¿Será que a los ciudadanos no les interesa? ¿Será que algunos que definen esos temas como «técnicos» en realidad aspiran a dejarlos fuera del debate popular?
Del 21 de mayo a esta parte, el Plan Auge ha sido el tema de la política nacional. La razón es evidente: la preocupación ciudadana por la salud, las dificultades para tener acceso a ella en un nivel digno, las tribulaciones por las modificaciones contractuales unilaterales de las isapres, los miles de millones involucrados y el terror a quedar desprovisto de garantías mínimas -y en los hechos terminar condenado a su suerte- son inquietudes crecientes.
En una sociedad en que las conquistas son también fuente de angustia (por ejemplo, las oportunidades que ofrece la globalización tienen su contrapartida de exponernos a nuevas incertidumbres), la aspiración de tener lo mínimo en materia sanitaria está entre las primeras prioridades.
Sin embargo, para el ciudadano común el Plan AUGE sigue teniendo mucho de desconocido. Sus contenidos parecen comenzar a socializarse, pero de que falta, falta.
Como se ha visto, una vez más buena parte de la discusión se ha detenido en el tema de los impuestos y los mecanismos para obtener recursos. Como ocurre en esos casos, ha vuelto a esgrimirse esa improbada contradicción entre el crecimiento y la capacidad de la sociedad para establecer mecanismos de justicia, de disminuir las desigualdades y repartir de manera mínima cuestiones que, vistas las cosas, igual son bastante mínimas.
Es comprensible que el mundo empresarial se espante ante anuncios de impuestos o -sea cual sea el mecanismo- de recorte a sus utilidades. Es comprensible, porque ya desde hace años buena parte de lo que se entiende como el mundo empresarial -que no necesariamente refleja a todos los empresarios-, por el rol que ha jugado se siente dueño de una verdad similar a la que se sentían dueños, hace ya bastante tiempo, los marxistas. Seguramente con menos pasión ideológica, pero con similar certeza.
Ese espanto también se entiende porque en gran medida las altas tasas de crecimiento logradas desde fines de los años ’80 se construyeron con manga ancha hacia los empresarios, algo inusual en las democracias occidentales.
Es el mundo empresarial, fundamentalmente a través de la Sofofa, el que ha postulado, en conjunto con el gobierno, lo que se ha bautizado como la «agenda Pro Crecimiento» que, en síntesis, es una serie de propuestas que activarían la inversión y la producción, alentarían nuevos negocios y trazarían un camino hacia la recuperación de tasas de crecimiento que se han perdido, en buena medida por la crisis internacional.
Lo notable es que por parte de la ciudadanía existe tanto desconocimiento sobre esa agenda que como en relación al Plan AUGE. El chileno común no tiene idea de las medidas propuestas por los empresarios, y sobre todo por los efectos prácticos, concretos y hasta inmediato de esas proposiciones.
¿Será que a los ciudadanos no les interesa? ¿Será que algunos que definen esos temas como «técnicos» en realidad aspiran a dejarlos fuera del debate popular?
Hay en este punto una extraña hermandad entre el Plan AUGE y la agenda Pro Crecimiento. Cuando se habla de consenso -algunos hacen gárgaras con el término- ¿se piensa que ambas iniciativas son imposibles de consensuar? ¿O solo es el deseo de debatir e incluso de usar políticamente la trifulca, pero no poner sobre la mesa de la discusión ciudadana las iniciativas del mundo empresarial?
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