El de Uribe es un gabinete de tecnócratas con ideología neoliberal. A favor de ellos podría decirse que conocen los problemas del país, y en su contra, que la crisis del modelo neoliberal parece haberles pasado por el lado sin que los tocara.
Los últimos acontecimientos ocurridos en Colombia señalan las expectativas que se han desencadenado por el inicio del gobierno elegido en primera vuelta el pasado 26 de mayo. Muy temprano y casi sin tiempo para dejar lugar a las especulaciones el Presidente electo nominó su gabinete, en el cual predominan los tecnócratas y una buena cuota de mujeres, seis ministras sobre un total de 13.
Al mismo tiempo, resolvió reducir aún mas el tamaño del Estado fusionando los ministerios de Justicia e Interior, y Salud con Trabajo. También eliminó el Ministerio de Desarrollo, entregando algunas de sus funciones, como el impulso a la vivienda de interés social, al Ministerio del Medio Ambiente.
Primer anuncio: saldrán como mínimo otros 10 mil trabajadores a engrosar las filas de los desempleados, que suman por cierto por encima del 20 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en las principales ciudades del país.
Es un gabinete de tecnócratas con ideología neoliberal. A favor de ellos podría decirse que conocen los problemas del país, y en su contra, que la crisis del modelo neoliberal parece haberles pasado por el lado sin que los tocara o sin que llegaran a percibir que el modelo en que creen se encuentra en una profunda crisis, tanto en Argentina como en el resto de América Latina.
Hasta ahora, a pocos días de su posesión que ocurrirá el próximo 7 de agosto, los anuncios no dan mayores detalles sobre los contenidos que eran supuestamente tan claros, pero que en realidad apenas se están construyendo entre bastidores.
Algunas anuncios genéricos, sin embargo, han provocado movimientos en distintas áreas y reacciones, aún entre los actores del conflicto armado. Las exigencias del Departamento de Estado en la lucha contra el narcotráfico y el cuestionamiento que se hace al Presidente Uribe de nexos o cercanías con el paramilitarismo, condujeron a que el Congreso de los Estados Unidos destinara específicamente 117 de los 540 millones de dólares adicionales para el componente militar del plan Colombia a financiar una fuerza especial o bloque de búsqueda de los jefes paramilitares.
La reacción no se hizo esperar. Carlos Castaño, el jefe político de las autodefensas, confeso amigo de narcotraficantes y autor intelectual de masacres y asesinatos de cientos de líderes sociales, denunció que parte de las bandas paramilitares están en estrecha relación con narcotraficantes y secuestradores y renunció a la dirección política de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia.
Se precipitó una división, y muy seguramente abrió el camino para que las fuerzas del Estado golpeen a los sectores denunciados por Castaño como desviados de la línea política de las autodefensas. Castaño teme que la presión internacional obligue a Uribe a confrontarlos y a ser derrotados por las Fuerzas Armadas que siempre los han protegido.
La ministra designada de Defensa, Martha Lucía Ramírez, a quienes los expertos le asignan el lugar de gerente de las Fuerzas Armadas, ya anuncia el llamado a una parte de las reservas para incorporarlas a filas en la lucha contra las guerrillas. El ministro designado de la economía, Roberto Junguito, recién llegado del Fondo Monetario Internacional, anuncia la presentación de una nueva reforma tributaria y la expedición de bonos obligatorios para el financiamiento de la guerra. Anuncia más «sudor y lágrimas», como si fueran pocas las derramadas por 11 millones colombianos que sobreviven con menos de dos dólares diarios, o pocas las de 2 millones de mujeres y hombres desplazados como resultado directo de la confrontación militar.
Entre tanto las guerrillas exigen la renuncia de los alcaldes y gobernadores elegidos mediante votación popular. Quienes no renuncien serán asesinados. No hay distingos ni de color político ni de género. Todos están condenados por representar al Estado. Y al mismo tiempo extienden las amenazas sobre jueces y fiscales. Resultado: más de 200 alcaldes renuncian (son en total mil 77). Las comunidades locales rechazan las amenazas y en muchos lugares respaldan a sus alcaldes y gobernadores, por lo que también reciben amenazas o su pueblos son tomados a sangre y fuego.
Este es un cuadro breve de cómo recibirá Uribe al país en medio de recrudecimiento de la guerra y de su degradación, que profundiza la crisis humanitaria en Colombia.
* Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, Colombia
