflicto interpretativo «sobre el reglamento del Ciadi, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en Argentina».
«Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias», señala el comunicado.
Según el comunicado de la Cancillería, esas leyes «fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar» argentino (1976-1983).
El Gobierno argentino atribuyó la decisión anunciada en Washington al «lobby ejercido por los fondos buitres» (así llama a los que intentan cobrar mediante juicios en EE.UU. deudas soberanas de Argentina en cese de pagos desde 2002) y condenó «de forma contundente» esa «presión».
En un acto en la sede del Ejecutivo, la presidenta argentina, Cristina Fernández, no hizo mención directa de la decisión anunciada hoy por Washington, aunque aludió a las trabas que sufren ciertos productos argentinos para ingresar al mercado estadounidense.
«No hemos podido poner carne en EE.UU. No ha podido entrar un sólo limón argentino a EE.UU. por barreras fitosanitarias que son, en realidad, barreras paraarancelarias», dijo la mandataria argentina.
Con respecto al impacto de la decisión de Estados Unidos en el comercio, el Ministerio de Industria argentino precisó en un comunicado que en 2011 el intercambio de bienes fue de 11.901 millones de dólares, con un saldo favorable a Estados Unidos de 3.501 millones de dólares.
«En 2011 los exportadores argentinos solo canalizaron el 52 % de sus ventas potencialmente acogibles al Sistema Generalizado de Preferencias. Es decir que, aún pudiendo, los exportadores argentinos sólo utilizaron la mitad del mecanismo del Sistema Generalizado de Preferencias», señala el comunicado.
