El doctor Artaza tendrá que buscar alguna respuesta coherente para la ciudadanía, para la cual resulta inaceptable que uno de las carteras más endeudadas y responsable de las carencias de miles de chilenos, destine una suma millonaria a promover por los medios de comunicación un beneficio inexistente.
El Ministro de Salud y el Presidente de la República debieran estar muy preocupados: la Contraloría ha determinado que el spot publicitario para difundir el Plan AUGE no sólo fue ilegal, sino que además implicó necesariamente malversación de fondos.
¿Qué ha nos ha informado exactamente la Contraloría? Que los spots fueron realizados por la agencia Veritas Publicidad S.A., con la cual el Ministerio de Salud mantiene un contrato vigente desde el año 2000; que para la transmisión del aviso se celebraron con distintos canales de televisión y radios 52 contratos por un valor total de 551 millones 694 mil 632; que el dinero se dedujo de los fondos entregados a la Subsecretaría de Salud para la difusión de importantes campañas sanitarias (el Programa de Enfermedades Emergentes, la Campaña de Invierno, entre otros expresamente detallados en la Ley).
Del mismo modo, como a esa subsecretaría le faltó plata para cancelar los contratos, el 14 de junio pidió al Ministerio de Hacienda un aumento de fondos, solicitud que hasta la fecha no se ha concretado mediante el respectivo decreto.
¿Por qué esas acciones son ilegales? Porque de acuerdo al artículo 16 de la Ley NÅŸ 19.774 de Presupuesto, los organismos públicos sólo pueden emitir avisos publicitarios cuando ello sea necesario para informar a los usuarios sobre la forma de acceder a sus prestaciones. En este caso se han publicitado actividades o programas que se desean llevar a cabo en el futuro, pero todavía no existen (cuando comenzó a emitirse el spot ni siquiera había ingresado el proyecto del AUGE a la Cámara de Diputados).
El informe ha declarado además improcedente el gasto, consignando la figura de malversación de fondos públicos, toda vez que con el dinero aprobado por el Congreso Nacional para una función, se pagó otra.
Admiro la tranquilidad con la que el Ministro de Salud ha enfrentado los cuestionamientos del organismo más competente en materia de inversión de fondos públicos, y su perseverancia para insistir que el gasto era necesario y procedente, y que bastará con enviarle mayores antecedentes a la Contraloría para explicar lo inexplicable.
Esperábamos que reconociera públicamente su error, como lo ha hecho en otras situaciones, pero ha optado por eludir el tema de fondo, olvidando que antes de emitir su dictamen el organismo contralor ya consideró dos informes emanados por ese ministerio en los últimos seis meses.
De manera que el doctor Artaza tendrá que buscar alguna respuesta coherente para la ciudadanía, para la cual resulta inaceptable que uno de las carteras más endeudadas y responsable de las carencias de miles de chilenos, destine una suma millonaria a promover por los medios de comunicación un beneficio inexistente, y que para colmo, el estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile haya demostrado que son 600 millones de pesos mal gastados, porque «la información entregada sólo confundió a la población, generó expectativas imposibles de cumplir a corto plazo y fue poco orientadora para la toma de decisiones».
Tal como están las cosas, creo que será difícil para el Presidente Ricardo Lagos, en definitiva responsable de las acciones de su gobierno, explicarle a los chilenos por qué respaldó la realización y difusión de una campaña publicitaria que es ilegal, cara y mala.
* Diputado, Secretario General de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
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