Nuestro país sigue teniendo índices bajos de corrupción en comparación con otras naciones del mundo y de América. Sin embargo, la luz amarilla recientemente encendida debe llamarnos a la reflexión.
El escándalo suscitado a raíz de las denuncias de corrupción en la entrega de permisos de plantas de revisión técnica para vehículos motorizados ha golpeado duro a la opinión pública. Y no es para menos, porque por muchos años nos hemos vanagloriado ante el mundo de ser uno de los países de mayor probidad pública en América Latina, el que tiene menores índices de corrupción según estadísticas especializadas. Estas denuncias han sido un verdadero balde de agua fría que a nadie deja indiferente.
Por estas denuncias, cuya veracidad por lo demás corresponde juzgarla solo a los Tribunales de Justicia -los mismos que están llamados a sancionar a los responsables en caso de comprobarse los hechos- no se puede generalizar. Nuestro país sigue teniendo índices bajos de corrupción en comparación con otras naciones del mundo y de América. Sin embargo, la luz amarilla recientemente encendida debe llamarnos a la reflexión.
El flagelo de la corrupción, una vez que se instala, es muy difícil de extirpar. Hay que actuar rápida y drásticamente antes de su generalización, cuando aún se considera incipiente. Para esto, las palabras cruciales son transparencia y modernización del Estado, que terminen con los cuoteos políticos y abran paso a una eficiencia objetiva.
Se debe establecer transparencia para que cada decisión en materia de administración pública, así como en el otorgamiento de permisos o concesiones de cualquier índole, se lleve a cabo después de un proceso informado y abierto, perfectamente regulado y con igualdad de oportunidades para todos los interesados. Para ello estudiamos una iniciativa legal relacionada con la obligación de hacer transparente toda la documentación y antecedentes sobre cada acto administrativo.
La transparencia pública también se establece para que tales procesos estén abiertos al acceso de personas naturales, empresas o medios de comunicación -que para estos efectos se transforman en fiscalizadores- sin restricciones, tal como lo establecimos desde la presidencia del Senado cuando nos correspondió ejercerla, creando un programa especial en internet para el seguimiento de todo el proceso legislativo.
Sin embargo, la transparencia y la modernización, si bien son vitales en la lucha contra la corrupción, no bastan por sí solas. El otro elemento indispensable es la sólida formación ética de las personas y la alternancia en el poder. Nuestra sociedad ha podido apreciar en los últimos años la relativización de los principios y valores que nos han caracterizado por siglos, lo que a nuestro juicio ayuda a la acción incorrecta de quienes ejercen cargos públicos y, por otra parte, la necesidad que haya alternancia en el poder para evitar la corruptela de las complicidades continuas de quienes ejercen el poder.
Volvamos a inculcar con decisión en nuestros jóvenes principios y valores, entre los que destacan la honestidad, el respeto a los demás y el ejercicio de una libertad responsable, como una eficiente manera de contribuir a frenar desde sus inicios, junto a la alternancia en el poder, la transparencia en todos los actos y la modernización del Estado, los peligrosos procesos de descomposición social a los que lleva el flagelo de la corrupción.
(*) Senador por la Quinta Región (Cordillera).
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