En los últimos días hemos sido testigos de un hecho político relevante: el diputado socialista Sergio Aguiló ha hecho una dura crítica al Gobierno y a la Concertación y ha expresado que a partir de ahora votará en conciencia y ya no por una mal entendida lealtad, lo cual significa que sólo votará favorablemente las iniciativas que vayan en la dirección del crecimiento con igualdad.
Si bien las críticas apuntan fundamentalmente hacia el modelo de desarrollo vigente, que es un problema estructural que va más allá de la responsabilidad de una Administración, la verdad es que el Gobierno -lejos de todo lo esperado y soñado por muchos- no ha hecho nada por poner más énfasis en lo social, sino más bien ha sido aliado de los intereses económicos dominantes.
Así, ha tenido una actitud vacilante, por decirlo eufemísticamente, respecto de materias que dañan directamente a la población en general y que van en beneficio de grupos de poder.
Lo primero que salta a la vista es lo ocurrido con Telefónica donde el entusiasta esfuerzo del gobierno para modificar el decreto tarifario correspondiente, deja consternados a los que creemos en las reglas claras y estables, pero para ambos lados y no sólo cuando el principio es esgrimido por los sectores empresariales más poderosos.
Otro caso alarmante fue la exigencia de renuncia a Francisco Fernández como Fiscal Nacional Económico, por su simpatía hacia las regulaciones y los usuarios.
Pero, a mi entender, lo más grave es lo ocurrido con las tarifas eléctricas durante los últimos 2 años, las que han aumentado en más de un 20% para el sector residencial, es decir para LA GENTE. Para el sector industrial, particularmente la pequeña industria el impacto es aún mayor, lo cual es particularmente grave si se tiene en cuenta la relevancia de este sector en materia de empleos y crecimiento.
La Cámara de Diputados determinó en mayo del 2001, que la Comisión de Minería y Energía se constituyera como Comisión Investigadora para indagar estos hechos, comisión que llegó a conclusiones demoledoras en contra de la autoridad sectorial, la Comisión Nacional de Energía, las que en síntesis señalan que la autoridad no siguió los procedimientos establecidos en la legislación vigente para el proceso de fijación de tarifas de distribución, lo que tuvo como consecuencia mayores ingresos para las empresas de distribución eléctrica, que por cierto son de cargo de todos los usuarios. Por ejemplo se determinó que Chilectra obtendrá ingresos adicionales a los establecidos por la legislación eléctrica por sobre los 30 mil millones de pesos anuales, la compañía General de Electricidad CGE, que abastece zonas como Rancagua y Talca obtendrá ingresos adicionales por sobre los 10 mil millones de pesos anuales.
Lo anterior significa que las tarifas de distribución en la Región Metropolitana, abastecida por Chilectra, determinadas por la Comisión Nacional de Energía son, en promedio, un 37% más altas que lo que debieron haber sido si se hubiese cumplido con la ley. En tanto en zonas como Puente Alto, El Bosque, La Pintana, San Bernardo, Rancagua, Talca, Chillan, Concepción, Talcahuano, Temuco, entre otras, abastecidas por distintas empresas, las tarifas determinadas por la CNE son un 26% más altas que si se hubiese obrado de acuerdo a la legislación vigente.
Chilectra, luego que le fueron fijadas sus nuevas tarifas, siguiendo un proceso cuestionado por la Comisión Investigadora de la Cámara, confirma tal hecho con un aumento de sus utilidades operacionales de 7%, lo que va contra toda lógicaÂ… se supone que cada fijación tarifaria transfiere a los usuarios el adelanto tecnológico y las mejoras de eficiencia de la empresa ocurridas en el período que duraron las tarifas anteriores y no lo contrario. Parece inaceptable que empresas con tarifas reguladas aparezcan en los primeros lugares en el ranking de rentabilidades de empresas nacionales, teniendo en cuenta que su negocio está prácticamente exento de riesgos.
Si bien, el 90% de la población está de acuerdo con el modelo económico «social de mercado» con más o menos énfasis en lo social o en lo de mercado. también ese mismo 90% entiende que este modelo sólo es sostenible si las regulaciones son aplicadas en forma equitativa y existe simetría entre usuarios y proveedores de bienes y servicios.
Más que un problema de modelo, creo que estamos frente a un tema de aplicarlo con equidad, lo cual sí es responsabilidad del gobierno de turno.
Los cambios de los noventa nos hicieron soñar con un país sin privilegios de algunos sobre otrosÂ… volver a esos privilegios sería una pesadilla.
* Consultora independiente. Fue secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía.
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