Ni los parlamentarios ni los dirigentes políticos de esos partidos, algunos de los cuales fueron compañeros de lucha con los prisioneros, han mostrado preocupación por su suerte. El Ministerio de Justicia no ha hecho nada significativo para reparar el cúmulo de abusos judiciales cometidos.
En el ultimo tiempo han fructificado en parte las gestiones que con tanta abnegación ha realizado desde hace tiempo el padre Alfonso Baeza, y ello ha derivado en la existencia de un grupo de parlamentarios preocupados del problema de los presos de la Cárcel de Alta Seguridad, tratados tan injusta y discriminatoriamente por el Estado chileno.
Pero inmediatamente la denominada bancada militar vio en estas gestiones la oportunidad de conseguir una ley de «punto final» que favorezca a los presos por violaciones a los derechos humanos. Nadie puede negarle a esos parlamentarios el derecho de realizar tales gestiones, pero un caso no tiene absolutamente nada que ver con el otro desde el punto de vista político, jurídico y moral.
Cada vez que me ha tocado escribir sobre este problema, y han sido varias veces, he dicho lo mismo. En el caso de estos presos ha existido un ensañamiento judicial y la total ausencia de un debido proceso. Además, han estado sometidos a duras condiciones de encierro y normas especiales, y solo recientemente algunos reos han podido gozar de las ventajas carcelarias de la salida vigilada con reclusión nocturna. Además, nunca estos reos han gozado del derecho a libertad bajo fianza al cual han tenido acceso Manuel Contreras o Alvaro Corbalán.
Esta desigualdad de derechos de seguro tendrá alguna explicación jurídica en relación con la tipificación de los delitos, pero es aberrante para el sentido común.
Para mí, estos presos de la Cárcel de Alta Seguridad sin duda cometieron delitos que no justifico en absoluto, aunque hayan sido guiados por la intencionalidad política. Nunca he pensado que el uso de la violencia tenga justificación en las luchas de la izquierda, excepto en el caso extremo del combate a una tiranía o una ocupación extranjera que no puedan ser resistidas por otros medios.
Pero no entiendo la venganza que en la práctica han debido soportar. Después de siete a diez años todavía no tienen terminados sus juicios ni sanciones a firme, y han debido esperar en prisión que los tribunales los juzguen. Ello ha ocurrido, para colmo, en una período de democracia política y estando la Concertación en el gobierno.
Ni los parlamentarios ni los dirigentes políticos de esos partidos, algunos de los cuales fueron compañeros de lucha de los prisioneros, han mostrado preocupación por su suerte. El Ministerio de Justicia no ha hecho nada significativo para reparar el cúmulo de abusos judiciales cometidos.
Más aún, hace pocos días el ministro de Justicia ha advertido que no facilitará la posibilidad de un indulto que favorezca a estos presos. Quizás emitió esas opiniones irritado por la entrevista concedida a El Mercurio por Guillermo Ossandón. La verdad es que si fuera así, no entiendo el motivo de esa molestia, a menos que el objetivo sea convertir a esos presos en muertos cívicos.
Pero menos entiendo su comportamiento, tanto cuando fue subsecretario como ahora que es ministro, frente a un caso que no tiene solución posible si su repartición no adopta una actitud acorde con posiciones humanistas y de clemencia.
Es lógico que el ministro de Justicia luche contra la proliferación de grupos subversivos. Pero él menos que nadie puede ignorar que el Mapu Lautaro, al cual pertenecen o pertenecieron la mayor parte de los presos, no era un grupo que propiciaba la toma militar del poder. El menos que nadie puede ignorar que algunos de los presos fueron brutalmente torturados en el período de la dictadura, lo que explica la clandestinización de un grupo que originalmente no lo era. El menos que nadie puede ignorar los abusos judiciales cometidos en los procesos.
Sí se dio cuenta de esto el senador Larraín, quien fue el que utilizó primero la expresión, no puede ignorarlo el ministro de Justicia.
La solución de lo que viven estos presos depende de la generosidad política, de la actitud clemente del ministro de Justicia y del Presidente de la República. Sólo si ellos adoptan alguna iniciativa los parlamentarios podrán pronunciarse.
Durante muchos años estos presos han pagado sus errores políticos y se han convertido en una especie de chivos expiatorios. Mientras Manuel Contreras recibía siete años de sentencia por el asesinato de Letelier, Guillermo Ossandón lleva los mismos años esperando una sentencia.
¿Pueden compararse uno con otro? Esta pregunta es absolutamente legítima, porque la justicia está obligada a juzgar con proporcionalidad. Contreras, Corbalán y los otros torturaron y asesinaron masivamente amparados en el poder del Estado. Lo más probable es que muchos de los presos de la CAS hayan cumplido sus penas cuando se finiquiten los procesos y se dicte sentencia. Pero esa noticia la recibirán estando encerrados.
Es hora que el actual presidente de la Corte Suprema continúe la labor realizada por Roberto Dávila y consiga que estos juicios lleguen rápidamente a su fin. Pero cuando esto ocurra -espero que muy pronto, porque es obligación de la justicia- será responsabilidad del ministro de Justicia actuar guiado por criterios de humanidad y clemencia, los que ha faltado aplicar en estos años.
Si esos criterios hubieran sido aplicados antes, los gobiernos de la Concertación habrían honrado su sentido de justicia, desterrando cualquier indicio de venganza.
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