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Oxigenar el sistema político

Esteban Valenzuela Van Treek
Por : Esteban Valenzuela Van Treek Ministro de Agricultura.
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En los momentos de mayor crispación política y ausencia de diálogo gobierno-oposición, se abre la oportunidad de cambiar el actual juego de suma cero por una agenda de reformas consensuadas que oxigenen el sistema político.



La tensión por el caso indemnizaciones comienza a situar adecuadamente el debate en la obligación política y moral de regular la gestión de las empresas públicas, evitando abusos en una adecuada ecuación entre sueldos competitivos y limitaciones a privilegios incomprensibles con el ethos cultural de una coalición que se inspira en los valores de la equidad.



Pero hay que ir más allá del afán fiscalizador de la derecha que busca culpables. Hay que transparentar el sistema político, reponiendo la ley de financiamiento público de la política y limitación al gasto electoral.



No existe una relación causal entre abusos de indemnizaciones y financiamiento de la política, pero se puede convenir que ambos fenómenos responden a las zonas grises de la acción política chilena.



Transparentar es un imperativo por el descrédito de los partidos políticos lo que hace un daño a la legitimidad de la democracia. Felizmente, la actitud de enfrentar el problema con claridad por parte del Presidente Lagos, ha redundado en una confianza ciudadana en el gobierno y en su capacidad de terminar con los abusos de un grupo reducido de ejecutivos y directores de empresas.



La vehemencia de Pérez y Pérez, Longton y otros, en este caso, debe traducirse igualmente en apoyar la legislación que financie mínimamente la acción política, se conozcan los orígenes de los aportes privados y se limite el gasto electoral.



Permanecer en las tinieblas en el financiamiento político no contribuye a la obligación de perfeccionar el sistema político. Las campañas millonarias, el tráfico de influencia, la oligarquización de los partidos, la existencia de tendencias auspiciada por poderes fácticos, son todos males de los sistemas que no permiten una adecuada institucionalización y control participativo de los recursos con que se mueven los partidos.



En otro ámbito, se puede aventurar que tras las municipales, ambas coaliciones se verán sometidas a los debates para explicar la declinación electoral de la DC y RN, lo que hará más evidente las perversidades del sistema electoral binominal, que obliga a traumáticas negociaciones que violentan en muchos casos la representatividad y las aspiraciones ciudadanas.



La política de los «privilegios» generó tensión, pero a su vez el vicio de cupularmente decidir lo que los ciudadanos deben determinar en sistemas electorales más abiertos. La derecha no permitió separar las elecciones de alcaldes y concejales, tampoco acepta modificar el sistema binominal.



Para romper con esas tendencias nocivas -que en gran parte explican el crecimiento de la no inscripción, la abstención y los votos nulos de rechazo- que obligarán a ingenierías electorales de «subsidios» a partidos para mantener equilibrios y otras yerbas, una flexibilización del modelo es urgente.



La derecha no acepta volver al sistema proporcional, aunque se demuestre que la estabilidad política nada tiene que ver con un sistema en extremo rígido (países con modelos proporcionales y semi presidenciales gozan de grandes coaliciones y estabilidad). La mínima flexibilización es permitir una combinación de distritos binominales con proporcionales y a su vez que pudiesen presentarse más candidatos que los cupos a elegir. Si no oxigenamos, tendremos muchos meses de cálculos que no le hacen bien al sistema democrático.



Finalmente, las reformas constitucionales son un paso sustancial para acordar una modernización del sistema político. Ya hay acuerdo en eliminar los designados y acortar el mandato presidencial. Mayor poder ciudadano, elección de las autoridades regionales, mayor poder parlamentario, son otros temas de cambio de juego de suma cero vitales para renovar y airear un sistema político donde las zonas grises del autoritarismo y el control no permiten la plena transparencia y apertura que a una década de la transición nuestro sistema institucional debería ya contar.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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