¿Qué sucederá con el ex intendente de la Primera Región que modificó un listado de empresas beneficiadas con bonos por inversión en regiones extremas para incluir a Lepe y Alamo, gracias a una gestión personal del diputado Rebolledo? ¿Cuántas gestiones de este tipo hizo el parlamentario que pueden ser cuestionadas con una buena investigación judicial?
Todo ha sido extrañamente rápido. Extremadamente veloz para un país que no se caracteriza -justamente- por que sus instituciones funcionen con la celeridad debida, aunque a nuestro Presidente le guste la frasecita esa de que «las instituciones funcionan». Habría que agregar que funcionan cuando quieren y las dejan.
La extraña rapidez la ha mostrado uno de los jueces a cargo del en el llamado caso coimas (qué poca imaginativa para crear nombres tienen nuestros periodistas y editores de medios), que en el fondo no es otra cosa que una majamama de oscuras transacciones de dinero y poder en torno al funcionamiento de plantas de revisión técnica.
El juez rancagüino Carlos Aránguiz (quien vive hoy sus 15 minutos de gloria) ha dado muestras de que si se quiere, se puede, y de que si se lo permiten, mejor todavía. De sus cinco primeros citados a declarar dejó tras las rejas a cuatro, e incluso fue recibido con honores en La Moneda y el ministerio de Obras Públicas, donde los ministros Insulza y Etcheberry no se cansaron de alabar el trabajo «acucioso» del magistrado. Este, así como marchan las cosas, no hará más que hacer crecer el hacinamiento de presos en el penal de Rancagua, el mismo desde donde se escaparon tresÂ… ¿o eran cinco? (me soplan) reclusos porque ya no tenían ni donde dormir, los pobres.
Mientras el ministro Aránguiz continúa con su labor, hay otros aspectos que surgen al revisar con cuidado la lluvia de denuncias que se dejó caer tras la primicia dada por Qué Pasa hace ya casi un mes. Le pasamos el dato si es que tiene tiempo, entre tanta firma de encarcelaciones y procesamientos, de leernos.
Lo cierto es que el magistrado se centrará en las irregularidades que rondan las plantas de revisión técnica de Rancagua, y posiblemente todas las de la Sexta Región. ¿Y qué pasará con todas las otras plantas del país, adjudicadas con el sistema de pasando y pasando bajo la mesa? Ahí están las de Calama, La Serena y algunas de la Octava Región que ya figuran con denuncias muy similares. Sólo por este aspecto hay una larga lista de seremis y funcionarios intermedios -¿y por qué no otros diputados?- que podrían librarse, a pesar de que se trata de acciones tan oscuras como las de la ciudad del desastre.
¿Qué sucederá con el ex intendente de la Primera Región que modificó un listado de empresas beneficiadas con bonos por inversión en regiones extremas para incluir a Lepe y Alamo, gracias a una gestión personal del diputado Rebolledo? ¿Cuántas gestiones de este tipo hizo el parlamentario que pueden ser cuestionadas con una buena investigación judicial?
Por último (sólo porque dije que me centraría en intentos de pasar colados), ¿no parece extraño el papel jugado por el equipo periodístico de Canal 13, el cual con cámara oculta y todo liquidó a Filippi en sus negocios fraudulentos?
Y aquí entro en terreno complicado, lo sé bien, porque más de alguien dirá que se hizo ese trabajo haciendo pleno uso de la libertad de prensa y cosas por el estilo. Está bien, lo comparto, pero me permito extender tres dudas. Uno: ¿Sabían los autores que su trabajo formaba parte de una estrategia para sacar del negocio al empresario Filippi, posiblemente elaborada por los mismos a quienes les había dejado de pagar las coimas? Dos: Si no tenían idea de ello y sólo se encontraron ante una gran noticia, ¿no sospecharon de dónde podía provenir la información, que -según sé- era muy cercana a autoridades de Transportes?
Y por último,¿por qué no siguieron investigando más allá, pese a que más de una pista que lograron recabar les decía que estaban ante algo más grande que la entrega fraudulenta de revisiones técnicas?
El papel jugado por el canal no es nada menor en esta trama, porque en la práctica fueron parte del oscuro juego del poder corrupto que los usó para hacer pagar a quien ya no estaba dispuesto a seguir regalando el dinero que ganaba, también, en forma sucia.
Imagino que será muy difícil que el juez llame a declarar alguien del canal, y por último, si es el periodista, podrá ampararse en su reserva de la fuente. Lo apoyaría en ello. Pero saber quién fue el que le dio el dato para el reportaje ayudaría mucho a poner las pocas piezas que faltan de este hediondo rompecabezas, y evitar que el capo di tutti termine, como siempre, saliendo librado al final por falta de pruebas.
(*) Periodista.
