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El tiro por la culata

Esperábamos más de la Concertación. Su participación en la comisión especial de la venta de derechos de agua fue pobre, descoordinada, opaca…


Desafiando todas las especulaciones respecto de la conveniencia de su participación en una instancia a todas luces inconstitucional, montada por la Concertación con el único propósito de debilitar su popularidad, Joaquín Lavín asistió voluntariamente a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga la venta de los derechos de agua de la Municipalidad de Santiago, enfrentando a los parlamentarios con una exposición brillante, sólida y transparente, con la habilidad de quien sabe que ha actuado correctamente y no tiene nada que ocultar.



El alcalde de Santiago no sólo aceptó la «invitación» de los diputados, sino que aclaró con precisión cada una de las interrogantes planteadas tanto en la Comisión, como a través de los medios de comunicación; demostrando que su decisión fue acertada y jurídicamente impecable y que, con creatividad, es perfectamente posible contar con recursos públicos, sin necesidad de meter la mano en los bolsillo de los contribuyentes.



Para empezar, demostró que la venta de los derechos de agua de Santiago fue «válida, legal y además necesaria» y que el precio estuvo por sobre su valor real actual y, por tanto, fue un muy buen negocio para la comuna y para sus vecinos. Con cifras en mano, desarticuló de entrada el argumento de la concejala Marta Larraechea, quien ha insistido en que el precio debió ser tres veces superior, una posibilidad utópica e insostenible para un economista serio.



Luego, Lavín fundamentó la fragilidad jurídica de la gratuidad del agua y la posibilidad cierta de que, en cualquier momento, la empresa sanitaria comprometida iniciara acciones para recuperar ese derecho, sin necesidad de pagar un peso a la Municipalidad. Cuestión que, por de lo demás, ya había sido reconocida por los representantes de Corfo en el directorio de Aguas Andinas, cuando se negaron a apoyar la compra de un bien que, en rigor, ya les pertenecía.



El alcalde demostró también la rentabilidad social del destino del dinero recaudado, lo que constituye, por cierto, la verdadera razón del negocio y que curiosamente ha sido en la práctica ignorada por sus adversarios, no obstante los beneficios concretos que ya están empezando a recibir los vecinos de Santiago. Y si de rentabilidad se trata, aclaró que, lejos de perder, el fisco se beneficiará de una transacción que le reportará cerca de 800 millones de pesos adicionales al año, por concepto de impuestos y que, en los hechos, la gratuidad del agua era relativa, porque en definitiva somos los usuarios de la Región Metropolitana los que pagamos esa diferencia, por la vía de las tarifas. .



En cuanto a la supuesta obligatoriedad de realizar una venta de esa naturaleza, a través de un remate o de una licitación abierta, Lavín defendió su decisión con argumentos no sólo jurídicos sin también éticos, señalando que resultaría impresentable, incluso ilícito, pretender que un derecho cedido para el usufructo exclusivo de una institución pueda ser transferido a un tercero.



Ya despejada la cuestión jurídica y económica, el alcalde de Santiago develó una variable ecológica, a mi juicio clave, explicando que un bien por el que no se paga, obviamente se malgasta, y que partir de ahora la comuna se verá obligada a usar racionalmente un recurso escaso, con el consiguiente impacto en materia medio ambiental.



Sinceramente, esperábamos más de la Concertación. Su participación en la sesión fue pobre, descoordinada, opaca, sin el «brillo» político con el que se había estado amenazando en las últimas semanas. En conclusión, a la «Comisión Cazalavín» le salió el tiro por la culata; pretendía horquillar la transacción del alcalde, montando un show comunicacional que pusiera en duda su gestión y debilitara su mayoritario respaldo ciudadano, pero terminó dándole la mejor de las oportunidades para confirmar, una vez más, sus talentos innatos, su firme voluntad, su estilo transparente y la seriedad con la que asume sus responsabilidades públicas.



Diputados y secretario General de la Unión Demócrata Independiente.



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