Los distintos Ministros de Hacienda siempre han estado dispuestos a aprobar mermas presupuestarias fiscales cuando se trata de modificar tratamientos tributarios orientados a incentivar la venta de inmuebles.
El gremio de la construcción es el que ha obtenido mayores ventajas durante los gobiernos post Pinochet. Ello ha sido así porque su asociación empresarial está muy bien estructurada y porque sus redes de influencias son reconocidamente efectivas. Nunca hacen aspavientos de sus fluidas relaciones con La Moneda y cuando desean que el gobierno tome iniciativas para aprobarles subsidios y/o franquicias, montan convincentes campañas comunicacionales de bien público para que tales millonarias ayudas sectoriales pasen «piolas».
Los distintos Ministros de Hacienda siempre han estado dispuestos a aprobar mermas presupuestarias fiscales cuando se trata de modificar tratamientos tributarios orientados a incentivar la venta de inmuebles.
Ahora bien, desde hace unos pocos años la ciudadanía está despertando de su letargo y ha empezado a preocuparse de los cambios urbanísticos que se están produciendo en los sectores en donde viven. Los vecinos han adquirido conocimientos y uniendo esfuerzos, a pesar del secretismo imperante en las oficinas técnicas municipales; han logrado detectar innumerables permisos de edificación irregulares, fundamentalmente en la zona oriente de Santiago y ciudades-balnearios de moda, en donde el valor del metro cuadrado de suelo urbano es altísimo. Ejemplos hay muchos y nosotros -en esta tribuna- hemos dado a conocer algunos de ellos.
Podríamos asegurar que hoy en día la gente está haciendo valer sus derechos urbanos, con el consiguiente beneficio social que ello significa. Recordemos que la ciudad es de quienes la habitan y no de aquellos osados que lucran desmedidamente a costa de la sobre explotación de su suelo. Por lo tanto, y dado que muchas inmobiliarias siguen actuando con el tejo pasado, gracias a la desprolijidad municipal, estamos asistiendo a contiendas de intereses que se deben resolver -si las instituciones funcionaran- a nivel de Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El inconveniente es que éste, olvidándose de su rol fiscalizador, deja en la indefensión a los más débiles y opta por validar las alambicadas «tesis interpretativas» de los que tienen buena «llegada».
Recordemos que el sistema de libre mercado chilensis -al menos en el ámbito de esta reflexión- es facilitador de ganancias rápidas para las influyentes minorías y sordo cuando se trata de equilibrar las relaciones entre los distintos agentes económicos. Hemos constatado que las autoridades se sienten mejor, amparando a quienes violan las leyes, que haciendo esfuerzos para que aquellos se sometan a las mismas. Ante esta inusitada realidad, diferentes grupos de vecinos han tenido que recurrir a la justicia en defensa de sus legítimos intereses.
Por esta razón dicho sector económico, consciente de la incómoda situación que está viviendo, nuevamente se ha movilizado y ha convencido a la autoridad ejecutiva para que le solucione el problema, vía el simplista expediente de establecer «certeza jurídica» a todos los permisos de construcción que las direcciones de obras cursen, aunque estén viciados.
Y es así cómo pretenden que los parlamentarios le aprueben una ley especial denominada «Procedimiento de publicidad para las gestiones administrativas relacionadas con la construcción», para que, recurrir a la justicia, sea poco menos que imposible. Con este distractivo título el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional el proyecto de ley que consagraría el laissez faire más absoluto en el ámbito de la construcción.
Recordemos que los vecinos perjudicados por permisos ilegales tienen solo 15 días hábiles para presentar recursos de protección ante los tribunales de justicia y por ello se busca establecer una fecha determinada, a partir de la cual se entienda que esos permisos son conocidos por todos, de modo tal que transcurrido ese plazo, nadie podrá reclamar.
Por otro lado, y para no dejar cabos sueltos, se ha llegado al extremo de incluir en esa hipotética ley, una antinatural disposición que dice que las interpretaciones de los permisos objetados, que deben hacer los secretarios regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo (jefes superiores de los directores de obras municipales), regirán a partir de su fecha de emisión (!). Y así -tan olímpicamente- se establece que la interpretación legal de la autoridad competente no es vinculante con el permiso cuestionado. Es decir, surrealismo puro y al más alto nivel de liviandad funcionaria.
Nuestra posición
Somos partidarios a ultranza del acatamiento -por parte de todos y sin excepción- de la Ley y Ordenanza General respectiva y de las normas contenidas en los instrumentos de planificación correspondientes, ya que sólo así se garantiza el bien común de la ciudad. No nos parece bien que -a través de una rebuscada ley- se pueda violar la legislación y reglamentación del ordenamiento territorial. Compartimos la inquietud de quienes promueven esta ley, en cuanto a que las objeciones a sus permisos mal otorgados les producen pérdidas económicas, pero la solución no pasa por blanquear los permisos viciados, sino por obtener permisos encuadrados en la ley.
Nuestra propuesta concreta
1.- El sector privado inmobiliario debe acercarse a la comunidad y compartir con ella sus iniciativas de negocios. Si sus proyectos de inversión son respetuosos de las normativas vigentes y son aportes efectivos al desarrollo urbano sustentable, sus mejores aliados serán los vecinos.
2.- En un lugar muy visible de cada dirección de obras municipales debe existir un listado en donde se den a conocer todas las solicitudes de permisos de anteproyectos y de proyectos definitivos, acompañado de un plano de la comuna, para que así la comunidad tenga conocimiento previo acerca de las nuevas intervenciones urbanas. A esto le llamamos transparencia.
3.- Todo proyecto inmobiliario debe instalar en su terreno, un letrero de buena calidad con las dimensiones adecuadas, para que sea visible desde la vía pública. La idea es que se informe gráficamente a los vecinos acerca de toda nueva construcción que se propone incorporar al sector.
4.- Las solicitudes de anteproyectos que despierten inquietudes o consultas, deben ser analizadas en las oficinas municipales por el titular del proyecto (arquitecto proyectista) con la junta de vecinos correspondiente y un funcionario municipal de buen nivel. Para tal propósito se debe establecer un calendario de reuniones, correcta y oportunamente publicitadas. Con una reunión mensual se aclararán todas las eventuales dudas y ello significará que las aprobaciones finales de los permisos van a contener la «certeza de credibilidad» necesaria para que sus titulares puedan emprender sus negocios sin sobresaltos.
Conclusión
Compartimos las palabras del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, publicadas en entrevista de El Mercurio del 17/12/02, cuando decía que «la Cámara de la Construcción trata de influir en la autoridad para efectos de generar ventajas y beneficios para sus empresas, cuestión que es absolutamente legítima desde el punto de vista gremial».
Es natural que las asociaciones empresariales busquen los caminos que faciliten sus actividades comerciales, pero la función del Parlamento es otra y por ello estamos seguros que no accederá a legislar en los términos planteados por el Ejecutivo. Creemos que los primeros en oponerse serán aquellos congresistas que tienen intereses en los sectores inmobiliarios y de la construcción, ya que saben que una posible legislación en tal sentido, sería un burdo e impresentable acomodo. El pudor de estos diputados y senadores no permitirá la concreción de este nuevo «traje a la medida».
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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