La respuesta más ladina respecto a la elección del nuevo consejero y presidente del BC fue aquella que señaló «si es el mejor, entonces que sea Ministro de Hacienda». Simpática salida. Parte importante de su gracia tiene que ver con lo difícil que es imaginarse un hombre de derecha conduciendo tal ministerio de la Concertación. Pero no sucede lo mismo al imaginárselo conduciendo el Banco Central.
Se quiso al mejor, se eligió al mejor. Así se argumentó la elección del ya confirmado Presidente del Banco Central. Tal suceso entrega la oportunidad de esbozar algunas líneas acerca de la relación entre economía y democracia; entre tecnocracia y meritocracia; o entre el desarrollo de políticas sociales y el manejo de política fiscal y monetaria; y los límites de acción que tienen todas las anteriores.
La respuesta más ladina respecto a la elección del nuevo consejero y presidente del BC fue aquella que señaló «si es el mejor, entonces que sea Ministro de Hacienda». Simpática salida. Parte importante de su gracia tiene que ver con lo difícil que es imaginarse un hombre de derecha conduciendo tal ministerio de la Concertación. Pero no sucede lo mismo al imaginárselo conduciendo el Banco Central. ¿Por qué? ¿Por qué se levantan sonrisas al pensar en alguien de derecha a cargo del Ministerio de Hacienda, pero no sucede lo mismo al pensar en esa misma persona comandando el Banco Central? ¿Cuándo quedó establecido que la política monetaria es para ‘los mejores’ del país y la política fiscal para los mejoresÂ…dentro de la Concertación?
La respuesta a lo anterior tiene como principal antecedente la ley dictada en los prolegómenos de la democracia, otorgándole condiciones de autonomía al Banco Central. Tal independencia estuvo basada en fundamentos de mejor manejo económico, aunque igual debe dejarse ‘constancia’ que aquella iniciativa cayó dentro de la órbita frenética de cambios constitucionales y apuros legislativos propios del anhelado retorno republicano, por lo que su prolijidad pudo verse afectada.
Respecto a los hechos que nos interesa, tal cambio significó traspasar soberanía de manejo económico desde la ciudadanía (a través del mandato ejercido por sus representantes en la administración política) hacia un grupo bastante menor: 5 personas propuestas por el Presidente de la República al Senado. Ahora, estos ‘representantes’ una vez elegidos dejan de responder a ‘sus electores’, dejando así de ser «accountable» (debiera existir ya una traducción novedosa para este término, o en caso contrario permitir su castellanización). Vale decir, no existen mecanismos formales desde las estructuras de representación popular que los pueda sancionar y hacer responsables por sus acciones (más allá de los plazos establecidos para su permanencia). En otras palabras, queda escrito que el Banco Central, si así no le parece, no deberá guiarse por los deseos ni argumentos del gobierno de turno ni menos por el deseo de las mayorías ciudadanas. Más allá de entrar a discutir lo positivo y negativo de tal estructura, solo se quiere dar testimonio de este primer y peculiar outsourcing (*) político.
Teniendo en consideración lo anterior, estamos en condiciones de conducir la discusión hacia otro espacio, el de la tecnocracia y la meritocracia. El sistema meritocrático funciona bastante bien en distintos espacios (como en la academia y los deportes), pero no por ello puede uno inducir sin más su pertinencia a todos los ámbitos. Quizá el mejor ejemplo que establece la imposibilidad de la universalización de la meritocracia lo hallamos en el espacio de los gobiernos representativos. Un gobierno regido por ‘los mejores’, ‘los más meritorios’. ¿Pero meritorio en cuanto a qué?
Vemos que en este espacio establecer ‘qué es lo mejor’, ‘lo más meritorio’ (y por lo tanto, quién es el que tiene mayores méritos) se transforma en un ejercicio vacuo: ¿acaso alguien puede demostrar cuál es, objetivamente, el mejor sistema político para gobernar los próximos años?; ¿acaso alguien puede asegurar que su visión del mundo es la mejor, la correcta, la única correcta? Por supuesto que no.
Sin embargo, tal vez ‘sin querer queriendo’ se nos sigue tratando de convencer que existe una forma única de ver, entender y resolver los problemas económicos. Y, al parecer, dentro de esa lógica se enmarca lo que ha sucedido con la política monetaria: se conocería ‘el problema’ o, a lo menos, existiría un consenso significativo respecto a las prioridades de manejo monetario (lo anterior forma parte, justamente, de los supuestos con los cuales se defendió la creación de un Banco Central autónomo). Por lo tanto, frente a un enfoque único de política, solo restaría contar con un adecuado desempeño técnico. Tecnocracia a disposición de un sistema meritocrático.
Mmmh, suena raro. ¿Cuál es el ruido que genera tal argumento? Veamos.
Siguiendo tal lógica, es perfectamente posible imaginarnos una política fiscal igualmente «autónoma». Claro que sí. Diría que hoy día, los objetivos de la política fiscal generan similares consensos a los de política monetaria. Conocemos, desde el FMI y otros organismos internacionales, las recetas de manejo fiscal, y no sólo las conocemos, si no que creemos en ellas y las seguimos. ¿Qué tal, entonces, si también seguimos el mix de tecnocracia + meritocracia en el caso de la política fiscal? Solo habría que elegir a los mejores técnicos para manejar un problema que ya se conocería de antemano: mantención de una política fiscal contracíclica, con la salvaguardia de no alejarse peligrosamente de la senda de crecimiento del PIB potencial; por lo tanto, asegurar un balance estructural no deficitario y una política tributaria no regresiva acorde con lo anterior.
Desviemos, ahora, nuestra vista hacia las políticas sociales. ¿Cuáles son ‘los problemas’, los tenemos claros? Eliminación de la pobreza, disminución de las brechas sociales, mayores y más igualitarias oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos. Ah, pero eso es sabido también. ¿Acaso el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el BID o el mismo FMI no tienen líneas de investigación, de asesoría y crédito en todas estas dimensiones? Las tienen. Pues, no se diga más: Ä„outsourcing en la política social también!
Vemos que si seguimos el hilo de ‘la visión única’ podemos desvestir rápidamente al gobierno de su política fiscal y social (ya estaba desnudo de la monetaria). En rigor, nos encontraríamos frente al fin de la política. Bastaría redactar buenos términos de referencia para contratar los distintos outsourcing y licitar ampliamente.
¿Pero es lógico tal análisis? En realidad, no. ¿Entonces, dónde está el truco para desechar tal argumentación? Como todo descubrimiento de los trucos, la respuesta es muy fácil:
No existe un solo problema, una sola visión, una sola forma de hacer política económica. Y si de elegir ‘la mejor’ o la preferida se trata, tal elección solo tiene algún sentido y validez cuando la realiza la ciudadanía, en las urnas.
(* Outsourcing es una práctica dentro del ámbito empresarial y consiste básicamente en la contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón de su negocio).
(*) Economista de University of Cambridge y el CED
