Tres denunciadores de casos graves y fundados de corrupción expresamos nuestro apoyo a Rodrigo González, alcalde de Viña del Mar, quien en un caso insólito es destituido por un tribunal electoral regional por supuesto «notable abandono de deberes». Lo hizo Nelson Avila, quien consideró de otro planeta que se juzgue a alguien por pasivos de gestión, sin haber acto doloso alguno, y que encabece esto en las bambalinas el diputado UDI Gonzalo Ibáñez, quien en el propio Congreso felicitó a González por la transparencia en el proceso de licitación del Hotel Miramar, y que es miembro del directorio de la Universidad Ibáñez, de la cual es empleado uno de los tres abogados del tribunal que falló en contra del alcalde; Ä„evidente conflicto de intereses!
La derecha olvidó su histeria contra el Lord Hoffman, recusado en la votación contra Pinochet porque su mujer era colaboradora de Amnesty International. Lo hizo también Laura Soto, infatigable en denunciar desmalezamientos y otras zonas grises de empresas públicas, quien conoce de cerca la labor notable de González y su equipo de invertir en los cerros de Viña del Mar, suelos abandonados y gente despreciada por las gestiones edilicias que sólo se concentraron en el Viña «balneario internacional». Luego, mi propio testimonio, como ex alcalde de Rancagua que denuncié con pruebas, coimas por contratos de vertederos y que conozco hace quince años a González luchando bajo la dictadura junto al movimiento sindical y construyendo una gestión participativa y progresista en Viña, la que ha tenido «desórdenes» u «omisiones» en su trabajo, pero acto alguno de corrupción ni enriquecimiento personal. Se dirá que es la relación obvia por lealtad partidaria. Juzguemos los hechos.
Entendamos el caso sintéticamente. Tres concejales derechistas- entre ellos, Luis Parot, candidato privilegiado de la UDI- presentan la enésima denuncia contra González. Antes lo hicieron en la Contraloría, la que ha señalado errores administrativos en algunos actos del concejo (del cual son parte) y del Alcalde, sin recomendar destitución y sin sancionarlo. Fracasados en su asonada legal, concurren a este Tribunal para argumentar un inédito caso de notable abandono de deberes. Son cuatro las acusaciones, dos fueron rechazadas por el propio tribunal (groseramente lo acusaban de ejercer su facultad legal de otorgar permisos a vendedores ambulantes -buscando la ciudad higiénica, espejo del primer mundo que Viña no es, aunque no lo toleren-, y el uso de acuerdos en los derechos de publicidad con una empresa que dio aportes legales y plenamente controlados para actividades culturales y renovación de mobiliario urbano en Reñaca).
Lo que si acogió el tribunal es considerar grave que la empresa que se adjudicó el nuevo Miramar se haya retractado y que en el abandono del inmueble, el alcalde, con acuerdo del concejo, haya donado elementos del abandonado hotel (por la anterior empresa que lo tenía concesionado), los cuales fueron certificadamente entregados a carabineros y organizaciones sociales (vidrios, muebles, artefactos sanitarios). La empresa se adjudicó por acuerdo unánime del Concejo -con Parot recomendándola- la concesión, en medio de la crisis económica se retractó, el Municipio le cobró las boletas de garantías e inició el juicio para la indemnización. Grosero: se es parte de un proceso, se fracasa (como lo hacen todos los días las empresas privadas y organismos del estado en negocios, ventas y concesiones) y ello permite una guerra soterrada. Lo de la subvención a los funcionarios es lo mismo. Decenas de Municipio, como Lavín a sus profesores en el traspaso de escuelas, otorgan por distintos resquicios incentivos a sus funcionarios por cumplimiento de metas, como lo hace el sector privado, y está en la propuesta de reforma municipal. Parot y los acusadores apoyaron las subvenciones, cuando la Contraloría reparó en la legalidad, «el alcalde nos indujo a error».
Ya decía Habermas el 87 que tras el fin de las ideologías vendría la política de odiosas luchas administrativas, como forma de diferenciación. Parot debe aceptar el voto popular y competir con los proyectos de gestión y política para Viña, la del plano y los cerros. La fronda aristocrática urdida para ganar por secretaría es injusta y no pasa ningún test de la vieja caballerosidad entre adversarios políticos. El honor provinciano está en los cerros, no en los círculos del poder fáctico de la ciudad balneario.
