Según Paul Hellyer, prominente político canadiense, escribe que «la firma del Nafta ha sido, en verdad, la rendición de Canadá. Hicimos entrega a los inversionistas americanos y mexicanos de más derechos que los que poseen los propios ciudadanos canadienses».
El público norteamericano pudo ver hace un tiempo en el canal PBS un extraordinario reportaje de Bill Moyers dedicado analizar el Capítulo Once del Nafta. En vísperas de la firma de un TLC con Estados Unidos, este tema debería tener fundamental importancia para el público chileno. Es muy probable que los negociadores americanos hayan exigido para el TLC con Chile una clausula idéntica a la contenida en el capítulo11 de Nafta. De hecho, el artículo G10 del TLC entre Chile y Canadá es un clon del Capítulo 11.
Al igual que en Estados Unidos, como lo demuestra Moyers, también en Chile debe existir profunda ignorancia con respecto a lo que esta legislación significa. Pero dos casos han recientemente alertado a los habitantes de por lo menos dos estados de la gran república del Norte, California y Alabama. Ambos enfrentan en la actualidad demandas judiciales de empresarios canadienses que suman más de un billón de dólares, y ésto sólo por el hecho que una legislatura (en el caso de California) y una judicatura (en el caso de Alabama) hayan intentado proteger los legítimos intereses de sus habitantes.
Ambos estados ven ahora que sus institutiones soberanamente democráticas están siendo sobrepasadas por empresas canadienses que esgrimen el Capítulo 11 en sus demandas (es interesante notar que en el caso de California, la empresa canadiense es Methanex, una de cuya plantas opera en Punta Arenas).
Lo irónico de estas demandas es que en el pasado reciente han sido los ciudadanos canadienses quienes han visto sobrepasadas sus instituciones democráticas por demandas de empresas americanas. La experiencia de este país hace valedera la opinión de Paul Hellyer, prominente político canadiense, ministro de Estado y también viceprimer ministro en administraciones pasadas.
Su opinión podría ser de utilidad para quienes estén interesados en generar un debate público en torno a este asunto en Chile. En su reciende artículo, titulado Canada Unbound, Hellyer escribe que «la firma del Nafta ha sido, en verdad, la rendición de Canadá. Hicimos entrega a los inversionistas americanos y mexicanos de más derechos que los que poseen los propios ciudadanos canadienses».
«Según el Capítulo 11, cuando alguna rama del gobierno federal, provincial o municipal, promulgue o modifique una ley que afecte las ganacias actuales, futuras o potenciales de un inversionista foráneo, tal inversionista puede demandar por daños al Estado canadiense», añade.
«El de Ethyl Corp. es el primer caso, y también el más conocido. Vale la pena citarlo, pues ilustra en forma dramática lo que ha sido nuestra pérdida de soberanía. El Parlamento promulgó una ley prohibiendo la importación, y también la distribución dentro de Canadá, del producto MMT, un aditivo para la gasolina. Ethyl Corp. fundamentó su demanda en una pérdida de sus ganancias y un daño a su reputación corporativa. Cuando nuestros abogados hicieron ver el monto de la compensación exigida, el gobierno decidió resolver este caso extra-judicialmente», explica.
«Para cubrir los costos legales fue necesario pagar 13 millones de dólares. Peor fue que el Parlamento debió abrogar la ley. ¿Qué clase de democracia es ésta en que una corporación foránea puede dictarle leyes al Parlamento de Canadá? Y aún peor es, a mi parecer, el hecho que dos ministros del gabinete hayan sido forzados a declarar ante el Parlamento que MMT no representaba un daño para el medio ambiente y la salud de los canadienses, al mismo tiempo que la evidencia científica indicaba que ese producto constituía un daño para la salud, especialmente la de los niños. Se podría decir entonces que una corporación foránea exigió que el gobierno de Canadá emitiera declaraciones engañosas», agrega.
«Existen varios juicios pendientes. Sun Belt Water Inc. de California nos ha demandado por una suma que fluctúa entre 1.5 y 10.5 billones de dólares porque no le permitimos vender nuestra agua. S.D. Myers Inc., una firma de Ohio, demandó con éxito a Ottawa por imponer una prohibición a la exportación de PCBs destinados a destruirse. United Parcels Services ha presentado una demanda por 225 millones porque alega que Canada Post subsidia a Purolator, su servicio courier».
«Estos casos demuestran claramente cómo las corporaciones se aprestan para la conquista del gobierno mundial. Hay que añadir que una de las características más objetables de esta situación es que las disputas deben ser resueltas por paneles compuestos de tres personas, reunidas en secreto, sin escrutinio de la prensa y no sujetas a establecidas reglas del derecho», concluye.
Hay que dejar constancia que las opiniones de Hellyer no son las de un izquierdista radical o las de un conservador ultramontano, sino las de un estadista que goza de prestigio en círculos liberales y conservadores. Hellyer, al igual que la mayoría de los canadienses, en ningún caso se opone al libre comercio entre las naciones. Sólo propone abrogar el Nafta para reemplazarlo por un sistema de libre comercio más justo. Coincido con Hellyer en este punto.
Mi oposición no se aplica al comercio internacional, sino al nuevo sistema de resolución de disputas que han impuesto el Capítulo 11 del Nafta y sus clones. Este sistema permite que las corporaciones demanden directamente a los gobiernos y les exijan compensación monetaria. En la práctica, esto podría reducir a la impotencia a las democracias que quieran protejer sus intereses en los campos de la salud, la educación y el medioambiente.
También constituye también una tentación para que inversionistas foráneos puedan excusar sus malos negocios alegando controles excesivos o políticas macroeconómicas malencaminadas en el país huésped.
* Renato Cristi es académico de la Universidad Wilfrid Laurier de Canadá, y autor de «El Pensamiento Politico de Jaime Guzman: Autoridad y Libertad» (LOM Ediciones).
