Si queremos una justicia de verdad para todos, combatamos la sociedad del privilegio heredado y demos más recursos para una administración de justicia a la altura de las circunstancias.
El lema es: disparen a matar. ¿A quién? A Carabineros y la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Por ineficientes y clasistas en la investigación de Alto Hospicio. «Ellas estaban muertas y la policía andaba de parranda». Un diputado UDI descubre que la justicia es clasista. Don Eduardo Novoa Monreal ya lo había dicho en los ’60 y se fue al exilio por decirlo. La UDI debiera leer al autor de los satanizados «resquicios legales».
El veredicto está dictado. Las evidentes negligencias en la investigación de los asesinatos de Alto Hospicio son inexcusables. Deben asumirse las responsabilidades políticas y administrativas. Quizá mañana se perseguirán responsabilidades penales y civiles, los imputados quedarán fuera de sus cargos y toda la opinión pública conocerá sus rostros casi tanto como el del psicópata.
Lo que molesta de todo esto es la evidente contradicción entre los deberes que se exigen y los recursos y potestades que se dan. Si uno mira todas las encuestas, Carabineros de Chile es la institución más prestigiosa después de la Iglesia Católica. Y si se comparan los niveles de confianza de los latinoamericanos con la policía, ésta es la mejor evaluada.
Lo más sorprendente es que incluso los jóvenes chilenos confían más en Carabineros que en una larga lista de instituciones y organizaciones. Es raro, entonces, cuando se produce la estampida de la condena unánime.
El punto, por cierto, no es pedir impunidad ante la negligencia flagrante.
Desde ya señalemos que en cualquier institución cuando se comete tamaño error se deben adoptar medidas serias, renuncias por lo menos. Eso no se discute. Pero ruego al lector de El Mostrador.cl que piense que hay una pequeña diferencia entre el burócrata público y el empleado privado negligente. El segundo es despedido y punto. El primero es exonerado y además públicamente denostado ante todo el mundo.
En la sociedad de la información que vivimos, el hijo verá a su padre o su madre condenado en el paredón de la opinión pública.
Es el precio de actuar en el espacio público. Este, a diferencia de una empresa privada, es un lugar de todos, visto por todos y para todos. En el espacio público el burócrata -que horrible palabra- maneja recursos que son de todos los chilenos, en ámbitos tan complejos como la seguridad individual de todos. O la vida en el hospital público, donde van a parar los doblemente débiles, por la pobreza y la enfermedad.
Esa es la dignidad y responsabilidad del funcionario público, en este caso un carabinero.
Y el adagio jurídico dice que a mayor poder, mayor responsabilidad. Sí, pero más poder, es decir, más capacidad dada por los atributos personales y los recursos institucionales para poder cumplir lo que se exige. O en caso contrario, simplemente estamos pidiendo lo imposible y siendo injustos.
Por ello la cuestión es detenerse un poco a reflexionar antes que hablar. Luego escuchar y ver. Y sobre todo, tratar de comprender antes que condenar. Eso es lo que se conoce como mentalidad extensa: ponerse en el lugar del otro. Todos nos hemos puesto en el lugar de los familiares de las víctimas. Es el lugar también de pensar en el lugar de los policías exonerados.
El punto es uno solo, reclamar en contra de la desmesura de lo que se pide al funcionario público en relación a sus ingresos y potestades.
¿Cuanto gana un carabinero? Un cabo primero obtiene 285 mil pesos de sueldo. Y el carabinero, 182 mil pesos, en cifras de 1998. Con ese sueldo debe alimentarse él y su familia, educar a sus hijos y pagar el dividendo o el arriendo de la casa.
Y por ese sueldo debe combatir el delito y prevenir la delincuencia, aún a riesgo que le descerrajen dos balazos en la cabeza y le den muerte, como ocurrió con el guardia de don Patricio Aylwin hace unas pocas semanas atrás, cuando en el termómetro veleidoso de la opinión pública, Carabineros de Chile era sinónimo de martirio.
Y por ese sueldo debe combatir el narcotráfico que en el mundo maneja 500 mil millones de dólares. Y por ese sueldo no debe ceder a la corrupción.
Ä„Ay si se equivoca o cede a las mil tentaciones del autoritarismo o de la corrupción!
El mensaje es uno solo: si queremos mayores responsabilidades de la función pública, otorguemos más recursos. Antes de andar pensando en privatizar la policía a nivel comunal, con lo que a la educación y salud otorgadas según la riqueza del peculio individual se sumará la seguridad para la propiedad y vida según ingresos, otorguemos más recursos a nuestras instituciones públicas.
Seamos celosos guardianes de nuestros derechos ante los abusos o incompetencias del Estado. Pero recordemos que Chile tiene una de las administraciones públicas más eficientes y competitivas. Sí, aunque cueste creerlo por todo ese machacón discurso neoliberal que la acusa de ineficiente, burocrática y corrompida.
Aquí la mitad de personal cumple el doble de funciones que las administraciones públicas latinoamericanas. Es cierto que se puede hacer mucho más. Pero seamos claros en que lo que tenemos es mucho y bueno.
Si queremos una justicia de verdad para todos combatamos la sociedad del privilegio heredado y demos más recursos para una administración de justicia a la altura de las circunstancias.
Una vez más digamos que no solo necesitamos mercados competitivos. Requerimos sociedades civiles organizadas y un Estado fuerte. Pregúnteles a los norteamericanos qué pasa cuando se privatiza la seguridad de los aeropuertos.
La lección de Alto Hospicio es escuchar más a la gente. Contar con mejores policías, dotados de mayores recursos. Y hacer de la justicia un derecho para todos.
* Director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED).
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