Al llegar a ese escenario, como esperamos y deseamos, estaríamos ante un ejemplo de excelente ejercicio democrático y de participación ciudadana.
En una columna publicada el 20 de marzo pasado en El Mostrador.cl informamos acerca del cambio de uso de suelo de un terreno isla de 2.5 hectáreas y de la ejecución de una obra de vialidad que secciona el Parque Intercomunal. Ambas situaciones han sido rechazadas por un importante número de vecinos, incluyendo a los dos diputados del distrito de La Reina y Peñalolén (Enrique Accorsi, de la Concertación, y María Angélica Cristi, de oposición), lo que demuestra la transversalidad del conflicto.
Esperábamos alguna respuesta de los municipios de La Reina, Providencia y Las Condes, administradores del parque, ya que imputábamos ilegalidades en la modificación en comento. Como han optado por el silencio, estimamos que es de suma utilidad que la opinión pública conozca ahora otras situaciones poco transparentes que no han sido cubiertas por la prensa.
En efecto, esta área verde de uso público está conformada por dos parques : uno está consolidado y el otro es un peladero. El primero, el de la discordia, se localiza en La Reina y tiene 60 hectáreas, y limita con las calles Padre Hurtado, Bilbao, Florencio Barrios y Valenzuela Puelma. El segundo está en el sector jurisdiccional de Las Condes, al oriente de Padre Hurtado, y tiene 50 hectáreas. Aquí se va a desarrollar un complejo deportivo gestado por el futbolista Iván Zamorano, sobre la base de una concesión recién otorgada.
Tenemos conocimiento que este efectivo aporte a la ciudad será de primer nivel, y si el concesionario es ese destacado deportista de élite, podemos estar seguros que la comunidad saldrá ganando con esta intervención urbana de corte netamente recreacional.
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) permite ciertas actividades en estos parques: equipamiento de áreas verdes, recreacionales, deportivas, de culto, científicas, culturales, de esparcimiento y de turismo al aire libre. El instrumento normativo expresa que todos los usos no indicados en su artículo 5.2. están prohibidos.
La porción del parque situado más al oriente, vale decir, el que corresponde a las 50 hectáreas de Las Condes, tiene en su zona precordillerana un área de preservación ecológica, que se emplaza sobre la cota 900 sobre el nivel del mar.
Por otro lado, considerando que los administradores del parque son los tres municipios mencionados, existe una Junta de Alcaldes presidida alternativamente por cada uno de ellos. Actualmente el mandamás es el alcalde de Las Condes, a quien el 25 de febrero le hemos solicitado los contratos de diversas y discutibles actividades particulares que se desarrollan en el Parque.
Como no recibimos su respuesta, en días pasados presentamos una acción judicial (Rol C-01912) de amparo al derecho a la información, conforme a las disposiciones de la Ley NÅŸ 19.653 sobre Probidad Administrativa.
Cuando los tribunales de justicia ordenen a dicho municipio que nos entregue la información solicitada, conoceremos documentadamente el contrato de donación de los terrenos del parque por parte de la familia Gandarillas; el contrato de una planta de áridos; los contratos de las instalaciones para almacenamiento y/o tratamiento de aguas de Aguas Andinas S.A., y el permiso de edificación y rol del Servicio de Impuestos Internos de una cómoda y espaciosa vivienda unifamiliar que es habitada por un ejecutivo de dicha empresa privada.
Tan pronto nos impongamos de las condiciones contractuales que originaron esas actividades privadas dentro del Parque, creemos que habrá impactantes novedades en esta controversia, a la cual recientemente han ingresado algunos directores del Colegio de Arquitectos de Chile quienes a título personal le han entregado un apoyo solidario a su colega alcalde de La Reina.
Por otro lado, el Comité de Defensa del Parque está trabajando esforzadamente para reunir la cantidad de firmas necesarias (10 por ciento de los inscritos en los registros electorales de La Reina) con el fin de hacer posible el plebiscito contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Si los dirigentes vecinales logran su objetivo, será la primera vez que dentro de la institucionalidad un municipio llame a una consulta vinculante para zanjar un conflicto local.
Al llegar a ese escenario, como esperamos y deseamos, estaríamos ante un ejemplo de excelente ejercicio democrático y de participación ciudadana. Ello podría considerarse como el preludio del gran plebiscito a nivel nacional que están organizando diferentes cuerpos colegiados intermedios y destacados actores de la sociedad civil, cansados con el autoritarismo emanado de las cúpulas que ejercen el poder.
Estaremos atentos a lo que informen los dirigentes de estas necesarias movilizaciones ciudadanas, que tanto bien le harían a nuestra acomodaticia sociedad. Estamos seguros que mayo será el mes de la expresión y voluntad popular. Recordemos que la propia Constitución Política del Estado nos dice que los plebiscitos son los que legitiman las acciones de quienes ejercen la autoridad.
* Agrupación «Defendamos la Ciudad».
