La ciudadanía civil puede ser tan activa como la política, pero es particular. Con ella podemos controlar la concentración del poder político y económico.
La sociedad civil es un concepto de moda. En Europa del Este se apuesta a la sociedad civil ante la caída del totalitarismo. En Europa occidental irrumpe ante la crisis de las formas tradicionales de participación política y solidaridad. La desintegración social se hace sentir. Cada vez más la gente abandona su clase social y sindicato, su ideología y su partido, su barrio y su familia. El Estado y los partidos políticos no nos salvarán. Sus instituciones están gastadas. Ulrich Beck habla de ejércitos sin guerras, partidos sin ideologías, sindicatos sin clases sociales. Un ejército de fantasmas no podrá con los nuevos desafíos. Y, por cierto, el mercado y sus avaricias es el problema, por lo que depositar todas las esperanzas en él es cosa de Milton Friedman y de sus feligreses.
Por ello es bueno pensar en una ciudadanía política y civil. La segunda puede ser tan activa como la primera, pero es particular. Con ella podemos controlar la concentración del poder político y económico. Con ella pertenecemos a diferentes asociaciones y evitamos el sueño totalitario de la ciudadanía política total. La ciudadanía civil atempera nacionalismos y fundamentalismos religiosos. La sociedad civil fuerte la necesitamos para descentralizar el Estado, hacer más solidaria la economía mercantil y ampliar el pluralismo del nacionalismo.
Pero, cuidado, la sociedad civil puede ser motivo de un fuerte dolor de cabezas para la democracia. En efecto, la sociedad civil, sobre todo si desafía al sistema de partidos y al Estado democrático, adolece de tres problemas centrales,
a) Particularismo. Una democracia puede hacerse ingobernable si la sociedad civil compleja y diversa ejerce sus demandas contra el Estado sin pasarlas por el tamiz del Bien Común.
b) Despotismo. Muchas de las asociaciones más importantes de la sociedad civil no son democráticas en su interior. No sólo porque no tienen órganos y procedimientos pluralistas y participativos para tomar decisiones. Más importante aún es que promueven la jerarquía y la heteronomía. Muchas veces además encontramos intolerancia, prejuicio y racismo.
c) Elitismo. Lamentablemente la tendencia en las sociedades latinoamericanas es que son los sectores con más educación, dinero y prestigio los que se organizan más y mejor. Ello hace que muchas veces el neocorporativismo de los Estados sociales y democráticos termine por favorecer a los que se sientan en la mesa a negociar: los mejore organizados, que generalmente no son los más numerosos ni los más necesitados de la sociedad.
Si analizamos lo ocurrido con el paro de los «micreros» la semana pasada bajo este prisma es justamente este factor el que salta a la vista. Vemos en el paro de los empresarios del transporte mucho de particularismo externo y autocracia interna. Todo sea por imponer mi propio interés. Mala suerte si se daña a millones de chilenos. Santiago vive el caos y el mundo observa que los problemas de gobernablidad pueden extenderse a Chile. Pero hay un interés gremial que cautelar, le duela a quien le duela.
Esta experiencia nos debe hacer meditar en tres líneas de análisis. La primera, es que la república supone que el interés general prevalezca sobre el particular, aunque este sea legítimo. Segundo, el gobierno y los partidos políticos, al buscar representar a millones de chilenos, y no a unos pocos organizados, tiene el derecho y el deber de velar por ese régimen de bien común. Y, tercero, el Estado tiene que utilizar como ultima ratio, cuando la persuasión y el compromiso han fracasado, el monopolio de la fuerza física legítima para hacer valer la legalidad que está llamada a proteger al más débil frente al fuerte.
Los empresarios del transporte olvidaron todo lo anterior. Lamentablemente para ellos, el gobierno y la ciudadanía no lo olvidaron. Bien por la democracia chilena.
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