Al amparo de los DFL de 140 m2 ampliables, se cometen cuantiosas evasiones tributarias que merman los ingresos fiscales en montos millonarios anualmente y esto, a vista y paciencia de todos quienes se desenvuelven en el sector.
En un artículo de opinión publicado en El Mercurio del 25 de febrero de 2001 criticábamos la acomodaticia desnaturalización de este tipo de viviendas, creadas con un sano propósito bajo el gobierno de Jorge Alessandri, a través del DFL2 publicado en el Diario Oficial del 31 de julio de 1959.
En efecto, en aquella época -44 años atrás- dado el déficit existente, fue muy necesario impulsar la construcción de viviendas con ciertas características orientadas a la clase media, vía incentivos tributarios y franquicias diversas para los inversionistas, constructoras y compradores. Y así fue como esos inmuebles estaban liberados de pagar el impuesto de compraventas y cifra de negocios (IVA de hoy) ; del pago de contribuciones de bienes raíces por 10, 15 y 20 años dependiendo de la superficie ; reducción en el impuesto de herencia y donación ; las rentas obtenidas por tales viviendas estaban exentas de pagar impuestos y otros beneficios que se mantienen inexplicablemente hasta ahora.
Ese decreto con fuerza de ley estableció en su artículo 18ÅŸ que todas las regalías asignadas a las «viviendas económicas» son perpetuas, en virtud de un contrato ley automático, lo que significa que sus propietarios gozarán para siempre de esos privilegios, no obstante cualquier modificación posterior que puedan sufrir las disposiciones de ese tipo de viviendas.
Ahora bien, al amparo de los DFL de 140 m2 ampliables, se cometen cuantiosas evasiones tributarias que merman los ingresos fiscales en montos millonarios anualmente y esto, a vista y paciencia de todos quienes se desenvuelven en el sector. La «pillería» del chileno consiste en no ver -en la etapa de la «recepción final» municipal- unas delgadas paredes que después se eliminan para dar paso a espacios más amplios en las casas o bien cómo las terrazas abiertas de los departamentos de edificios, que son bienes comunes, se cierran y se incorporan al dominio privado.
Hay un pacto de silencio que es celosamente respetado por todos aquellos que están en el negocio y esto está sucediendo desde hace muchos años atrás. Hoy en día y dado que se eliminaron todas las restricciones respecto de costos, calidad de materiales a utilizarse en tales viviendas y localizaciones de las mismas, establecidas en 1959, observamos que estas «viviendas económicas ampliables» están provistas de todos los lujos y comodidades imaginables y por ello llegan a transarse en el mercado en precios de hasta 200 mil dólares o más. En aquél artículo de prensa decíamos que había que terminar con esta mendaz figura legal que tanto mal le hace al libre mercado, a la tributación, a la probidad pública-privada y a la distribución del ingreso. Pero nadie dijo nada para así bajarle el perfil a la denuncia.
Este asunto ya ha sido abordado en el pasado por el senador Nelson Avila, cuando era diputado y por los diputados Víctor y Lily Pérez, quienes incluso en su fiscalización itinerante, constataron personalmente la defraudación en los sectores altos de esta ciudad. El diputado Pablo Lorenzini, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara respectiva, fue más allá y en conferencia de prensa del 24 de Abril de 2001 en el Palacio Ariztía, afirmaba que con motivo de este engaño aceptado por todos «el Fisco, en un año, deja de percibir US$ 90 millones, con lo cual se podrían estar construyendo 10.000 casas sociales al año». Debemos tener presente que Lorenzini es un distinguido economista que se maneja muy bien con las cifras.
En columna «Mentiras institucionalizadas» publicada en la revista El Periodista del 27 de mayo de 2002 volvíamos a la carga recordando que el diputado Carlos Montes y el senador Jorge Lavanderos en sus respectivos espacios parlamentarios, también se referían a esta inequidad social en términos muy críticos. Nadie del poder ejecutivo se dio por aludido y todo siguió igual, para regocijo de quienes se aprovechan de estas componendas.
El 25 de noviembre de 2002 nos dirigimos por escrito al Seremi de Vivienda y Urbanismo, según lo convenido previamente, en donde le expresábamos -entre otras cosas- que era urgente racionalizar el uso del suelo urbano y establecer reglas parejas para todos los agentes inmobiliarios y que ello pasaba por derogar en el más breve plazo el concepto «vivienda económica DFL2», reglado en el artículo 162 de la Ley de Urbanismo y Construcciones. Le enfatizábamos que el sector de la construcción se debía ceñir a las normas generales de la planificación territorial y enmarcarse en las sanas reglas del libre mercado sin obstrucción del mismo, a través de subsidios para los poderosos. Le decíamos que las ayudas que el Estado puede otorgar, deben ser sólo para los sectores más vulnerables.
Es obvio que es urgente modificar la ley en este sentido, para terminar con estas actuaciones corruptas que todos conocemos. Al mencionado seremi le decíamos que, mientras más normas de excepción existan en su sector, más fácil es la colusión entre funcionarios municipales «descuidados» y solicitantes de permisos de edificación, con el objetivo de facilitar el engaño al erario nacional.
Creemos que ha llegado la hora de ponerse serios y aprovechando los negativos impactos producidos por las situaciones al interior del MOPTT y dado que el Gobierno está impulsando la Agenda de Probidad, tenemos que entender que ha llegado la hora de proceder en el sentido correcto, hecho que la ciudadanía sabrá valorar. Estamos seguros que la derogación propuesta será apoyada por la Cámara de la Construcción, la cual está indignada con el episodio de los estudios ambientales ficticios pagados a GATE por parte de 2 de sus asociadas. Demás está decir que este caso, investigándose en la justicia, es una insignificancia si lo comparamos con el fraude que hemos mencionado en estas líneas.
Todos sabemos que el mercado funciona bien cuando no interfieren los subsidios inicuos -como el señalado- y cuando la información es compartida equilibradamente por todos los agentes económicos. Mientas tanto hay que perfeccionar el aún protegido mercado de la vivienda y focalizar las ayudas fiscales exclusivamente en los segmentos de viviendas sociales, que es en donde tenemos el déficit que debe importar al Estado. Mantener las franquicias de estos DFL2 cuyos adquirentes pertenecen a los sectores más ricos del país no sólo es injusto sino es inmoral.
Recordemos que el ministro de Hacienda desea subir el IVA para recuperar 400 millones de dólares, con ocasión de los menores ingresos por aranceles aduaneros, producto de los acuerdos comerciales recién suscritos. Por ello y para evitar un IVA más alto que el actual, debemos ser prolijos en la recaudación tributaria.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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