Hay personas que tienen una vara distinta para medir las situaciones por las que puedan pasar las empresas del Estado y las privadas. Para éstas últimas tienen una manga ancha y justificación por cualquier error o tropelía que pudieran cometer. Para las primeras: la severidad máxima y, si fuera por ellas, no debieran existir. Muchas de ellas manejan o tienen un acceso privilegiado a los medios de comunicación, por lo que sus razonamientos tienen una gran resonancia.
El pago de indemnizaciones, por el término de contrato de trabajo en Correos de Chile a tres de sus ex ejecutivos, ha desatado una ola de condenas que corresponden a una justa reprobación por el hecho de que ellas exceden claramente el tratamiento que tienen otros servidores públicos, pero, por otra parte, dentro de ellas se incluyen las de aquellos que aprovechan cualquier motivo -justificado o no- para disparar contra cualquier cosa, empresa o persona que tenga que ver con el Estado.
Estos últimos, ni por asomo, recuerdan el tratamiento que reciben ejecutivos de igual o parecido nivel de los que provocaron este escándalo, pero que pertenecen a la esfera privada. Sin ir más lejos, La Tercera (a quien no se le puede reprochar de estatista) publicó un artículo que se refería a la nueva actitud de los ejecutivos de la empresa privada que, en la actualidad privilegian la indemnización que pueden percibir por el término de sus funciones, a cualquier otra condición en el momento de negociar la contratación de sus servicios.
El sistema lo llaman «the gold parachutte», es decir, «el paracaídas de oro» y significa que establecen indemnizaciones de dos, tres y hasta cinco meses por años de servicios. O bien, se aseguran tres a cinco años de indemnización extraordinarios por sobre lo legal. Y este nuevo sistema no es criollo. Es de común ocurrencia en los países industrializados. El ejemplo más resonante es la del ex presidente de Telefónica de España que recibió una indemnización millonaria, pero en dólares.
Esos mismos críticos podrán decir que se trata de empresas en que los dueños del capital pueden hacer lo que se les antoje porque la plata es de ellos, pero ese argumento es parcialmente válido, ya que las utilidades de las empresas tienen directa relación con los impuestos que paguen y los precios de los productos o servicios que comercializan.
Por consiguiente, si malgastan sus recursos ello se traduce, al final, en menos recursos (a través del Estado) y mayores precios para los ciudadanos.
De modo que el hecho reprochable ocurrido en Correos, o en alguna otra empresa estatal determinada, como lo es ENAP, hay que valorarlo en su justa medida, ya que claramente son hechos aislados, a pesar de todos los esfuerzos por tratar de hacerlos aparecer como algo generalizado en las empresas del Estado.
Por las mismas mezquinas razones, no han destacado como corresponde que Chile, según las mediciones de la prestigiada organización Transparencia Internacional, sigue siendo el país menos corrupto de América Latina y mejoró su ubicación en un lugar en el ámbito mundial.
A propósito, ¿qué fue del índice de la corrupción que habían confeccionado Andrés Allamand y Angela Vivanco, por cuenta de Renovación Nacional? ¿Por qué no se siguió dando a conocer?
En definitiva, existe, de parte de algunos, una extrema severidad para juzgar las posibles faltas o desaciertos que se produzcan en la esfera pública, pero una escasa o nula disposición para apreciar y valorar sus logros.
Esta es, sin duda, una actitud injusta y negativa que nada ayuda al desarrollo sano de nuestra sociedad y que puede provocar desorientación en la opinión pública.
