Seguramente todos los estados mayores de las FF.AA. de la región consideran el escenario colombiano un caso de estudio.
Colombia ha experimentado una escalada en su conflicto interno cuyo resultado más previsible es la intensificación de la guerra, de los asesinatos políticos, las represalias masivas contra población indefensa y la emigración de miles de ciudadanos por razones de violencia política. Ello plantea problemas serios a la seguridad de toda la región, no sólo por el peligro de la extensión del conflicto hacia países vecinos, sino por la eventual demanda de apoyo militar de tropas extranjeras.
Las propuestas del nuevo gobierno y el recrudecimiento de las acciones militares de las FARC son un indicativo claro de que el objetivo principal de los contendores es el fortalecimiento de su capacidad bélica y de los medios económicos para sustentarla. El apoyo social importa poco, pues la población civil está obligada a pronunciarse a favor de uno u otro sector, en una especie de cautiverio ineludible que la deja sin opciones de paz y sin salida política en el horizonte.
Recursos económicos para la guerra no faltan. El Plan Colombia aportará más de siete mil quinientos millones de dólares de los Estados Unidos y cuatro mil de contraparte de Colombia. A ello hay que agregar los dineros de impuestos de seguridad y de las industrias del secuestro y narcotráfico en manos de las FARC y los paramilitares, que suman varios cientos de millones de dólares adicionales.
Además, en el contexto del Estado de Conmoción Interior, los sectores empresariales y de ingresos altos de la población deberán aportar el 1,2% de sus ingresos para sostener el enorme esfuerzo bélico emprendido por el Gobierno.
Equilibro político-territorial
El primer tema de este escenario político-estratégico es equilibrar territorial y políticamente el poder que se tiene. Las FARC tratan de dar un salto hacia lo urbano, donde nunca han tenido nada significativo, que les permita balancear su actual estructura de fuerza y presencia política.
El Ejército, en tanto, se renueva hacia fuerzas de desplazamiento rápido y con capacidad de ataque para golpear efectivamente a la guerrilla en sus territorios; y trata de desarrollar una presencia rural permanente a través de una red de informantes civiles. Adicionalmente, se dobla la capacidad policial y se suscriben pactos con los municipios para fortalecer los comités cívicos de seguridad.
Los paramilitares, tercera fuerza en conflicto, pasan por un momento de desarticulación, lo que hace más simple el ejercicio de la violencia. Ello a causa de la decisión de su líder Fidel Castaño de abandonar la jefatura de las Autodefensas Unidas de Colombia y llamar a su disolución.
¿Cuál es el impacto internacional de este conflicto que reúne tantas y tan complejas características? Porque es una mezcla explosiva de narcotráfico, guerrillas, paramilitares, un «estado de vigilancia» impulsado por el Estado, una sociedad en armas con una gran cultura de la violencia, procesos masivos de emigración interna e internacional, con ausencia total de mecanismos políticos legitimados que encaucen los conflictos y los enfrentamientos armados.
Por el momento se habla de una cifra de 250 asesores militares norteamericanos en Colombia (las FARC dice que son dos mil) y de múltiples programas de intercambio y cooperación en materia militar, incluida la Unión Europea. Y seguramente todos los estados mayores de las FF.AA. de la región consideran el escenario colombiano un caso de estudio.
Inestabilidad que perturba
Colombia es un país bioceánico aunque su proyección atlántica sea a través del Caribe. Se monta sobre una de las bisagras comerciales y de seguridad más importantes del hemisferio occidental como es el canal de Panamá. Tiene, además de una presencia caribeña, una proyección hacia el centro de subcontinente sudamericano, con una potente presencia también en la Amazonía.
Su inestabilidad perturba a sus vecinos Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá e incluso Brasil, y contribuye al enorme vacío estatal que hoy se percibe en la cuenca amazónica. Y sus instituciones estatales se encuentran permanentemente expuestas al control del narcotráfico, lo que lesiona un interés nacional declarado de los Estados Unidos, nuestro vecino más poderoso.
La pregunta de fondo es política e involucra a todos los países latinoamericanos. ¿Colombia va a significar «la hora de la verdad» en cuanto a compromisos de cooperación en materia de seguridad, asumidos por todos con creciente intensidad en los últimos años?
Esto es vital para Chile, pues resulta impensable que pueda omitir una reflexión seria sobre el contexto colombiano, teniendo en cuenta no sólo que su interés nacional tiene que ver con mantener condiciones de paz y de un comercio internacional libre de amenazas y perturbaciones, sino también que es prácticamente el único aliado que Estados Unidos quisiera tener a su lado a la hora de una intervención militar directa en Colombia, en razón de su estabilidad y credibilidad internacional y del estado de crisis que exhibe el resto de los países de la región.
Chile ha hecho esfuerzos crecientes por ser un socio creíble en materia de paz internacional. De allí el envío de observadores, misiones especiales y fuerzas de mantención de paz cuando ha sido requerido y la formación acelerada de fuerzas «stand by» para requerimientos futuros de Naciones Unidas. Pero hasta ahora todos los despliegues han sido siempre en ultramar, a excepción de pequeñas misiones policiales en Centroamérica.
Otra cosa sería tener que concurrir con tropas en Colombia. Y la eventualidad de que ello pudiera ocurrir parece mucho más cercana de lo que pudiera pensarse de acuerdo a como evolucionan las cosas. Ello para Chile es bastante más complejo que Timor Oriental o los Balcanes.
La regla general dice que el uso de la fuerza obedece siempre a una lógica política. La lógica indica que en el caso de Colombia el primer esfuerzo internacional debe ser mantener el conflicto como algo nacional y orientar la cooperación al fortalecimiento del Estado legítimamente constituido. En segundo lugar, si es necesaria una ayuda militar, ella debe ser para la generación de un cerco de paz internacional que refuerce lo anterior, y contribuya a agotar la capacidad de guerra de los contendores y potenciar el diálogo.
Si la solución al conflicto es un federalismo radical, una escisión de soberanía o cualquier otra, lo importante es que sean los propios colombianos los que la decidan.
(*) Abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.
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