Si el alcalde optó por desechar otras vías para obtener recursos, si quiso decidir esto en forma poco transparente y si no quiso consultar a la comunidad, debió haber defendido mejor los intereses de la comuna y logrado un mejor precio.
A propósito de la polémica por la venta de los derechos de gratuidad para el agua potable del municipio de Santiago, el alcalde Joaquín Lavín ha defendido su decisión argumentando que necesitaba vender estos derechos porque no tiene recursos, y había heredado un déficit en el presupuesto municipal.
En el mismo tema, el diputado Nicolás Monckeberg ha planteado una fuerte crítica a la gestión del ex alcalde Jaime Ravinet, dando a entender que la actual administración municipal ha debido recurrir a esta venta para cubrir el mencionado déficit.
Los argumentos elegidos por el alcalde y el diputado son inexactos y peligrosos, y no pueden ser dejados sin respuesta.
1. El municipio de Santiago quedó el año 2000 con ingresos superiores a 56.000 millones de pesos, pese a que en el momento en que fue recibido por Ravinet solo contaban con 13 millones de pesos.
Como consecuencia de ese aumento de ingresos, el déficit municipal que quedó cuando Ravinet dejó el cargo era claramente inferior, como proporción del presupuesto municipal, al que encontró en el momento de asumir.
2. El presupuesto 2001 con el que inició su gestión el señor Lavín establecía un colchón de mil 500 millones de pesos destinado a cubrir cuentas pendientes . Es decir, el déficit del municipio quedó cubierto en el presupuesto que Ravinet le heredó a Lavín.
Además, se contemplaba una partida de 3 millones de pesos para ser destinados a proyectos nuevos, o a cubrir posibles reducciones de ingresos.
Se trataba, por lo tanto, de un presupuesto que cubría los pagos pendientes y además dejaba un margen importante para que el nuevo alcalde emprendiera nuevas iniciativas o enfrentara eventuales dificultades. Ya quisiera la mayoría de los alcaldes nuevos comenzar su gestión con condiciones como esas.
Dicho presupuesto, dicho sea de paso, fue aprobado con la participación del entonces concejal Nicolás Monckeberg, quien no planteó en su momento ninguna de las críticas que ahora señala.
3. La Corporación de Desarrollo Cultural de Santiago y el Teatro Municipal, que también tienen déficit presupuestario, cuentan con ingresos y presupuestos propios. Mezclarlos con el presupuesto municipal, como hizo en sus declaraciones el diputado Monckeberg, es impreciso e inadecuado.
Es cierto que el Consejo de Desarrollo Municipal tenía un crédito pendiente por 4 mil 500 millones de pesos, pero ese crédito estaba garantizado por un mall de calle San Diego y no tenía por qué ser cubierto con recursos municipales.
El alcalde Lavín pudo permitir que el Banco liquidara el mall o cederlo a la ampliación que necesita el Instituto Nacional a cambio de los aportes del Ministerio de Educación, pero prefirió renegociar la deuda y pagarla con recursos de la Corporación de Desarrollo Municipal. Mala decisión, pero es una opción suya, no del antiguo alcalde.
El déficit del Teatro Municipal existe y ha existido siempre. Era de mil 600 millones de pesos el año 2000. En el primer año de gestión de Lavín se elevó a 2 mil 600 millones. Difícil es culpar a Ravinet por ello.
4. Si es por hablar de déficit, sumando todo lo que se le endosa al ex alcalde Ravinet llegamos a 10 mil millones de pesos, con todas las prevenciones que he planteado.
En el municipio de Las Condes, en cambio, el ex a alcalde Lavín dejó cuentas pendientes por 15 mil millones de pesos, correspondientes al pago diferido de obras realizadas en su gestión por 21 mil millones de pesos. Es decir, de las obras que hizo sólo canceló la cuarta parte, y las tres cuartas partes restantes las dejó para sus sucesores.
5. El problema financiero del municipio existe, por cierto, pero no se debe al déficit heredado, sino a la reducción de ingresos municipales que ha sucedido desde que el alcalde Lavín asumió el cargo. Se trata de la misma reducción de ingresos que han enfrentado muchas familias, empresas e instituciones públicas, a causa de la difícil situación económica de los últimos años.
Es precisamente en situaciones de restricción en las que se ponen a prueba las capacidades de gestión. Es fácil tener una gestión lucida en la comuna con menos problemas sociales del país y en los años de mayor abundancia económica, como le sucedió a Lavín en Las Condes. Pero el mundo y Chile se parecen mucho más a Santiago que a Las Condes. Más aún, Santiago es todavía una comuna rica y privilegiada respecto a la realidad de la mayoría del país.
