La inversión realizada por una universidad privada en la compra de una clínica de Santiago es mayor al Fondo de Desarrollo Institucional anual que se reparte entre las 25 universidades del Consejo de Rectores. Asimismo, hay universidades privadas que han abierto más de 20 carreras en un año, lo que equivale Ä„a la creación de dos universidades adicionales!
Somos testigos pasivos de una importante noticia para Chile. El Mercurio en su edición del 20 de enero pasado, señalaba que la oferta privada iguala al sector tradicional en la educación superior. El domingo 19 de enero de 2020 probablemente leeremos: Universidades tradicionales ya no despiertan interés en el alumnado. Y la bajada la información dirá: «La mala calidad, la ineficiencia y la poca variedad de su oferta parecen ser las razones». ¿Cree usted que esto es sólo ficción?
Hemos visto en las últimas semanas una cantidad sin precedentes de publicidad de las universidades privadas, o también llamadas no tradicionales, en los diarios y en la televisión. Esto muestra no solo la aguda competencia entre estas instituciones por captar alumnos; también permite dimensionar la magnitud de los recursos que manejan. Es importante consignar que detrás de estos avisos es posible ver la enorme inversión en infraestructura, contratación de académicos, formación de programas de estudio y expansión geográfica de estos centros de estudios.
La jefa de la División de Educación Superior, Pilar Armanet, ha llegado incluso a decir que se siente «responsable de alguna manera de esta competencia desleal». ¿A qué se refiere? En lo explícito, a las restricciones impuestas por el Ministerio de Educación al aumento de cupos y aranceles para las universidades del Consejo de Rectores. Sin embargo, la verdadera competencia desleal se da en el nivel de las inversiones que las universidades tradicionales pueden efectuar, dado el decreciente apoyo del Estado a sus propias instituciones.
La inversión realizada por una universidad privada en la compra de una clínica de Santiago es mayor al Fondo de Desarrollo Institucional anual que se reparte entre las 25 universidades del Consejo de Rectores. Asimismo, hay universidades privadas que han abierto más de 20 carreras en un año, lo que equivale Ä„a la creación de dos universidades adicionales! Las universidades privadas crecen y se expanden a lo largo de Chile a una velocidad impresionante, y es probablemente el sector más dinámico de la economía chilena.
Las instituciones públicas, con su actual esquema de financiamiento, no pueden igualar este ritmo de crecimiento. Estas universidades usan recursos que van de cientos de millones de pesos a miles de millones de pesos anualmente con el propósito de financiar a estudiantes de escasos recursos, aportar a la cultura del país y financiar investigaciones que por su naturaleza no son rentables en el corto plazo para el sector privado, entre otros.
No se necesita ser futurólogo para predecir lo que sucederá en unos pocos años con las instituciones públicas. Más bien se requiere conocer la historia, en particular la de la educación pública primaria y secundaria, que alguna vez fue orgullo de Chile y permitió que este país fuera reconocido como uno de los líderes y ejemplo para el resto de América Latina. El fantasma de la suerte que sufrieron los colegios municipalizados ronda en los claustros universitarios públicos, de persistir la actual política de educación superior.
El AFI, ¿instrumento de equidad?
Las universidades chilenas, sean públicas o privadas, reciben un aporte del Estado basado en los 27 mil 500 mejores puntajes de la PAA. Esto ha sido motivo de más de una disputa, especialmente en el último proceso de selección. Considerando los datos revelados en relación al porcentaje de alumnos de bajos ingresos que alcanzan puntajes razonables (alrededor del 9 por ciento), se pone en seria duda la existencia de este instrumento para promover uno de los pilares de la retórica gubernamental, a saber la equidad.
¿Qué objetivo, entonces, persigue este aporte a las universidades que reciben a los alumnos con mejores puntajes? La respuesta, en la práctica, es obtener un bono y al mismo tiempo un alumno de buenos ingresos económicos, que no demandará crédito y que tiene una alta probabilidad de graduarse. ¿Dónde quedan, entonces, los estudiantes de bajos ingresos, que por razones estructurales no obtienen buenos puntajes? La respuesta en el año 2020 será fácil: en las universidades públicas y casi sólo en ellas.
En 1990 el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) captado por las universidades privadas era de sólo el 8 por ciento, y el año 2001 fue de 16 por ciento. Si proyectamos estas cifras incluso con cierta moderación, el año 2020 el AFI captado por el sector privado será de dos tercios del total.
