Resulta poco adecuado que el ministro de Defensa concurra al Congreso y diga que habla en representación de las FFAA, o que expresa la opinión de ellas. Lo que corresponde es que exponga la posición del Gobierno, la que se supone ha sido elaborada con el aporte de todos los sectores que el poder civil estime conveniente consultar, incluidas todas las ramas de la Defensa.
Resulta inaceptable para una democracia que sus parlamentarios consulten con los mandos de las Fuerzas Armadas decisiones que son de su exclusiva responsabilidad. Es peor aún si estas se vinculan al término de un fuero que tienen los militares y que no ostentan en ningún país de democracia consolidada.
También resulta poco adecuado que el ministro de Defensa concurra al Congreso y diga que habla en representación de las FFAA, o que expresa la opinión de ellas. Lo que corresponde es que exponga la posición del Gobierno, la que se supone ha sido elaborada con el aporte de todos los sectores que el poder civil estime conveniente consultar, incluidas todas las ramas de la Defensa.
Ahora bien, si el ministro tiene que ir a explicar por qué estas no quieren lo que el Gobierno sí quiere, alguien se ha equivocado en la oportunidad de las reformas propuestas, o estas son sólo un gesto testimonial. En ambas circunstancias la intervención del ministro está de más.
Este tema, suscitado por el debate en el Senado en torno a las reformas constitucionales y la comparecencia del ministro de Defensa a la comisión respectiva, puede ser visto como un matiz sin relevancia política. Sin embargo, incluso el hecho que haya pasado casi inadvertido para la opinión pública revela cuan profundo es el peso de la autonomía militar en Chile, y cuan hipotecada está la lucidez de los dirigentes políticos en torno a la dirección de la política militar del Estado.
La realidad es que si los militares no lo desean, la civilidad en Chile es incapaz de generar
un consenso político que dé paso a la reforma constitucional que devolverá al Presidente de la República una atribución que le corresponde no sólo por principios democráticos, historia y tradición, sino por razones de buena administración del sector público.
La inamovilidad de los comandantes en jefe o el carácter de garantes de la institucionalidad de las FFAA son temas cuya resolución pertenece exclusivamente al ámbito político, y es de la esencia de la responsabilidad que le ha sido conferida al Congreso Nacional como representante del soberano. No corresponde, por tanto, que a ningún parlamentario se le ocurra generar algún tipo de consulta a las FFAA acerca de estos temas.
Ello es válido sobre todo en un país como Chile, cuya Constitución aprobada en plena dictadura siempre ha sido objetada por amplios sectores democráticos en esta específica materia.
Incluso en los años de amplio predominio militar en la vida política nacional, las tradiciones republicanas fueron defendidas en la comisión respectiva por dirigentes políticos como el ex presidente Jorge Alessandri, quien se opuso a la autonomía de que se estaba dotando a las fuerzas armadas, según consta en las Actas Constitucionales de la época.
Tampoco corresponde que el ministro encargado de la administración sectorial comparezca a nombre de las FFAA ante el Congreso, porque no se trata de cualquier tema. Es un asunto de alta política del Estado que tiene que ver con el término real de la transición. De lo contrario, es legítimo pensar que no se ejercen las atribuciones propias, y que en el presente caso, el Ministerio abrió una negociación sobre el tema con los mandos militares que falló.
No es necesario ser adivino para observar que los altos mandos de las FFAA chilenas van a oponerse a un cambio de su actual estatuto. Y si alguien les consulta el tema lo van a hacer de la manera más notoria posible. Dentro de la ley, claro está, pues el país está muy lejos de aventuras militaristas, y cuenta con instituciones políticas totalmente consolidadas.
Esa posición no será diferente a la de cualquier empleado público que tiene un fuero especial y le van a preguntar si está de acuerdo con que éste concluya. Nunca responderá que está de acuerdo, y menos aún si ese término significa menor discrecionalidad en materias presupuestarias o administrativas, mayores controles por parte de los superiores jerárquicos, y que los reglamentos disciplinarios se aplicarán sin excepción a todos por igual.
La experiencia es que esas cosas no se consultan con los involucrados. Se deciden por quienes corresponde, con todas las sensibilidades del caso, pero con un apego estricto a la competencia exclusiva que se tiene.
No se trata de sostener que los militares no pueden ir a una comisión del Congreso o no puede ser consultados sobre nada. Es parte de la normalidad en cualquier país democrático que concurran muchas veces, pues la especificidad técnica de los temas de defensa y la seguridad del país así lo requiere muchas veces. Pero no en este caso.
Aquí nada tienen que ver la técnica o los modernos desarrollos tecnológicos. Se trata de la política en estado puro y de los principios que sustentan una democracia en forma. Y en esta materia el ministro de Defensa sólo representa al Gobierno.
Lo que corresponde ahora es que la sociedad política produzca el consenso necesario para generar un estatuto orgánico que garantice la subordinación, no deliberación y profesionalización de las FFAA, dentro de una Política de Estado, que es el marco definido por consenso nacional para ello. Esa es la base del liderazgo civil en materia de defensa.
* Abogado, cientista político y analista de defensa.
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