6. No es efectivo que al alcalde Lavín se le hayan cerrado todas las puertas para enfrentar las dificultades financieras del municipio. Al contrario, el año pasado, el ministro de Hacienda autorizó al municipio a realizar un leaseback con los juzgados de policía local, que permitió obtener 4 mil millones de pesos. Si la Concertación o el Gobierno quisieran obstaculizar la gestión del alcalde, impedirle hacer obras y cumplir su programa, hubiera sido muy fácil negar ese permiso. No fue así. La autorización se otorgó, pero los recursos se gastaron en proyectos cuyo impacto y beneficio social han sido poco claros.
También se incluyó a la comuna de Santiago entre las participantes del programa de seguridad ciudadana Comuna Segura Compromiso Cien, que ha permitido al alcalde tener acceso a financiamiento para proyectos de la comunidad. Varias veces hemos visto a Lavín difundiendo por los medios de comunicación la realización de dichos proyectos, pero jamás se le ha escuchado mencionar que han sido posibles gracias al financiamiento otorgado por el gobierno del Presidente Lagos.
7. Si se insiste, pese a todo, en analizar cómo quedó Santiago tras la gestión del alcalde Ravinet, es imposible ser serios y justos sin reconocer que esa comuna revirtió la situación de degradación, despoblamiento y empobrecimiento en que se encontraba antes de su mandato.
Prueba de ello son el programa de repoblamiento de Santiago; el rescate del barrio que antes ocupaba la Cárcel Pública; la construcción del Parque de Los Reyes; la remodelación de la Alameda y de los paseos Ahumada y Huérfanos; la solución del comercio callejero; la creación del primer Centro de Prevención y Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar; el rescate de los barrios Brasil, Yungay y República; el impulso de los primeros programas exitosos de seguridad ciudadana con participación municipal, vecinal y de Carabineros; el desarrollo de Cabildos Comunales con amplia participación ciudadana, donde se fijaban las prioridades de la gestión municipal; la creación de los Comités de Adelanto por barrio; la fundación de SantiagoInnova, esfuerzo de apoyo y fomento de la pequeña y micro empresa, entre muchos otros.
Todo esto demuestra la calidad y el éxito de la gestión Ravinet. Ojalá que la actual gestión tuviera la mitad de las ideas para hacer cosas y para obtener recursos que existió en esa época.
8. También son inaceptables las explicaciones del diputado Monckeberg y del alcalde Lavín, porque incluso si fuera cierta la existencia de un déficit financiero, eso no justificaría que se vendieran los derechos de gratuidad del agua como se hizo.
Había otras caminos para obtener recursos, menos costosos para la comunidad y menos comprometedores para el futuro de la comuna. Yo personalmente le propuse alternativas al alcalde, pero prefirió insistir en su propuesta de vender estos derechos.
Incluso si Lavín insistía en su idea, debería haber actuado en forma más transparente, mostrando a los concejales los estudios técnicos que tenía y permitiendo un debate democrático y serio. Idealmente debió haber consultado a la comunidad, tal como prometió en su campaña.
Si el alcalde optó por desechar otras vías para obtener recursos, si quiso decidir esto en forma poco transparente y si no quiso consultar a la comunidad, debió haber defendido mejor los intereses de la comuna y logrado un mejor precio.
A cambio de 6 mi 500 millones de pesos, Santiago deberá pagar de por vida una cuenta de agua que hoy es de 650 millones de pesos al año y llegará a ser mucho más alta. Lo normal es que títulos como este se transen a su valor de 30 ó 50 años, Ä„no al precio de 10 años, como hizo Lavín!
9. Por último, justificar la venta de un activo comunal, patrimonio de toda la comunidad, de carácter perpetuo, teniendo como único argumento la necesidad de recursos es una aberración.
Es un principio esencial de la venta de activos públicos el que no solo se persiga obtener financiamiento, sino que la venta sea conveniente desde el punto de vista de la administración y destino final de dichos activos.
Por eso, generalmente se debe demostrar que una empresa estará mejor administrada después de venderla, o que mantenerla en manos públicas implicará un gasto que es excesivo.
En el caso de la privatización de las sanitarias, por ejemplo, con todo lo polémica que fue esa venta, se justificó su realización no solo como una medida para obtener recursos, sino principalmente como la forma de hacer las inversiones necesarias en el sector sin desviar esfuerzos del presupuesto público.
Es decir, el fisco no sólo obtuvo un ingreso adicional, sino que se ahorró un gasto y garantizó que se harían las inversiones de tratamiento de aguas servidas sin desviar recursos presupuestarios.
En el caso de la venta de los derechos de gratuidad del agua en Santiago, en cambio, no se da ninguno de estos supuestos. La comunidad no se beneficiará de ningún ahorro, porque mantener la gratuidad no implicaba gasto alguno. No se propenderá a la mejor administración de ese activo, simplemente porque esos derechos de gratuidad se extinguirán y no pasarán a nadie más.
En definitiva, esta transacción ha sido una pérdida para la comunidad de Santiago, y para defenderla se han utilizado los peores argumentos.
* Diputada por el distrito número 22 (Santiago).
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