Asistimos a la expansión de los mercados que -en todo el mundo- ha requerido una mayor incorporación femenina a la fuerza laboral. Al mismo tiempo, la consagración de una economía neoliberal ha colocado a las mujeres en un rol estratégico para el mejoramiento de las condiciones de vida en extensos sectores de la población empobrecida y excluida.
Crecientemente es su integración a actividades remuneradas lo que permite a aquellas familias satisfacer sus necesidades básicas. Ello ha obligado a cierto reacomodo de las tareas asignadas a mujeres y hombres: ellos a cargo de las actividades productivas, en el mundo público, y ellas, de las actividades reproductivas, preferentemente en el mundo privado, pero este proceso no trae consigo en forma automática un mejoramiento de la situación de las mujeres en cuanto a subordinación.
El concepto de «género», integrado a la definición de políticas en Chile, muestra que la división binaria de identidades y roles -para mujeres y para hombres- tiene un origen social, es decir, no forma parte de un orden «natural», y, por tanto, que es posible «desnaturalizar» los comportamientos de hombres y mujeres, tensionar la división de tareas y hacerla objeto de cambios y de políticas públicas, apuntando a superar la relación de subordinación.
Esta subordinación se expresa en todos los ámbitos de la vida social, desde la esfera privada a la pública, la economía y la política, dando origen a problemáticas sociales de alta complejidad, como la feminización de la pobreza o la violencia doméstica.
En términos generales podemos decir que existen avances importantes en la visibilidad e interés por la situación de las mujeres y por exhibir los cambios en ella: mayor participación en el mercado de trabajo, acceso a cargos de decisión (aunque el reciente cambio de gabinete ministerial muestra un franco retroceso: de cinco ministras a sólo tres), su aporte económico y cultural.
Los medios de comunicación han ampliado sus espacios referidos a las temáticas de género: el machismo, la violencia doméstica, las carencias de educación sexual, la ley de divorcio, el aborto terapéutico, etc.; los programas de estudios de género en universidades se han multiplicado; las publicaciones de escritoras y cientistas mujeres aumentan.
Sin embargo, las formas que tiene la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo mantienen elevados niveles de discriminación, y la integración comercial puede agravarla. Frente a ello, la política económica debe considerar la igualdad no sólo de acceso a oportunidades, sino de resultados, y ser incorporada en la asignación presupuestaria en Ministerios y servicios, a nivel nacional, regional y local.
Por otra parte, Chile mantiene elevados déficits de ciudadanía y debe elevar su legislación, políticas y programas a los lineamientos internacionales y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que permite que los derechos allí contenidos sean susceptibles de reclamo a nivel internacional.
En el ámbito de las relaciones de poder entre los géneros, poco a poco pierde terreno la histórica división sexual del trabajo: en los sectores medios y altos se redefine la práctica de la paternidad, la que incluye ahora una atención y cercanía afectiva mayor con los hijos y son numerosas las mujeres que logran establecer relaciones más democráticas en la pareja, al tiempo que reivindican su derecho al placer en la sexualidad y una autonomía relativa en lo económico.
No sucede igual en los sectores populares, donde las condiciones de vida y las exigencias de una precaria inserción laboral dificultan el cambio, más allá de que los hombres se hagan cargo ocasionalmente de los hijos más pequeños.
La acción del Estado debe considerar entonces las formas de poner fin a los mecanismos de reproducción de las desigualdades y discriminaciones. Ello supone favorecer un cambio cultural que permita a las personas desarrollarse en plenitud, sin que los roles e imágenes de lo femenino y lo masculino resultantes de la división sexual del trabajo atenten contra las oportunidades y libertades de las mujeres.
Finalmente, está pendiente el pleno reconocimiento de las organizaciones de mujeres como interlocutoras válidas y actoras relevantes en la construcción del proyecto político del país. Ello supone reconocer sus expresiones de control ciudadano, generar condiciones para el desarrollo organizacional autónomo y potenciar liderazgos sociales, generando espacios formales de interlocución y monitoreo social.
* FLACSO-Chile, Grupo Iniciativa Mujeres
