La madrugada del viernes, en la comuna de Panguipulli, un nuevo fundo, el Taitanito, fue atacado por encapuchados, presumiblemente comuneros mapuches, los que prendieron fuego a distintos puntos del predio y golpearon a un trabajador, el jefe de huerta. Este, por cierto, ya anunció que abandona la región: está amenazado de muerte y teme por él y su familia.
El predio, donde trabajan 120 personas, es una verdadera innovación: se dedica al cultivo de frutas de exportación y berrys en terrenos de rulo, en una zona donde la mayoría de las tierras ha ido teniendo el ineluctable y patético fin de ser sembradas por pinos y eucaliptus.
No es el primer fundo atacado. El fin de año pasado y el comienzo de éste ya ha conocido ataques similares. La novena región está que arde, y el asunto es más o menos así: la política de restitución de tierras a las comunidades mapuches, buscando saldar la llamada «deuda histórica» del Estado con los indígenas, si no es aplicada con celo se presta para tremendos abusos.
Como es sabido, siempre es más fácil abusar de los débiles y, en este caso, los desamparados son los propietarios de tierras de cultivo o fundos productivos, porque en relación a las empresas forestales son simples enanos (a no dejar pasar el dato que la concentración de la tierra por las forestales es mayor que la que existía antes de la reforma agraria).
Así, se ha iniciado desde hace ya casi dos años una estrategia de presión de ciertas comunidades -o ciertos individuos de ciertas comunidades- mapuches para que esa gente venda sus tierras a la Conadi y ésta se las entregue a los indígenas. Es lícito sospechar que al interior de la Conadi -más allá de sus escándalos por corrupción, que ese es otro tema- hay sujetos que alientan o a lo menos participan de esa estrategia: no son pocos los dueños de estancias que dicen que, al momento de ser amenazados, se les indica el funcionario de la Conadi con el que deben ir a hablar para vender las tierras.
El asunto es grave porque todo indica que hay una zona del país donde el estado de derecho es débil.
Agréguese, además, que muchos de esos fundos, si se analizan sus títulos hacia atrás, resulta que fueron vendidos por el Estado a particulares a fines del siglo XIX o comienzos del XX. Uno supondría que el Estado debería velar por los territorios que una vez ofertó, alentando a familias a instalarse allí a trabajar, por mucho que haya transcurrido un siglo.
Entonces, uno podría hacer el siguiente símil: la política de restitución de tierras podría ser, para los gobiernos de la Concertación, lo que fue la política de la Reforma Agraria para el gobierno de Allende.
Me explico. Ambos proyectos -reforma y restitución- no sólo han sido lícitos, sino que además necesarios. Sin embargo, la aplicación de la reforma agraria se manchó cuando se toleró que se expropiaran -vía tomas- tierras que no debían haber sido objeto de la reforma. Eso ocurrió bajo la Unidad Popular, con la aveniencia y tolerancia del gobierno de Allende que no se atrevía -o simplemente no quería- deshacer las tomas impulsadas por la extrema izquierda.
Ahora, la política de restitución de tierras puede irse al tacho con esta seguidilla de incidentes que, en el fondo, sólo busca que gente que no quiere vender sus tierras y desea permanecer en ellas trabajando se vea obligada a hacerlo ante la amenaza, incluso de muerte, de que son objeto.
Todo buena iniciativa, cuando tolera en su seno el abuso, se corrompe a sí misma y termina convertida en algo abyecto. La reforma agraria, a comienzos de los setenta, tuvo algo de eso. La política de restitución de tierras, si las autoridades no protegen a los indefensos, va por ese camino.
El desafío no es menor: cómo responder a las demandas de los mapuches y a la obligación del Estado de responder a la usurpación de que se sienten fueron víctimas, pero sin cometer una nueva injusticia. Y el sentimiento de injusticia -y es cosa de rememorar lo que fue la dictadura- verdaderamente comienza cuando hay ciudadanos que no se sienten amparados por la ley.
Por de pronto habría que señalar que el tema mapuche no pasa sola y únicamente por la entrega de tierras. Hay dos noticias alentadoras, en este campo: la designación de seremis en la 9ÅŸ región, con presencia de mapuches en el gobierno regional (y la primer mujer mapuche, más encima) y las primeras detenciones, la noche del viernes, de personas involucradas -dos jóvenes comuneros, uno de ellos menor de edad- en incendios intencionales. Participación y sujeción al estado de derecho. Podría ser la fórmula.
