Al abrirse el actual gobierno hacia las instituciones privadas, como en su momento hizo el gobierno de la República al dar su respaldo financiero a las universidades católicas o a otras vinculadas al empresariado y a los profesionales de Valparaíso, Concepción o Valdivia, está dando un paso en la dirección correcta.
En días pasados el gobierno anunció una nueva política para financiar créditos y becas estudiantiles en el nivel de la enseñanza superior. Se trata de una medida crucial para aumentar la equidad del sistema educativo post secundario, y para reducir las discriminaciones del actual sistema de ayudas estudiantiles.
Comencemos por lo último.
En la actualidad sólo tienen acceso a becas y créditos financiados por el Estado los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, es decir, aquellas instituciones que por razones históricas reciben un aporte fiscal directo proveniente del presupuesto de la nación. Se trata de algo menos de la mitad del total de los estudiantes de educación superior del país.
Los alumnos de la otra mitad, matriculados en universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica también en manos de particulares, tienen que pagar el arancel sin ningún apoyo del Estado y sólo de esa forma pueden adquirir una carrera y los beneficios asociados a la posesión de un certificado profesional o técnico.
El gasto estatal destinado a ayudas estudiantiles en favor de la mitad más privilegiada de jóvenes chilenos ascendió el año pasado a cerca de 69 mil millones de pesos, cifra que se descompone en 41 mil millones para crédito universitario y el resto en becas otorgadas a través de distintos programas, tales como la beca Juan Gómez Millas, las becas Mineduc, la beca nuevo milenio y las becas indígenas, entre otras.
En suma, en la actualidad tenemos un sistema de apoyo estudiantil a nivel superior que es parcial y discriminador, aunque de valor trascendente para el grupo de jóvenes que logran beneficiarse del mismo. Hablamos de 110 mil jóvenes inscritos en universidades que cuentan con aporte fiscal directo y, adicionalmente, de alrededor de 50 mil jóvenes que reciben una beca.
Ahora bien, ¿en qué consiste la propuesta de la ministra de Educación?
Consiste en crear, mediante ley de la República, un «sistema nacional de financiamiento estudiantil para la educación superior». Dicho sistema estaría integrado por tres fondos complementarios:
ˇ Un fondo de créditos solidarios para los alumnos matriculados en las universidades del Consejo de Rectores, el cual, siguiendo las líneas matrices del esquema vigente, lo amplía y perfecciona en diversos aspectos;
ˇ Un fondo para el financiamiento de créditos otorgados en favor de los alumnos inscritos en instituciones privadas que, aún sin igualar las condiciones más ventajosas del anterior esquema, sin embargo permitirán a la «segunda mitad» de jóvenes chilenos acceder a franquicias o apoyos de los que hoy carecen;
ˇ Un fondo nacional de becas que en el futuro otorgaría subsidios de arancel, de fomento y asistenciales sin discriminar entre instituciones.
Como resulta fácil apreciar, se trata de un cambio de gran envergadura. De implementarse el sistema planteado por Mariana Aylwin y comprometido en el programa del Presidente Lagos se daría un gran paso adelante en el sentido de terminar con la injusta división entre instituciones con y sin apoyo del Estado.
¿Cómo se puede aceptar que el Estado cree dos categorías de jóvenes chilenos, otorgándole a una oportunidades que niega a la otra? ¿Cómo admitir una discriminación tal cuando es bien sabido que la mayoría de los jóvenes de clase media y baja que egresan de la enseñanza municipal deben inscribirse en instituciones privadas de educación superior, es decir, precisamente donde no pueden tener acceso a créditos y becas?
¿Cómo podría ser racional y justo destinar las becas y créditos financiados con apoyo fiscal exclusivamente donde cada nueva vacante creada cuesta, en promedio, 180 veces más al erario público que en las instituciones privadas, donde el Estado hasta ahora había decidido no invertir?
Para terminar con tales discriminaciones y, al mismo tiempo, aumentar la equidad de la educación superior chilena, el Mineduc ha lanzado la iniciativa que comentamos.
Al abrirse el actual gobierno hacia las instituciones privadas, como en su momento hizo el gobierno de la República al dar su respaldo financiero a las universidades católicas o a otras vinculadas al empresariado y a los profesionales de Valparaíso, Concepción o Valdivia, está dando un paso en la dirección correcta. En efecto:
ˇ Han sido estas instituciones —creadas con posterioridad al año 1980— las que han permitido hacer el tránsito desde una educación superior de élites hacia una educación superior masiva y más consonante con los principios democráticos de acceso;
ˇ En la actualidad, uno (y algo más) de cada dos alumnos de educación superior cursan allí sus estudios;
ˇ Las instituciones privadas han ido progresivamente abarcando casi todas las áreas disciplinarias, ofreciendo plazas para formar ingenieros y abogados, médicos y agrónomos, profesores de enseñanza básica y media, ingenieros comerciales y forestales;
ˇ Adicionalmente, sólo el sector de instituciones privadas de enseñanza superior proporciona hoy masivamente oportunidades de formación técnica, las cuales son aprovechadas, en el caso de las carreras cortas, por jóvenes con escasos recursos;
ˇ Más aún, en las presentes circunstancias la mayoría de los jóvenes provenientes de hogares de ingresos modestos logran cursar estudios superiores en virtud de la oferta de vacantes proporcionada por la enseñanza superior privada;
ˇ El propio Estado ahorra gastos en educación superior al contar con una amplia oferta privada, pudiendo dirigir mejor sus recursos hacia los grupos más necesitados de la sociedad.
Para que el sistema de becas y créditos propuesto funcione será necesario introducir una serie de medidas anexas que aseguren su sustentación en el tiempo. Entre esas medidas, las más importantes tienen que ver con dos aspectos.
Por un lado, será necesario mejorar rápidamente la información que entregan las instituciones —privadas o no— como una manera de ilustrar al mercado y hacer más efectiva la capacidad de opción que tienen los jóvenes. Por el otro, las instituciones deberán demostrar que reúnen los elementos necesarios para tornarse elegibles, esto es, para poder recibir alumnos con créditos y becas financiados (total o parcialmente) por el Estado.
La opinión pública no entendería que tales beneficios fueran a dar a universidades, institutos o centros que luego se muestren no viables o que carezcan de las mínimas condiciones de seriedad y calidad.
Cumplidos dichos requisitos, todas las instituciones —tradicionales o nuevas, públicas o privadas, metropolitanas o regionales, eminentemente docentes o con capacidades de investigación, altamente selectivas o de ingreso casi irrestricto— deberían poder beneficiarse del nuevo sistema. Las reglas deberían ser igualmente válidas para todas las instituciones. Nunca más debería aceptarse que existan en Chile dos castas de jóvenes.
En el futuro cercano, todo esto permitirá a más personas formarse en el nivel post secundario, para que quien lo desee logre desarrollar sus talentos mediante la educación superior.
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