La reciente toma de posesión del nuevo Presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, puso en evidencia la creciente importancia del concepto de trabajo decente para la clase política. Desde allí se espera la respuesta a la demanda de millones de mujeres y hombres que aspiran a mejorar sus condiciones de vida en todos los rincones del mundo.
Vásquez dijo que el trabajo será el eje de su propuesta de gobierno. «Queremos trabajo decente para los uruguayos porque es, al final y al cabo, la mejor política social y la mejor política económica que puede tener un país» señaló. Y el tema estuvo presente en la mayor parte de sus intervenciones públicas. Ello, en un Montevideo donde el cambio de Gobierno sirvió para trazar prioridades políticas y de integración entre los diversos mandatarios de América Latina que asistieron a su investidura.
Esas son palabras que suenan amigas a nuestros oídos. La larga lucha sindical y los desafíos planteados por la globalización, nos indican que debemos colocar las urgencias sobre empleo y trabajo decente en el corazón del debate latinoamericano. Después de todo, las cifras del 2004 señalan un 19,5 % de desempleo urbano en América Latina, a pesar de la leve recuperación en el crecimiento económico.
¿Qué se quiere decir con «trabajo decente»? Es el concepto concebido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para describir aquellos empleos o actividades remuneradas que permiten a las personas mejorar sus condiciones de vida. La definición oficial nos habla de trabajo productivo, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
El trabajo decente constituye el reconocimiento que la empresa está constituida por los dueños del capital y sus trabajadores, y en la medida que las relaciones laborales se humanizan, se regulan y se respetan el ambiente se humaniza y se produce un ambiente de paz social se produce el crecimiento y desarrollo que necesitan nuestros países para avanzar hacia el crecimiento con equidad.
«La aspiración de contar con trabajo decente y oportunidades de empleo es la demanda democrática más generalizada en todos los países», ha dicho el Director General de la OIT, el chileno Juan Somavía. Y en varias oportunidades ha planteado que se trata de un problema político, de un desafío para quienes tienen el poder de tomar decisiones.
Aunque aún hay mucha distancia entre las palabras y los hechos, en América Latina y el Caribe ese desafío aparece cada vez con más frecuencia en los pronunciamientos de los gobiernos. En particular, durante las últimas cumbres o reuniones realizadas en la región se ha endosado en forma reiterada el compromiso con la generación de trabajo decente. «Es el instrumento más efectivo de promoción de las condiciones de vida de nuestros pueblos y de su participación en los frutos del progreso material y humano», destacó la declaración final de la XIII Cumbre Iberoamericana en Santa Cruz en 2003.
Ahora el tema figura en forma prominente en la agenda política regional de 2005, ya que la Cumbre de las Américas, que se realizará en noviembre de este año en Mar del Plata, Argentina, estará dedicada precisamente a «Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática».
El «Documento Base» preparado para esta Cumbre plantea que «es preciso otorgar al trabajo un lugar central en la agenda hemisférica, vinculándolo con los atributos de libertad, justicia, seguridad y protección, habida cuenta de su carácter de principal vehículo de integración social», y agrega: «El trabajo decente constituye el instrumento más efectivo para asegurar un marco de progreso material y humano, y debe constituirse en una meta de la próxima década en las Américas».
Además se le debe agregar la participación de los actores organizados, hay que perderle el miedo a la participación por el contrario ello conlleva a comprometer a todos los actores en el crecimiento y el desarrollo y facilita los camino del fortalecimiento de nuestras Democracia.
Si hay voluntad para avanzar, esta Cumbre debiera marcar pautas para influir en el diseño de políticas en la región. Algunos no tienen muchas esperanzas cuando ven como se expande el trabajo informal, pero el consenso político sobre el trabajo digno se hace necesario si se quiere un continente sin crisis de gobernabilidad.
En sus últimos informes la OIT ha destacado que el grave problema del desempleo mundial, que afecta a más de 180 millones de personas en el mundo, es la punta del iceberg del desafío, porque la mitad de quienes sí tienen una actividad remunerada, y estamos hablando de 1.400 millones de personas, no logran vivir con sus familias por encima de la línea de pobreza de 2 dólares al día.
Durante el último año la OIT ha vinculado el desafío del empleo con el de lograr una globalización más justa. La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización que estableció esta Organización destacó hace un año atrás que la situación actual es éticamente inaceptable y políticamente insostenible, y propuso una serie de recomendaciones para el cambio.
«La gente define su propia relación con la globalización en función de sus posibilidades de tener un empleo de calidad», ha comentado Somavía. Pero, ¿qué se puede hacer para responder a esta inquietud? La OIT ha planteado que el empleo debe estar en el epicentro de las políticas macroeconómicas, es decir que la creación de puestos de trabajo debe ser un objetivo primordial para nuestros planificadores y no una mera consecuencia de la mejoría de otros indicadores que, con demasiada frecuencia, no producen los resultados esperados».
Durante su visita a Montevideo para la asunción de Tabaré Vásquez, el Presidente Ricardo Lagos hizo referencia directa a este asunto cuando comentó a un grupo de periodistas que «una globalización sin reglas es una globalización sin rostro humano. Así como tenemos reglas al interior de nuestros Estados, queremos reglas en un mundo que cada vez será más global».
Si no se coloca el tema del trabajo en el corazón de nuestros debates políticos se estará contribuyendo no sólo a la injusticia social, sino también al debilitamiento de la cohesión en nuestras sociedades. Hombres y mujeres en el siglo XXI exigirán crecientemente un mundo más justo y más humano.
Un mundo con mayor crecimiento en lo económico, en lo social y en la dignificación de los actores sociales nos asegura la paz social y por ende el desarrollo como país pero por sobre todo como personas.
María Rozas, Ex Diputada y Vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Chile.
