El supuesto abuso tuvo lugar, según su relato, cuando lo trasladaban junto con otras once personas más al Destacamento de Seguridad Urbana, ubicado al lado de la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo en el marco de las protestas contra el Gobierno que se producen desde hace quince días en el país.
El joven Juan Manuel Carrasco, venezolano hijo de padre español, ratificó este miércoles su denuncia de que fue violado con un fusil por funcionarios de la Guardia Nacional tras ser detenido en una protesta, y rechazó las palabras de la fiscal general, Luisa Ortega, que negó esa presunta violación.
Carrasco insistió hoy en una rueda de prensa en que la semana pasada tras ser detenido en una protesta fue golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional, que le introdujeron un fusil por el ano, lo cual, según señaló, se corroboró en una prueba forense a la que fue sometido posteriormente.
«Mis pantalones se estaban cayendo, y yo en ningún momento bajé las manos porque tenía miedo a que me golpearan la cabeza y cuando nos pusieron en posición fetal fue cuando me bajaron los boxes y me metieron el fusil», explicó.
El supuesto abuso tuvo lugar, según su relato, cuando lo trasladaban junto con otras once personas más al Destacamento de Seguridad Urbana (Desur), ubicado al lado de la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo (centro) en el marco de las protestas contra el Gobierno que se producen desde hace quince días en el país.
Afirmó que posteriormente le atendieron dos médicos forenses y que le hicieron una prueba que resultó «positiva», también señaló que no está libre como había dicho la fiscal general, Luisa Ortega.
«La fiscal dijo que estoy libre cuando es mentira porque tengo fotos de los policías cuando llegaron siete patrullas aquí a mi casa para llevarme a la clínica», dijo.
Carrasco fue llevado a una clínica privada cinco días después de su liberación, que ocurrió el 16 de febrero.
Según informa el diario El Universal, un tribunal de control de Carabobo otorgó a Carrasco medida cautelar consistente en arresto domiciliario por un periodo de 45 días seguidos por delitos de obstaculización de vía pública, uso de adolescentes para delinquir, destrozos violentos a la propiedad privada, asociación para delinquir e instigación al odio.
Ortega indicó el pasado viernes que Carrasco y otros jóvenes aprehendidos fueron sometidos a una revisión médica tras haber sido detenidos en la que el joven no mencionó esa supuesta violación como tampoco lo hizo, según la fiscal general, cuando fue presentado ante un juez.
«Cuando se le practicó este examen a este joven él no dijo nada sobre violación con un fusil, él nada mencionó al respecto y luego que el médico lo ausculta y le pregunta tampoco él menciona esta circunstancia», señaló, agregando que el médico determinó que había «contusiones de carácter leve».
Indicó que tampoco mencionaron esa situación en la audiencia aunque sí «malos tratos», por lo que una juez ordenó nuevos exámenes médicos e inició una investigación penal.
Aseguró que independientemente de todo eso ordenó enviar un equipo de la unidad criminalista contra la vulneración de derechos fundamentales para investigar esta situación y determinar la certeza o falsedad de la denuncia de Carrasco, que está siendo sometido a exámenes médicos.
«Este Ministerio Público está comprometido con la defensa de los derechos humanos (…) porque no voy a permitir violaciones de derechos humanos», agregó.
Ortega señaló que si se determina que la denuncia es cierta la población puede tener «la seguridad de que van a ser sancionados los responsables de este hecho» y si es incierto se mirará qué es lo que prevé la legislación para estos caso.
La fiscal dijo el lunes pasado que las protestas que se han producido en el país han dejado 13 muertos, un reporte que ofreció antes de que informara del fallecimiento de otras dos personas.
