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La otra reforma del Estado


Hace unas semanas tuve que ir a renovar mi pasaporte, lo que me tomó varias horas. Para mi sorpresa, mi nuevo documento tiene una vigencia de sólo cinco años, a diferencia del anterior, que lo tenía por diez.



Uno de los instrumentos de control del gobierno militar era a través de los pasaportes, con «L» y todo. De hecho, después del plebiscito procedió a cambiar la duración de los pasaportes de los tristes dos años que duraban a diez, una manera de asegurarse que sus integrantes estarían «siempre listos» para cruzar las fronteras en caso que las cosas se pusiesen algo incómodas en democracia -lo que sin duda hace lamentable que muchos de ellos se vean imposibilitados de usar nunca más sus pasaportes, por miedo al juez Garzón-.



Pero este obvio retroceso de acortar a la mitad el lapso de duración del pasaporte no ha dejado de generarme dudas. ¿ A qué se deberá este curioso intento por duplicar el número de trámites que los chilenos que viajan al extranjero -mas de un millón al año- deben hacer?



El tema me vino a la mente debido a que en estos días se han anunciado significativos avances en materia de reforma del Estado, un tema que como pocos suscita curiosa unanimidad. Como la maternidad y el sistema métrico decimal, todo el mundo se manifiesta a favor de él, aunque a la hora de los quiubos las cosas pueden ser distintas.



En ese contexto el gobierno ha impulsado un ambicioso proyecto que implica rediseñar el aparato estatal con importantes cambios en la institucionalidad vigente. Es una especie de prolegómeno de lo que fueron las fusiones de ministerios que vimos en marzo del 2000 por medio de la creación de bi-y triministros.



Eso también significa un fuerte énfasis en mejorar la calidad de la gestión pública, en materia de eficiencia, participación ciudadana y transparencia. El así llamado -con sus connotaciones orwellianas y todo- gobierno electrónico también es parte de ello: el sueño de poder pedir el carné de identidad por internet parece estar a la vuelta de la esquina, aunque el problema sería que después de pedirlo habría que esperar que lo envíen por correo, lo que podría tomar un mes.



Nada tienta mas a los reformadores que ponerse a jugar con los casilleros del organigrama gubernamental: fundir ministerios, eliminar subsecretarías, crear nuevas entidades -aunque esto último es considerado políticamente incorrecto. Lo único presentable hoy es eliminarlas-. Nada de esto puede hacer mucho daño, supongo, aunque cualquiera que dé una vuelta por una oficina pública se dará cuenta que no mucho ha cambiado en el último medio siglo.



Con todo, mientras no se modifiquen dos factores clave podremos refundir todos los ministerios que queramos y no pasará nada. Uno de esos factores es la administración de personal. Mientras no exista un sistema de premios y sanciones correspondiente al de la empresa privada, es poco lo que se logrará y el lema del funcionario continuará siendo como siempre lo ha sido, «el que nada hace, nada teme».



El otro factor tiene que ver con las enormes limitaciones que tiene la acción económica del Estado en Chile hoy, frenado por la legislación del régimen militar destinada a evitar la acción del llamado Estado empresario. Parte de la razón por la cual el Metro de Santiago, tal vez el medio de transporte mas exitoso que jamás ha habido en Chile, no puede expandirse en la forma que debiera es porque no puede aprovechar la enorme plusvalía que genera su propio desarrollo en los terrenos aledaños al mismo.



Instancias similares se repiten en numerosas áreas. Para potenciar nuestro crecimiento necesitamos asociaciones creativas entre el sector público y el privado, las que se dificultan debido a estas amarras.



Ya que estamos reformando el Estado, no nos olvidemos de derogar la absurda legislación que proscribe al mal llamado Estado empresario. La próxima vez que no pueda subirse a un carro del Metro porque está demasiado lleno, piense que el Metro no pasa mas seguido porque la empresa está atada de pies y manos por esa absurda normativa.
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* Jorge Heine es director de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y director del programa internacional de la Fundación Chile 21.



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