Por el bien de la gente que confía en sus representantes y por la transparencia de la política, debe haber un código claro de incompatibilidades.
Se ha hecho cada vez más frecuente que destacados personeros del mundo político sean contratados por grandes empresas como ejecutivos, directores, asesores o lobbistas.
Esto ocurre especialmente después de la instalación en Chile de importantes multinacionales que hoy se encuentran presentes en casi todos los sectores de la economía, y que requieren de profesionales chilenos no sólo con capacidades y conocimientos técnicos sino, además, con experiencia en el manejo de las relaciones con las autoridades y con sólidos contactos, ojalá personales, con el mundo político.
En esta área trabajan hoy muchos ex ministros, ex parlamentarios y ex dirigentes partidistas provenientes de la Concertación, cuya colaboración y presencia es esencial sobre todo en el lobby, es decir, en la utilización de ciertos vínculos que permitan a las empresas para las cuales trabajan abrir paso a una determinada política, tener acceso a licitaciones y contratos públicos, condicionar inversiones a determinadas características de los marcos regulatorios o limitar los alcances de las regulaciones y las medidas legislativas destinadas a conferir mayores derechos a los usuarios.
A más de alguno puede resultar incómodo escuchar a ex parlamentarios o ex ministros recurriendo a razones de estado o a razonamientos sobre los efectos de la economía mundial para defender los intereses de las empresas a las que representan. Sin embargo, es una ocupación selectiva de talentos, por cierto legal y legítima, y se generalizará cada vez más en la medida que la economía nacional adquiera la dimensión global que auspician los Acuerdos de Libre Comercio con Europa y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
De esta forma, el mercado se expande, se hace más invasivo en la esfera de la política y recluta operadores dentro de ella, ya que cada uno de los integrantes de esta nueva categoría de ejecutivos y asesores con genes públicos continua manteniendo vínculos, informaciones e influencias que son preciosos para el desarrollo de este trabajo.
Es ya casi habitual que personeros públicos que abandonan puestos de confianza en la administración del estado, especialmente en el área económica y que manejan informaciones que pueden incluso ser reservadas, pasen rápidamente a convertirse en presidentes de un directorio o gerentes de una empresa a la que ayer le tocó regular.
Ello hace necesaria la existencia de un marco normativo que regule los tiempos en que dichos personeros pueden trasladarse de la esfera pública a la privada, que incorpore un código de ética y sanciones estrictas para quienes entreguen información de aquellos negocios del Estado que conocieron y los involucren en información que puede resultar decisiva para los negocios de una empresa privada.
Es también aconsejable regular los alcances del lobby y establecer límites más certeros entre la simple exposición de razones ante autoridades y legisladores y las presiones que se pueden ejercer para defender un determinado interés privado.
La existencia de personas que ocuparon cargos públicos o políticos en roles empresariales o de asesorías a empresas privadas resulta valiosa, pues también se constituyen en un puente entre el Estado, el gobierno y el mundo privado, y su presencia puede ser positiva en la creación de una nueva cultura del mundo ejecutivo y empresarial, menos ideológica, más transversal, con menos desconfianzas recíprocas. Puede incluso servir para incorporar una visión menos unilateral en el mundo de las finanzas y de los negocios.
La existencia de políticos que han tenido importantes cargos en los propios partidos y que hoy están en el mundo empresarial no debe ser vista con recelo por los órganos directivos de dichos partidos, sino como una oportunidad para ampliar el horizonte.
Los partidos necesitan de estas visiones si quieren representar en su accionar la sensibilidad del conjunto del país, deben tener en cuenta qué piensan las empresas y los empresarios en la elaboración de sus políticas y estos personeros pueden también transmitir a las propias empresas imágenes del mundo político menos estereotipadas y contribuir a una mejor relación y a un diálogo más amplio y fructífero en beneficio del país.
Desde luego un personero político que pase al mundo privado no tiene porque abandonar ni sus ideas ni sus vínculos partidarios, si los tiene. Sigue siendo un ciudadano libre y pensante, un militante político -si lo es-, con todo el derecho a intervenir en política.
Los partidos deben crear espacios para que la experiencia y la capacidad analítica de este nuevo «sector» de ejecutivos y lobbistas de procedencia pública puedan aportar a la generación de ideas y proyectos que se incorporen a las visiones programáticas de los partidos y de las propias alianzas políticas. Hasta ahí no hay problemas en la medida que ninguno transgreda los marcos legales y los confines de la ética pública.
Las dificultades se presentan cuando quienes están en esta esfera privada pretenden, además, estar en órganos políticos direccionales o determinar las directrices en el mismo sector donde operan en la esfera de los negocios.
Con ello se corre el riesgo de condicionar absolutamente la política de los partidos, que deben representar a la sociedad y defender los derechos de los ciudadanos, los cuales muchas veces están en contradicción con los intereses de las empresas y con la búsqueda de las mayores ganancias que ellas persiguen.
Si esto ocurre ese partido puede inhibir su fuerza y transparencia para llevar su mensaje a la sociedad y debilitar su capacidad de cambio.
Si esto se admite como posible, se permite la creación de un tejido entre política y negocios que puede crear factores de grave corrupción, como los que afectan hoy a muchos partidos en América Latina, ya que serán el mercado y sus recursos y no las ideas, los proyectos e intereses de los ciudadanos los que primarán al momento de decidir sobre determinada acción.
¿Sería ético y sano para la política que personeros que hoy son ejecutivos de empresas privadas en el sector de la salud, electricidad, sanitarias, mineras, participen activamente en la fijación de la política de un partido en materias regulatorias, costos de planes en salud, impacto medioambientales de ciertas inversiones, compensaciones a usuarios, eventuales tributos, si ellos están en la empresa para representar una determinada óptica y lograr mayores utilidades?
Sin duda sería poco transparente, lesivo para la imagen de un partido y absolutamente reñido con los intereses de la gente, que confía en que el partido o el parlamentario representen sus intereses.
Hay actividades que por naturaleza son contradictorias con la política activa. No se puede estar al mismo tiempo en los dos lados de la mesa. Cada cual debe hacer sus opciones en cada momento y ambas son legítimas e importantes. Pero, por el bien de la gente que confía en sus representantes y por la honestidad y transparencia de la política, debe haber un código claro de incompatibilidades, al menos en aquellos partidos que no representan directamente los intereses de las empresas.
De lo contrario, serán las empresas las que terminarán dirigiendo no sólo el mercado, sino también los partidos y a la política.
* Diputado y vicepresidente del PPD
