Ricardo Lagos ha definido su gabinete ministerial, y también ha dado a conocer la lista de subsecretarios que lo acompañarán en la tarea de gobernar.
Como primera sensación se observa que ha optado por un equipo que reúne dos características: incrustaciones de juventud y un cierto celo técnico o de profesionalismo. No se notan muchos prohombres añosos, incrustados en un ministerio por méritos pretéritos; o sea, para premiar una carerra o incondicionalidad política con el olficialismo.
Es cierto que las designaciones también fueron el fruto de la búsqueda de equilibrios entre los partidos de la Concertación, pero pareciera que Lagos ha tenido, en ese aspecto, mayor libertad que la que se tuvo en la conformación de los gabinetes inaugurales de los gobiernos de Frei y Aylwin, o que ha hecho uso de una mayor libertad. Seguramente el tono de las campañas presidenciales, y el acoso del discurso de Joaquín Lavín en ese aspecto -elegir a los mejores- algo ha influido.
Una prueba de ello es el enojo del sector «colorín» de la Democracia Cristiana, indignado por la pobrísima representación que les ha tocado en la designación de los cargos. Aquí, entonces, cabe la pregunta: ¿enojo por la escasa representación o por la desmedida libertad que ha ejercido Lagos en las designaciones? Lo primero es irrelevante. Lo segundo, podría dar pie para vislumbrar un tipo de gobierno que pretende acentuar una progresión de los dos anteriores: desde el de mayor cuoteo político de Aylwin -la inauguración de la transición- a uno más técnico de Frei, que la transición no concluyó.
Los «colorines», por lo demás, las han emprendido contra el propio presidente del PDC, Gutenberg Martínez, al que acusan de no haber defendido sus intereses. ¿Intereses en relación a qué? ¿Intereses en beneficio de quién? De nuevo, la pregunta fundamental: el poder, el ejercicio de la política para el poder, ¿se agota sólo en eso?
Estos tiempos inaugurales del gobierno de Lagos tienen la placidez de los preparativos sin urgencias: la elección se ganó, el verano ha reducido la agenda noticiosa que instala, como hecho destacable, cada día, lo que el presidente electo decide hacer. Una visita a un consultorio, una reunión con el jefe de la
masonería o el presidente de un colegio profesional es noticia de primera. Para qué decir la designación de sus colaboradores. El campo está despejado y en él Lagos campea como si su casa fuera.
El error sería pensar que lo que viene será así.
Y otro error sería imaginar que la oposición seguirá actuando como lo ha hecho hasta ahora. Robustecidos por el apoyo logrado en la elección presidencial, Renovación Nacional y la UDI saben que su disidencia será más eficaz si se centra en problemas puntuales. Es por eso que el gabinete ministerial tendrá que
combinar en su trabajo la construcción de políticas generales con permanentes intervenciones ante temas concretos. Y para ello requerirá del apoyo de los parlamentarios oficialistas.
En estos días, el ex senador y actual presidente subrogante de la UDI, Eugenio Cantuarias, ha planteado un tema significativo. Ante la privatización de más del 40 por ciento de la sanitaria Essbio, de la octava región, Cantuarias ha señalado que el debate sobre esa privatización -ya aprobada por el gobierno- es inconducente, y que ahora el tema es movilizarse para asegurar que los más de 300 millones de dólares que de allí se obtengan se inviertan en proyectos concretos en la misma región. Doble demanda: definición de obras concretas y reivindicación regionalista. Más que una interpelación, la Concertación debería entender que en ello hay una oportunidad de ir perfilándose de manera distinta. Habrá que ver si la oportunidad no se deja pasar.
Un último dato. Negro. En una breve carta al diario El Mercurio, un lector toma nota que en el Diario Oficial se publica el decreto con que se acepta la renuncia de Soledad Alvear al Ministerio de Justicia, cuando decidió incorporarse a la campaña de Ricardo Lagos.
El decreto dice que la Alvear dejó el cargo fruto de una «renuncia no voluntaria». Inaceptable: la propia ex ministra se lució señalando las razones de su renuncia. El «retiro no voluntario» sería sólo, entonces, para recibir las indemnizaciones correspondientes. Parece que así se usa, que no es el primer caso. Pero el asunto huele a corrupción. Una suerte de corrupción habitual, pasiva, que ya es norma. De eso, y de tantas otras cosas, muchos de los que votaron por Lagos están cansados. El nuevo gobierno no debería olvidar que un alto porcentaje de los votos que recibió no fue por adhesión, sino simplemente para impedir el triunfo de Joaquín Lavín. Olvidar eso sería suicida. O sea: sería política. Mala política.
