La Unión Europea acogió la denuncia de dumping realizada por los salmoneros de Europa en contra de los exportadores de salmón chilenos y aceptó el supuesto de que el producto cultivado en Chile, específicamente el salmón del Atlántico, estaría ingresando al mercado europeo a un precio inferior al denominado «precio normal».
Lo anterior significa que la comisión investigadora estimó que existen suficientes antecedentes para iniciar una investigación que, en definitiva, determinará si efectivamente existe el dumping o no. Si esto se comprueba, los salmones chilenos podrían ser gravados con una sobretasa arancelaria que tendría el efecto de regularizar el precio de los salmones en Europa y equipararlo al precio considerado normal.
No cabe duda que esta acción sería un fuerte golpe a los productores nacionales. El dumping es una práctica anti-comercial en la cual, por diversas razones -subsidios, estrategia de negocios, sobreproducción- se vende un producto a un precio por debajo de su costo. Si nos apegamos a esta definición, no cabe duda que los productores chilenos no están cometiendo dumping.
Sin embargo, en los últimos años se ha extendido el concepto de dumping para abarcar temas antes no considerados, como es el caso del dumping ambiental o dumping social.
Bajo este enfoque, el dumping ocurre por las débiles regulaciones ambientales o estándares laborales existentes en países como el nuestro. Esto, sin embargo, aún no es un criterio para que la Unión Europea establezca medidas, pues se argumenta que la esencia del comercio internacional se fundamenta en el concepto de ventajas comparativas, lo que en el caso de Chile serían sus bajos salarios y la disposición de las autoridades a permitir bajos estándares ambientales. Por lo tanto, bastaría que los salmoneros cumplieran con la legislación vigente en Chile para que no se aplicara la temida sobretasa arancelaria.
Lo más probable es que la investigación arroje un resultado positivo para los productores chilenos, pero esto no significa que sea una acusación sin fundamento ni que el criterio de las ventajas comparativas sea suficiente para dar cuenta de la situación. Muy por el contrario, las prácticas productivas del sector acuícola chileno, como las de otros sectores vinculados a la explotación de recursos naturales, deja mucho que desear e inevitablemente será fuente de conflicto permanente al interior del país y con nuestros socios comerciales.
La razón es muy simple: a pesar del cumplimiento de la legislación vigente la producción del salmón chileno se realiza sin internalizar plenamente los costos ambientales y sociales, vale decir, se realiza sin criterios aceptables de sustentabilidad.
Los salmones cultivados en Chile se producen a gran escala, con mano de obra de baja especialización, debido a la simpleza de la tarea de cultivo, y en el marco de bajísimas exigencias ambientales, gracias al vacío legal chileno que no ha impuesto la prevención ni restauración del daño ambiental que la industria ha generado durante sus veinte años de desarrollo explosivo en Chile.
La literatura científica mundial es clara en la conclusión de que la industria del cultivo del salmón tiene importantes impactos ambientales físicos, químicos y biológicos, que se manifiestan a través de la eutroficación de columnas de agua y, por consiguiente, en cambios de la productividad primaria y en la composición de sedimento de los fondos acuáticos, así como en la transmisión de enfermedades hacia la fauna silvestre o nativa y, potencialmente, al ser humano. Estos impactos se originan a partir de la emisión de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, que se vierten en el ambiente a través del alimento de los peces que no es digerido o por las propias heces de los mismos.
Otras causas que originan un impacto biológico son la transmisión de enfermedades a las especies nativas, generada especialmente por escapes de salmónidos; el uso extensivo de antibióticos en los centros de cultivos y la introducción de especies importadas de otros países.
Asimismo, debido a la ausencia de una fiscalización adecuada, existe evidencia del uso de sustancias prohibidas en algunos centros de cultivo. Por ejemplo, el verde malaquita es una sustancia tóxica que, diluida en agua, se usa para controlar la aparición de hongos en los cultivos. Como se aplica bañando a los peces en ella, la mezcla inevitablemente va a dar a los cursos de agua, especialmente a los lagos del sur.
Los impactos sociales se relacionan con tres aspectos: los salarios de los trabajadores no guardan relación con las ganancias de los exportadores salmoneros; hay desequilibrio en el crecimiento de los salarios respecto de la productividad y las utilidades de la industria, las que no son repartidas por los exportadores, y hay desiguales ingresos entre quienes se dedican a trabajar en las salmoneras y quienes lo hacen en otras actividades en una determinada zona. Esto último genera trastornos socioculturales en las comunidades locales, produciendo y profundizando un cambio importante en las costumbres de las zonas costeras, que han dejado de lado la tierra y la economía de subsistencia.
En Noruega la relación entre los empleados que obtienen el máximo y aquellos que ganan el mínimo por su trabajo es de 3 a 1. En Chile, en cambio, los salarios de los trabajadores se encuentran en torno al sueldo mínimo, monto que además es subsidiado en toda la Novena Región y en las provincias de Palena y Chiloé, en la Décima -según lo dispuesto a través del DL 889- , mientras que los sueldos de los gerentes alcanzan a varios millones.
Aunque efectivamente no haya dumping, los productores de salmones europeos, así como recientemente los de Alaska, se dan cuenta que no pueden competir con una industria que está basada en procesos productivos que no internalizan los costos ambientales y sociales de su actividad. El débil marco regulatorio chileno y la ausencia de una fiscalización adecuada prometen generar enormes problemas ambientales y conflictos sociales a futuro, obstaculizando así la posibilidad de que la actividad acuícola se proyecte.
Por cierto que no se trata de prohibirla, sino de generar instrumentos de regulación y apoyo que permitan que ésta se desarrolle en el marco de criterios de sustentabilidad.
Los criterios generales para una industria sustentable son claros: la transparencia de la información, el rol activo del Estado con un adecuado marco regulatorio, una industria preocupada de su rol social y del impacto ambiental que genera y la disposición a aceptar costos en el corto plazo por beneficios en el largo.
Esperemos que este nuevo llamado de atención de parte de los salmoneros europeos logre cambiar la actitud de la industria chilena y genere la preocupación de las autoridades por la sustentabilidad, de otra manera nuestros lagos y costas estarán a merced de una industria depredadora que será fuente de conflictos permanentes al interior del país y afuera.
* Director de Estudios de la Fundación Terram
