Opinión
Estamos frente a muchísimas interrogantes que han sido insuficientemente respondidas por el Gobierno, el que, en una mezcla de voluntarismo, ignorancia y profunda negligencia e irresponsabilidad, se encamina a enfrentar una crisis sanitaria.
El sistema de salud chileno está enfrentando un momento muy complejo, aunque poco entendido, asimilado y muy mal dimensionado, como fruto de la mal llamada “crisis de las isapres”. Mal llamada porque, de concretarse la muy probable quiebra de varias isapres producto del nulo interés del Ejecutivo de escuchar el planteamiento de infinidad de expertos, vamos a enfrentar una crisis sistémica –sanitaria, laboral, financiera y política–, de todo el sistema de salud, que afectará a millones de personas y a muchos prestadores y proveedores privados, tensionando aún más a un debilitado y conflictivo sector estatal, tanto asegurador (Fonasa) como prestador (Servicios de Salud y APS).
Nadie duda de que el sistema de aseguramiento privado (isapres u otro nombre) requiere cambios importantes –largamente postergados– que, entre otras cosas, lo asimile cabalmente a un esquema de Seguridad Social. Por lo mismo, ante esta exigencia legal que impone el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, se ha puesto mucho foco en lo que ocurrirá con el sector privado –isapres, seguros complementarios, prestadores y proveedores de fármacos, insumos y equipamiento–, pero muy poca atención en las debilidades del sector estatal para potencialmente hacerse cargo de la migración masiva de usuarios acostumbrados a una mayor y más desregulada demanda.
Son conocidas las crecientes listas de espera que se traducen en miles de muertes evitables; estas podrían ser muy superiores de no existir la Modalidad de Libre Elección (MLE) del Fondo Nacional de Salud, cuyo uso implica un creciente gasto de bolsillo de los pacientes Fonasa y de sus familias. Esta MLE significa además un creciente gasto fiscal que se agrava por el escandaloso sobreconsumo de licencias médicas que ya significan más del 60% de los ingresos de Fonasa por cotizaciones obligatorias. Pocos visualizan, ante la quiebra de isapres, el caos que se producirá con la quiebra de muchísimos prestadores privados institucionales que atienden esta demanda de MLE. Puede ser que, por necesidad y capacidad de oferta, exista disponibilidad de atención médica, pero sin los debidos soportes que hoy necesariamente son otorgados a nivel institucional, como son laboratorios, imágenes y muchos procedimientos tanto ambulatorios como hospitalizados; esta demanda no podrá ser satisfecha por los actuales prestadores estatales ya asfixiados.
Un tema especialmente crítico es el rendimiento de la fuerza laboral contratada en el sector público; temas como el escandaloso ausentismo laboral (33,2 días/año solo en licencias médicas curativas/trabajador) o el rendimiento de los médicos liberados de guardia deben ser abordados, ya que existe consenso de que esta es una de las causas de la menor productividad evidenciada, pese a los enormes y crecientes apoyos financieros inyectados al sector. Urge implementar soluciones en esta materia, ya que podrían reducirse significativamente muchas listas de espera y disminuir círculos viciosos de aumento de gasto público por incentivos mal puestos (por ejemplo, compra de servicios a sociedades médicas constituidas por funcionarios de los mismos servicios o aumentos importantes en horas extraordinarias).
Creo que ha llegado la hora de revisar las leyes que regulan la contratación de personal, médico y no médico y administrativo en los Servicios de Salud; como la resistencia al cambio puede ser enorme, se puede empezar con las nuevas contrataciones y con aquellos que, por voluntad propia, quieran traspasarse a una nueva legislación más exigente en términos de productividad, pero con mejores incentivos y mayor flexibilidad. La actual realidad es absolutamente insuficiente para desafíos cambiantes y crecientes en salud y en cambio tecnológico.
El sector estatal, como ya lo está demostrando el incremento imprevisto y mal dimensionado por la inmigración, no está preparado para recibir un aumento de población que, además, producto de su experiencia en el sector privado, es mucho más exigente y demandante. Por ejemplo, hoy muchos hospitales, y también la APS (aunque en menor grado), carecen de herramientas tecnológicas que aseguren buena trazabilidad de poblaciones de riesgo; esto también ocurre en Fonasa y, por eso, no es infrecuente ver fraudes masivos en el uso de sus recursos, como se ha visto con la muy mal regulada y fiscalizada MLE o en las licencias médicas.
La Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) que se presenta en la ley corta está llena de interrogantes, como cuál es el precio que realmente deberá tener este producto, cuántas empresas con experticia estarán disponibles para participar, cuántas personas podrán costear esto y cuántos pacientes podrán realmente acceder a esta alternativa (es muy improbable que alguien con preexistencias pueda acceder).
En definitiva, a días de que se venza la segunda prórroga solicitada por la Superintendencia y el Minsal ante la Corte Suprema, estamos frente a muchísimas interrogantes que han sido insuficientemente respondidas por el Gobierno, el que, en una mezcla de voluntarismo, ignorancia y profunda negligencia e irresponsabilidad, se encamina a enfrentar una crisis sanitaria donde miles de personas en el sector privado, pero también en el estatal, lo van a pasar muy mal y no pocos podrían morir. A esta crisis sanitaria hay que agregar una crisis laboral (muchas empresas aseguradoras, prestadoras y proveedoras quebrarán y muchos sueldos se deteriorarán) y financiera –solo a modo de ejemplo, las isapres deben casi MM$700.000, enorme cifra que supera a las garantías bancarias existentes, y las diferencias de todos los precios y en sueldos médicos son muy significativas entre lo estatal y lo privado (constatación y no calificación)–.
El Gobierno, en su conjunto y no solo la inabordable ministra de Salud, aún puede hacerse cargo de las muchas propuestas transversales hechas por distintas comisiones de expertos y evitar la crisis política que resultará de las otras ya expuestas. Aunque sea muy escaso, aún hay tiempo, pero se requiere inteligencia, valentía y voluntad política.