Si las universidades privadas gastaran en crédito y becas la cuarta parte de lo que gastan en publicidad no necesitarían recurrir al aval del Estado para financiar las nuevas líneas de crédito universitario que se implementarán a partir del 2002. Estamos hablando de más de 4 mil millones de pesos, es decir, el financiamiento completo de algo más de 2 mil estudiantes. ¿No es esto una contradicción?
El Estado y el Mercado
Las universidades privadas matriculan antes que las universidades tradicionales. ¿Nuevamente hay competencia desleal? No lo creo. La competencia de las universidades privadas es completamente leal y se enmarca perfectamente en la política educacional chilena. Es el Estado el que impone restricciones severas a las universidades, especialmente a las públicas.
Aquí tenemos una dicotomía grave en el discurso y acción del Estado. Por una parte el Estado se preocupa de lo mal que se encuentra la educación pública primaria y secundaria, reconociendo que esta área ha sido desatendida (y reacciona ahora con una serie de programas o reformas). Por otro lado, este mismo Estado no parece ver el futuro que amenaza a las instituciones públicas de educación superior.
Nuevamente, sin necesidad de futurología alguna, nos encontraremos en unos años más con procesos similares de reacción, esta vez en la educación superior. Si escuchamos con detención el discurso de todos los actores de la educación superior, tan popular en estos días, sobre la importancia de la educación técnica, queda la duda: ¿qué está dispuesto a hacer el Estado en esa dirección? El mismo Ministerio de Educación ha dado respuesta a esta pregunta: a lo más el Estado financiará a unos pocos estudiantes mediante algún mecanismo de crédito. ¿Por qué no hacer lo mismo en las universidades?
¿Para qué (sub)financiar instituciones, si basta con financiar la demanda? Pido al Estado que no nos engañemos más. Le pido y le exijo al Estado que sea coherente en sus políticas de educación superior. El Estado operando a través de mecanismos de mercado, es una completa y total contradicción. Al mismo tiempo, los privados operando según la lógica del mercado pero solicitando de manera creciente recursos al Estado generan una situación en que no sólo se mantienen las desigualdades sino que se agudizan; alguien está equivocado.
Dado que el Estado parece haber perdido el interés en la existencia de instituciones públicas de educación superior sólidas, dinámicas, competitivas internacionalmente, ejemplares para un continente que mira a Chile con especial atención, por qué no resolverlo con políticas claras, evitando gastar recursos de todos los chilenos en una institucionalidad en la que no tiene suficiente confianza, y que consecuentemente el sector privado perfectamente puede reemplazar.
El rol de las instituciones estatales
Hay muchos analistas que creen que el rol del Estado debe estar limitado a aquellas áreas donde el sector privado no tenga interés o no sea eficiente. Asimismo, las teorías de la administración moderna indican que una organización (léase el Estado) debe concentrarse en lo que mejor sabe hacer, y el resto se puede externalizar. Es aquí donde es posible y necesario cuestionar el rol de las instituciones estatales. Esta, que puede ser una discusión ideológica, puede reducirse a una discusión técnica: el Estado debe deshacerse de todas las instituciones, acciones y procesos que son mejor realizadas por el sector privado.
Por lo pronto parece existir una definición clara: el incremento de la tasa de cobertura de la educación superior, por propia determinación del Estado, ha sido cedida al sector privado. Las instituciones públicas y tradicionales, con poco margen para incrementar su matrícula para formar ciudadanos cultos, tolerantes y con convicciones democráticas muy profundas, verán diluir su incidencia en un sistema expansivo y que aún está lejos de encontrar un cierto equilibrio.
Constatamos fehacientemente que las universidades no avanzan a la misma velocidad, si las instituciones privadas van a 100 kilómetros por hora (gracias a los recursos que manejan) y las universidades públicas van a 30 kilómetros por hora. Sólo es cuestión de tiempo para que las universidades públicas ya no sean una alternativa en el «mercado de la educación superior».
El corolario evidente es que el Estado debe garantizar al menos que las instituciones públicas sean altamente competitivas. Es decir, el Estado tiene dos opciones: o bien lleva la vanguardia en materia de educación y proyecta sus instituciones al futuro, o las deja en manos de privados. Aun es tiempo para actuar y evitar los lamentos posteriores. La crítica a la ineficiencia del aparato estatal tiene excepciones, y por ahí se puede comenzar.
* Vicerrector de Desarrollo, Universidad de Talca.
