La idea de vivir en un Estado de Derecho es, afortunadamente, algo que se va abriendo paso cada vez más en la conciencia de las personas, más allá de sus personales creencias, ideología, costumbres y todo lo que hace a la conducta privada y social.
En bastante ha contribuido a ello no sólo la permanencia de gobiernos democráticos sino también, y esencialmente, las nuevas espectativas que han surgido después de 12 años de autoridad elegida por decisión popular y, curiosamente, también la exagerada concentración de la riqueza en pocas manos y, por ende, la debilidad que tiene, o siente, el ciudadano común para ser beneficiario de los normales servicios que hacen la vida diaria de las personas.
Pero, como muchas otras cosas, esto del Estado de Derecho no es fácil ni gratis y se requiere de un esfuerzo permanente y de luchas serias para conseguir que se vaya haciendo más real y sirva a los ciudadanos. Más aún, la permanencia de leyes y
reglamentos que vienen desde el cercano pasado dictatorial, es un obstáculo serio para que el derecho sea un instrumento democrático.
Voy a poner un ejemplo que me concierne en lo personal para señalar cómo la jungla legislativa, unida a las insuficiencias de los parlamentos que ha habido desde 1990, hacen la vida ingrata o niegan derechos que son obvios: los dictámenes Nos.20.027 y 21.430 y reiterados después por el nro.7.485 de 1998 de la Contraloría General de esta República niegan el derecho a vacaciones proporcionales a los años servidos, a quienes hayan tenido desempeños laborales regidos por una legislación extranjera. Si se creó la Oficina del Retorno, se crearon leyes para los exonerados políticos de la dictadura, incluyendo el reconocimiento de años para los efectos previsionales, y sin embargo se siguen aplicando estos dictámenes, lo que me huele más a tontera o diablura que a seriedad.
Eso sería suponer que los exiliados o vivimos de nuestras rentas en el extranjero o que somos ciudadanos de segunda clase y que debemos quedarnos calladitos pues el Supremo Gobierno como llaman por aquí a quienes son elegidos, nos ha hecho «el favor» de ayudarnos con tal o cual medida correctiva.
¿Tiene algo de dignidad este argumento? ¿No será que esta alma nacional contagiada de piñufla ha hecho cosas similares con los mapuches, los aymaras y los Rapa Nui? ¿No podría ser que de esto emane una buena parte de los problemas que hoy tenemos?
Se hace uso de las normas de derecho para evitar los cambios, prostituyendo el sentido que los filósofos del derecho dan al mismo, esto es asegurar el bienestar y la felicidad de las personas.
Como yo sigo creyendo más en Thomas Jefferson que en José Stalin, creo que este nuevo parlamento y el gobierno tienen la obligación de revisar toda esta maraña jurídica para hacer de nuestra legislación algo que no discrimine ni niegue derechos a nadie.
Clarito, a nadie.
