La historia es como sigue: en Punta Arenas, el Ministerio de Agricultura resolvió construir un edificio para el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. La construcción de más de cuatro pisos ya está en pie, pero no se puede usar. ¿La razón? Simple: la obra nunca tuvo permiso de construcción de la municipalidad, o sea que todo el trabajo se hizo ilegalmente. Más aún: la edificación viola la normativa urbanística local: tiene dos pisos más de lo permitido.
El asunto estalló, en parte, porque un vecino se quejó por la altura del edificio, que le tapará el sol, cosa grave en Punta Arenas.
Inmediatamente conocida la denuncia, las autoridades locales del ministerio aclararon que cabían dos soluciones: demoler los dos últimos pisos o cambiar la norma urbanística de la ciudad, porque lo del permiso municipal se iba a arreglar de todas maneras. Ya está advertido el vecino perjudicado: obviamente van a cambiar la norma, para que el abuso que contra él han cometido ahora esté respaldado por una norma. Nada mejor que joder a un ciudadano dándole con una ley por la cabeza.
En Santiago, una funcionaria del Ministerio salió a dar explicaciones y dijo que sólo se trató de un «error administrativo» y que errores de ese tipo se producen a menudo.
Lo que nos han querido decir, entonces, es que un cierto tipo de abuso puede gozar de impunidad bajo el simple expediente de achacarlo a un «error administrativo». Según esa explicación, los funcionarios del estado pueden, desde ahora, cometer abusos con la esperanza que después se justifiquen bajo el expediente de calificarlos de «errores administrativos». En aras de la justicia debieran llamarlos «excesos administrativos», para que al menos algún tipo de continuidad «lingüística» se configurara entre dictadura y democracia.
Porque, seamos serios: ¿es posible creer que la Municipalidad de Punta Arenas no se enteró que se estaba construyendo un edificio en pleno centro de la ciudad sin su permiso? ¿O que el Ministerio no supiera de las normas urbanísticas de la ciudad?
Hay un cierto tipo de arbitrariedad que se ejecuta desde oficinas, con sellos y papel membreteado. El ciudadano común ante eso está indefenso: todo el poder de la burocracia estatal se ha puesto en marcha para liquidarlo.
Ese pobre vecino de Punta Arenas, que osó reclamar porque una construcción ilegal le tapaba el sol, no sabe a lo que se exponía. La arbitrariedad de unos funcionarios públicos terminará por modificar una ley para hacer a esa arbitrariedad algo perpetuo. Que se mude de barrio, el pobre.
