La investigación judicial por las graves denuncias de corrupción es una elocuente muestra de la vigencia del principio de independencia de este Poder del Estado, acostumbrado a recibir presiones externas, aun cuando se intente mostrar lo contrario. Y ello no puede sino celebrarse.
En su interesante obra La justicia frente al gobierno, Roberto Gargarella examina las implicaciones que tiene la existencia de sistemas de control judicial de constitucionalidad de las leyes para los regímenes democráticos. En una palabra, se trata de la posibilidad que funcionarios no elegidos por la ciudadanía -los jueces- puedan invalidar una ley aprobada por el Congreso, donde (se supone) está representada la voluntad popular o «general», para seguir a Rousseau, por considerar que ella es contraria a la Constitución.
Como se sabe, este instituto fue inaugurado en 1803 por un juez de Estados Unidos, quien pensó básicamente que si la Constitución es al igual que la ley una norma jurídica, por ser aquélla de mayor jerarquía que ésta, en caso de contradicción entre una y otra está obligado a aplicar la primera y no la segunda.
Chile de alguna manera también recoge este sistema, a pesar que la Corte Suprema suela no ejercerlo (y ello no se debe necesariamente a la falta de vicios en la legislación nacional). No dedicaré estas líneas, sin embargo, a criticar la inoperancia del recurso de inaplicabilidad, con la esperanza que su vida (in)útil esté pronta a acabar.
Quisiera avanzar un par de reflexiones acerca de otra forma de ver cómo puede (y al fin, debe) pararse la justicia frente al gobierno. Los últimos acontecimientos desencadenados por una resolución judicial que somete a proceso a un presidente de partido oficialista y solicita el desafuero de seis diputados, también de gobierno, no puede sino llamar la atención republicana del país.
La investigación judicial por las graves denuncias de corrupción es una elocuente muestra de la vigencia del principio de independencia de este Poder del Estado, acostumbrado a recibir presiones externas, aun cuando se intente mostrar lo contrario. Y ello no puede sino celebrarse.
Con estos hechos el trazado institucional se refuerza. No porque, como cree el ministro Muñoz, las responsabilidades son individuales y en consecuencia «no afectan a las instituciones». Todo lo contrario: estas responsabilidades -de las que sólo la penal es estrictamente personal- sí afectan a las instituciones del país. Para bien y para mal. Sin embargo hoy quisiera aplaudir la buena manera cómo ha sido afectada la institucionalidad chilena: en la vigencia de derechos fundamentales y principios constitucionales que la República ha erigido.
En primer lugar, nótese cómo la acción de la prensa -sea cual sea su interés-, haciendo uso del derecho a la libertad de expresión e información, detona un desencadenamiento inédito de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado. A diferencia de otros países en los que la libertad de expresión es realmente valorada en todos sus aspectos como piedra angular de la democracia, estamos acostumbrados a ver cómo en Chile los periodistas tienen que desfilar por tribunales respondiendo por imputaciones delictuales. Lo mismo ocurre con los escasos libros de periodismo investigativo que pueden encontrarse (bien porque no están escritos, o en algunos casos porque estando escritos son prohibidos). La salida del ex comandante en jefe de la FACh, Patricio Ríos, es otro buen ejemplo de la importancia democrática de contar con una prensa libre y seria, y una ciudadanía informada debidamente.
Pero junto con la libertad de información, este vergonzoso episodio político (y penal) ha devuelto también la dignidad a otro principio constitucional: la igualdad ante la ley. Esta idea, plasmada ya desde las primeras constituciones y según la cual no hay persona en Chile que se sitúe por encima del Derecho, y que ha sido dejada en vergüenza en reiteradas ocasiones durante los últimos años, se levanta hoy en todo su esplendor. Ninguna autoridad, por importante que sea el cargo que detenta, puede apartarse del Estado de Derecho que Chile aspira a ser.
Y, finalmente, la actuación del Poder Judicial, libre, independiente y enérgica, ha reivindicado y cumplido con uno de los mandatos más importantes que contiene la Constitución, el que dice que «Chile es una república democrática» (artículo 4ÅŸ). Ello importa, antes que todo, que en esta tierra no existen monarcas irresponsables ante sus súbditos que sólo dan la cara frente a Dios y la historia -como dijera Jaime Guzmán respecto de la junta militar-, sino por el contrario, quienes ostentan el poder lo hacen porque los ciudadanos se los hemos confiado. Y si esa confianza se pierde, entonces el mandato desaparece: se ha faltado al deber y se hace valer la responsabilidad. En una palabra, se hace viva la república democrática.
Por ello, cada vez que las instituciones realmente funcionan, como ha sido este caso (al menos hasta ahora), quienes se interesan por la decencia republicana del país no pueden más que saludar la forma como la justicia se ha erguido frente al gobierno.
* Abogado del Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos, académico de Derecho Constitucional, Universidad Diego Portales.
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